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“Los derechos de Autor de la presente Obra son en su totalidad del Ministerio Público de la República de Costa Rica, queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial. Esta y las demás obras publicadas en el sitio Web Oficial son proyectadas en aras  de fomentar la transparencia de la institución y colaborar en ampliar el conocimiento de los usuarios interesados en la rama del derecho penal, quedando bajo su responsabilidad hacer uso de las mismas solo para fines didácticos”.

San José Costa Rica

Unidad de Capacitación y Supervisión

Fiscalía Adjunta de Control y Gestión

PROTOCOLO DE ATENCION A VICTIMAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DOMESTICA

Coordinador de la Consultoría

MBA. Rodrigo Jiménez Sandoval

Equipo Interdisciplinario

Dra. Roxana Arroyo Vargas

Dr. Carlos Tiffer Sotomayor

MSc. Maria Thereisa Belderdos

Dr. Erick Quesada Ramírez

Ing. Jorge Rodríguez Salazar

Licda. Coralia Chamorro Calvo

Licda. Marcia Vargas Zuñiga

Licda. Marcela Arroyave

Costa Rica

2008

Índice

                                                                                                          Pág.

Presentación

Los presentes protocolos forman parte del proyecto de Reducción de la Revictimización de personas víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar que forman parte de la ejecución del Convenio de Préstamo 1377/OC-CR entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a financiar la segunda etapa del Programa de Modernización de la Administración de Justicia.

La segunda etapa de este programa, comprende el componente de Fortalecimiento del Ministerio Público, cuyo objetivo es, mejorar la actividad persecutoria que ese órgano desempeña.

Las personas tienen el derecho a no ser revictimizadas y maltratadas, por lo que el Poder Judicial decidió definir normas de protocolos de servicios dirigidos a alcanzar esto.

El propósito que se pretende cumplir con los protocolos es crucialmente que el servicio de Administración de Justicia, no sea un mecanismo más de revictimización. Además se pretende uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar alteraciones arbitrarias, simplificar la determinación de responsabilidades por fallas o errores, facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto las/os empleadas/os como sus jefas/es conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general.

Con la protocolización de las actuaciones Judiciales se pretende que en todo el Poder Judicial, cualquier profesional siga las mismas pautas de actuación, facilitando las acciones judiciales y sociales a la víctima. Favoreciendo la denuncia de estas agresiones, sensibilizando al personal ante estos casos, protegiendo la intimidad y facilitando la información de la persona víctima de la violencia intrafamiliar o delitos sexuales y la correcta obtención de la prueba necesaria para la investigación de los delitos.

El presente proyecto se constituye en una primera etapa para operacionalizar y estandarizar la atención de las personas víctimas de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, a través de protocolos debidamente establecidos y validados que vienen a unificar los modos de atención y que se constituyen en una herramienta dirigida al operador (a), que señala reglas prácticas, precisas y sencillas, en la atención a víctimas, para disminuir, en la mayor medida posible, la revictimización, facilitando canales de comunicación fluidos entre las instituciones que intervienen en los procesos.

Introducción

El fin que persigue este Protocolo de Atención a Víctimas en el Ministerio Público, consiste en brindar a las personas operadoras/es de justicia involucrados/as en atender a víctimas de delitos relacionados con la violencia doméstica, una guía conceptual y práctica para reducir la revictimización secundaria.

Se destacan dos puntos revelantes de carácter sustantivo, éstos son:

1.      Marco Referencial

2.      Marco Jurídico

3.      Marco Interpretativo

Además el protocolo contiene quince puntos de carácter procedimental, en donde se describen los pasos más significativos en atención a víctimas junto con una guía parar disminuir la revictimización, estos puntos son:

3.      Recomendaciones Generales

4.      Solicitud de las medidas de protección

5.      Aplicación de las medidas de protección

6.      Notificación

7.      Cese anticipado de las medidas de protección

8.      Cumplimiento de las medidas de protección

9.      Audiencia

10.  Valoración de la prueba

11.  La resolución

12.  Sanciones

13.  Recurso de Apelación

14.  Prórroga de las medidas de protección

15.  Remisión al Ministerio Público

16.  Reparación

17.  Atención a víctimas en Equipos Psicosociales del Departamento de Trabajo Sociall y Psicología

Estos capítulos van acompañados de:

a)      Un COMENTARIO, que incluye explicaciones sobre elementos teóricos a tomarse en cuenta.

b)      RECOMENDACIONES CON LISTA DE VERIFICACION, son aquellos pasos, aspectos que los/as operadores/as de justicia NO pueden omitir para evitar la revictimización de personas víctimas de delitos relacionados con la violencia doméstica.

Consideramos que el protocolo, es un instrumento que permitirá brindar un mejor servicio a las víctimas de delitos relacionados con la violencia doméstica, logrando así la reducción de la revictimización secundaria en las diligencias realizadas en los Juzgados de Violencia Doméstica.

Marco Referencial

Tradicionalmente, el foco de la problemática de la criminalidad se ha dirigido al autor del delito, y  se ha ocultado el abandono de que ha sido objeto la víctima, como afectada directa, y su entorno social.  En la medida en que se ha tomado conciencia de la complejidad de la vida en sociedad, la victimología justifica su existencia como un área independiente, con un abordaje integral respecto al tratamiento de la víctima; buscando una intervención interdisciplinaria y la verdadera vigencia  de los derechos de las víctimas.

Naciones Unidas  en 1985 aprueba la  Declaración sobre los Principios Fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder, resolución 40/34  que   ha revestido un nuevo significado a la luz de los últimos acontecimientos en materia de derecho penal internacional. En su artículo primero define  a la víctima:

“Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”

Y en sus artículos subsiguientes establece una serie de derechos relacionados con: el acceso a la justicia, el trato justo, el  resarcimiento, la indemnización, y la asistencia.

Quince años después el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (A/CONF.183/9)  desarrolla una serie de derechos de las víctimas y los testigos amplia así los derechos reconocidos en la Declaración  estableciendo  instituciones como la Unidad de Atención a las Víctimas y el fondo de resarcimiento para las víctimas. Al ser ratificado por el Estado costarricense su normativa adquiere  carácter de obligatoriedad.

La doctrina jurídica igualmente ha estado preocupada por los derechos de las víctimas buscando nuevos paradigmas sobre la justicia penal  evolucionado de la justicia retributiva a la restaurativa. Estableciendo características que impactan la participación de la víctima dentro del proceso tales como:

§        El delito es una ofensa en contra de individuos, la comunidad y el Estado

§        El delito produce una deuda a favor de los individuos, la comunidad y el Estado

§        El delito es la violación de relaciones humanas

• A los imputados que se les encuentra culpables se les motiva para que se responsabilicen por sus ofensas
• Las víctimas y los imputados son seres humanos cuyas vidas han sido afectadas por la criminalidad

§        Todos los hechos de importancia para la víctima y el imputado son relevantes para

determinar la resolución de la criminalidad

• Los personajes principales del sistema penal son las víctimas y los imputados, las comunidades y el Estado

§        Dentro de un marco legal, son las necesidades de las víctimas, las comunidades y

los imputados las que determinan la sanción.

§        La sanción implica la compensación de aquellos que fueron dañados por el delito

• La sanción pretende compensar a la víctima e impedir futura actividad criminal mediante la responsabilización.

Unido a esta corriente de reconocimiento de los derechos de las víctimas  se dan cambios importantes en la incorporación de la perspectiva de género en las ciencias jurídicas. Se aprueba en la década de los noventa la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  instrumento  que junto con otros  convenios de derechos humanos  impactan para el desarrollo de legislación contra la violencia sexual y/o domestica estableciendo una serie de derechos para las víctimas.

Todas estas acciones llevan a tener muy presente el papel del Estado como protector de la seguridad y el bienestar de las víctimas; fundamentándose así la adopción de políticas y acciones dirigidas  a disminuir la revictimización tales como:

·        La promulga el  Decreto Ejecutivo 2664, que crea en Costa Rica el Sistema Nacional de Atención y Prevención contra la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extrafamiliar.

·        El Plan Nacional de Atención de la Violencia Intrafamiliar el cual desarrolla  acciones en el sector público en materia de violencia intrafamiliar, con gran sustento teórico y logístico se crearon redes en las comunidades.

·        Los Juzgados  especializados  de Violencia Doméstica  creados en el año 2000  se contándose en la actualidad con Juzgados en el San José, Cartago, Heredia, Hatillo, Limón, Liberia, Puntarenas  y Alajuela  entre otros,  y el Juzgado de Turno Extraordinario, que brinda atención las 24 horas del día durante todo el año.

·        La Fiscalía  Adjunta  contra la Violencia Doméstica y los Delitos Sexuales, creada en enero de 2008  que investiga los ilícitos en esas áreas – aquellos que se dan en el seno de la familia, o sea cuando el padre, madre, abuelo/a, hermano/ a, conviviente, hijo/a, etc., agrede a su pariente y le causa lesiones, ya sean leves, graves, gravísimas, le causa la muerte, abusa sexualmente, le daña o le quita los bienes, etc., aun cuando la persona agresora ya no viva en la misma casa o el vínculo ya no exista, por ejemplo, que se encuentren divorciados o separados- así como los delitos sexuales perpetrados por terceros.

·        La a Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público que da servicios de asesoría jurídica,  asistencia  en trabajo social, apoyo psicológico entre otros

La intervención del Poder Judicial dentro de la problemática de la violencia doméstica y sexual está definida por las atribuciones que le imponen fundamentalmente el derecho internacional de los derechos humanos, la Ley Contra la Violencia Doméstica, la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, el Código Penal y el Código Procesal Penal. 

Una debida comprensión y sensibilización a las condiciones y necesidades de salud física y emocional propias de las víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales, es fundamental para la prestación de servicios de atención no revictimizantes y respetuosos de sus derechos.

Es por esto que resulta de gran importancia, desde el quehacer del Ministerio Público, identificar las necesidades  de las víctimas que acuden a sus servicios y cómo proceder ante las mismas, así como el debido conocimiento de los perfiles psicológicos típicos de éstas, es decir, la forma en que podrían actuar o responder ante distintas situaciones o circunstancias. Esto porque, las investigaciones institucionales han  demostrado, que giran en torno a estas personas una serie de prejuicios y estereotipos que podrían motivar a quienes atiendan este tipo de casos a interpretar de manera errónea sus conductas, lo que podría generar un trato inadecuado y revictimizador.

Tomar en cuenta estas necesidades, así como el principio de no revictimización reviste una importancia especial, pues genera condiciones más amigables y respetuosas que bien pueden hacer que las víctimas decidan seguir adelante en la ruta crítica del proceso penal, a pesar de lo difícil que les pueda resultar. 

Marco Jurídico

El presente protocolo se  fundamenta principalmente en los derechos humanos, los derechos de  las víctimas, derecho penal el derecho procesal penal, las normas relacionadas con la violencia doméstica y derechos de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.

Marco Interpretativo

Para la aplicación e interpretación de estos derechos debe considerarse lo siguiente:

1. Las reglas interpretación varían conforme a la rama del derecho que se este aplicando o interpretando.
2. Existen diversos criterios de interpretación como son el hermenéutico, exegético, de razonamiento  tópico, sistemático entre otros y deben aplicarse desde una perspectiva de género.
3. El ordenamiento jurídico costarricense establece reglas de jerarquización de las normas que conforme a reiterados votos 791-91, 2313-95[1],1032-96, 9685-00, y 2253-04 de la Sala Constitucional de Costa Rica las normas internacionales de derechos humanos tiene una jerarquía superior a las normas internas incluyendo las constitucionales en caso que amplíen derecho allí contemplados. En caso de contradicciones privará la norma de mayor  jerarquía.
4. La actividad interpretativa siempre ha de desarrollarse dentro de las limitaciones jurídico-normativas del texto de la norma.
5. Es necesario adecuar el texto con el significado de la norma mediante un razonamiento dialéctico que ponga en función de mutua complicación el texto normativo y las circunstancias particulares del caso a regular.
6. Al interpretar no debe olvidarse el significado primitivo de la norma, es decir, lo que quiso decir quien legisló; pero la búsqueda de ese significado no debe impedir la consideración de elementos históricos y teleológicos. 
7. La conjugación de criterios se dirige a lograr una interpretación más razonable que de pie a una solución más justa del conflicto, que no debe ser la que el o la interprete considere personalmente como tal, sino aquella que se adecue mejor a los valores y usos de la sociedad regulada.
8. Para sobrepasar el “riesgo inevitable” de la ideologización de la actividad interpretativa, se exige una transparencia en el proceso y una motivación basada en una fuerte argumentación lógica. Se habla de una lógica argumentativa o dialéctica que guía deliberaciones y controversias para persuadir y convencer a través del discurso, para criticar la tesis de los adversarios y defender las tesis propias con argumentos más o menos sólidos.
9. Como resultado del proceso de interpretación y aplicación  será  fundamental conocer cual ha sido la selección, interpretación y aplicación de la normas[2].

El derecho de las víctimas  debe interpretarse y aplicarse  bajo los siguientes principios:

·         Igualdad  con Perspectiva de Género

Todas las actuaciones judiciales deberán procurar alcanzar la igualdad de los seres humanos sin distinción alguna  por razones de género, edad, etnia, discapacidad, preferencia sexual, etc. Un objetivo primordial de la administración de justicia es asegurar a todos los seres humanos el respeto y tutela de sus derechos, y que se tomen en cuenta las diferencias culturales, económicas, físicas y sociales que prevalecen entre sí, para resolver con criterio de igualdad tomando en cuenta las diferencias.[3]

·         No Discriminación

La eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basada en el sexo, edad, preferencia sexual, discapacidad, religión, etc., que tenga por objeto o resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Al ser resultado de las relaciones de poder las acciones u omisiones discriminatorias podrán surgir también antecedentes, percepciones o consecuencias de cualquiera de las circunstancias citadas.[4]

·         No Violencia

La violencia   constituye una violación de las libertades fundamentales limitando total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos. La violencia  incluye la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial y puede tener lugar en el ámbito privado como público. El principio busca la  prevención, detección, sanción y erradicación de la violencia  para asegurar el desarrollo individual y social de todos los seres humanos  y su plena participación en todas las esferas de la vida.[5]

·         Acceso a la Justicia

El acceso a todos los beneficios y facilidades de la justicia por parte de todas las personas sin discriminación alguna por razones de género, edad, religión, nacionalidad, etnia o discapacidad. Para su plena vigencia requiere de mecanismos y medidas de fondo que mejoren las relaciones entre la justicia y la ciudadanía que garanticen la seguridad jurídica. Ello significa que las instancias que administran justicia deben garantizar a las mujeres y hombres, sin ninguna distinción, el acceso efectivo a los servicios que otorgan, eliminado todo tipo de barreras económicas, psicológicas, informativas, físicas etc., ofreciendo los servicios y recursos necesarios que aseguren que las personas usuarias gocen de la movilidad, comunicación y comprensión necesaria para acudir eficientemente a las instancias judiciales.[6]

·         Autonomía Personal

Consiste en otorgar la capacidad jurídica y de actuar  real para todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad como sujetas plenas de derechos y obligaciones. Ello implica el derecho que tienen recursos económicos, el derecho de disponer de su propio cuerpo, etc.[7]

·         Diversidad

Todas/os somos igualmente diferentes rompe con el paradigma de un modelo de persona ejemplo de la humanidad impuestos por la socialización patriarcal y que otorga privilegios y ventajas a aquellas poblaciones que están más cerca de cumplir con el paradigma de ser humano impuesto. Incorporar el principio de la diversidad de los seres humanos, con diferentes intereses y perspectivas sobre una misma situación, hacen que no sea posible la jerarquización de éstos para establecer uno dominante e único.

·         El Resultado Discriminatorio

Sirve para ampliar el principio de no discriminación en el caso de que la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga un resultado que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos se configura como un acto discriminatorio. Ello implica que acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar pero sí un resultado discriminante deben ser igualmente condenados por las personas que administran justicia.[8]

·         Integralidad e Interdependencia de los Derechos Humanos

Los derechos humanos están relacionados entre sí. Lo que implica que la violación de uno de ellos tiene repercusiones en el goce y disfrute de otros derechos humanos. 

·         Apreciación de la prueba en caso de delitos sexuales

La jurisprudencia sobre delitos sexuales que por la naturaleza de estos delitos, debe ser tomada en especial consideración la declaración de la víctima, de manera que el tribunal examinador puede arribar a la certeza de que el delito fue cometido con la sola declaración de la víctima cuando no exista otra prueba indiciaria o indirecta, a falta de prueba directa.

·         Igualdad en la Conciliación y Mediación

En los procesos de conciliación y mediación cuando existen desequilibrios de poder en las relaciones deberá tomarse  en cuenta las condiciones de subordinación y discriminación resultado de la socialización patriarcal. En caso de que no puedan equilibrarse las condiciones, deberá recomendar a la parte discriminada  no acudir los medios alternativos  de resolución de conflictos. Las personas expertas NO recomiendan en caso de violencia sexual y/o doméstica utilizar estos medios dado la desigualdad en las relaciones de poder existentes.

·         Deber de Orientación

El personal que administra justicia tiene el deber de orientar legalmente a las usuarias e usuarios, especialmente cuando se trata de poblaciones discriminadas como son las mujeres, personas menores de edad, personas con discapacidad y personas adultas mayores que desconocen sus derechos o los procedimientos. Ello no implica un incumplimiento al deber de reserva[9].

·     Resarcimiento

Las instancias que administran justicia deben establecer los mecanismos necesarios para asegurar que la víctima de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces[10].

·         No Revictimización

Las autoridades judiciales deberán asegurarse que los agresores se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar dañar o poner en peligro la integridad física, sexual, patrimonial y emocional de la víctima sin distinción por razones de género, edad, etnia, discapacidad, clase social, etc. También deberá asegurarse que el proceso tenga el menor impacto en la integridad física[11].

·         Todo acto de discriminación es un acto de violencia y todo acto de violencia  es un acto de discriminación.

Ayuda a comprender como se manifiesta la violencia en un sistema patriarcal y las formas sutiles en que se presenta. Es de mucha utilidad para poder tipificar conductas en tipos penales abiertos caso de la  ley de penalización de la violencia contra la mujer.[12]

·         Interés Superior del Persona menor de edad

Es un principio jurídico garantista que obliga a cualquier instancia pública y privada a respetar los derechos de los persona menor de edad en procura de su desarrollo integral, tomando en consideración su condición de sujeto de derechos y responsabilidades, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, así como el contexto socio-económico en que se desenvuelve.[13]

Recomendaciones Generales

A continuación se detalla una serie de recomendaciones generales para la atención a víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar en los procesos judiciales en general.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Atender a la víctima en forma inmediata.

• Enviar la notificación con las autoridades correspondientes NUNCA con la víctima.

• Custodiar el expediente para asegurar la privacidad y la seguridad de la víctima.

• Realizar toda actividad con el personal idóneo y calificado según el género, edad, condición de discapacidad, etnia, tipo de violencia entre otros.

• Respetar el derecho a la intimidad de la víctima durante todo el proceso.

• Custodiar toda información para evitar cualquier publicación, exposición o reproducción de su imagen  o dato que pueda causar victimización terciaria.

• Asegurar que los actos de comunicación redactados contengan términos claros, sencillos y comprensibles, evitándose además, elementos intimidatorios innecesarios.

• Utilizar lenguaje comprensible en cualquier audiencia, comparecencia y acto que se realice en forma oral.

• Recibir y orientar  a la víctima cuando ella lo solicite.

• Presentar y tener en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo.

• Registrar las boletas estadísticas custodiando la identidad de la víctima pero incorporando sus perfiles sociodemográficos.

• Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos y verificar que se cumplan con los plazos establecidos por  ley  para asegurar una justicia pronta para la víctima.

• Comunicar en casos de suspensión de una diligencia con la debida antelación a la víctima con el fin de evitar gastos  y molestias innecesarios.

• Indicar a la víctima la forma de comunicarse por medios electrónicos.

• Informar a la víctima la forma y las razonas en que puede presentar quejas y reclamos ante la Inspección Fiscal y la Contraloría de Servicio

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

• Cumplir con las necesidades especiales que requieran las personas en condición de discapacidad y las establecidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 7600

• Ofrecer información en formato accesible, comprensible y oportuna  para personas víctimas en condición de discapacidad  cognitiva y sensorial.

• Asegurarse que la notificación se realice por medios accesible para la población con discapacidad sensitiva.

• Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación en todas las diligencias relacionadas con el proceso.

• Brindar los servicios de apoyo y ayudas técnicas necesarias para que las víctimas  participen en el proceso judicial.

• Coordinar el desplazamiento de las víctimas a las diligencias  cuando tengan dificultades de trasladarse caso de las personas en condición de discapacidad física

• Asegurar que el espacio donde se atienda a la víctima reúna las condiciones y facilidades de accesibilidad que sean necesarias para asegurar una correcta y adecuada atención a las personas en condición de discapacidad.

• Solicitar ajustes en el proceso en el caso de que así se requieran por ser la víctima una persona en condición de discapacidad siempre  y cuando no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo.

• Permitir que la víctima en condición  de discapacidad cognoscitiva  o emocional esté acompañada por una persona de confianza  durante el debate.

• Ambientar la sala de juicios según la  capacidad cognoscitiva y psíquica de la víctima.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE

• Tomar como una consideración primordial durante el proceso el interés superior del niño, niña y adolescentes.

• Garantizar que el niño, niña y adolescente pueda formarse su propio juicio.

• Tener en cuenta las opiniones del niño, niñas y adolescente conforme a su edad y madurez durante todo el proceso judicial. 
• Escuchar al niño, niña y adolescentes durante todo el proceso judicial

• Cumplir con  las necesidades especiales que requieran los niños, niñas, adolescentes.

• Evitar  la reiteración de comparecencias judiciales del niño o adolescente en relación con un mismo asunto

• Ofrecer información en formato accesible, comprensible y oportuna para niños, niñas y adolescentes.

• Asegurar que el espacio donde se atienda al niño, niñas y adolescente reúna las condiciones para asegurar una correcta y adecuada atención.

• Solicitar ajustes en el proceso  en el caso de que así se requieran por ser la víctima un niño, niña o adolescente siempre  y cuando no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo.

• Permitir que la víctima niña y niño esté acompañada por una persona de confianza  durante el debate.

• Ambientar la sala de juicios según la edad.

POBLACIÓN INDÍGENA

• Respetar  la dignidad y tradiciones culturales de las víctimas indígenas 

• Ofrecer información en formato accesible, comprensible y oportuna para víctima indígenas.

• Solicitar ajustes en el proceso en el caso de que así se requieran por ser la víctima una persona indígena  siempre y cuando no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo.

PERSONAS ADULTAS MAYORES

• Coordinar el desplazamiento de las víctimas a las diligencias  cuando tengan dificultades de trasladarse caso de las personas adultos mayores.

• Cumplir con  las necesidades especiales que requieran las personas adultas mayores  y las establecidas en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor.

• Ofrecer información en formato accesible, comprensible y oportuna para personas adultas mayores.

• Asegurar que el espacio donde se atienda a la víctima adulta mayor reúna las condiciones y facilidades de accesibilidad que sean necesarias para asegurar una correcta y adecuada atención.

• Solicitar ajustes en el proceso  en el caso de que así se requieran por ser la víctima una persona adulta mayor  siempre  y cuando no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo.

Permitir que la víctima adulta mayor esté acompañada por  una persona de confianza  durante la diligencia.

Solicitud de las Medidas de Protección

1. Comentario

El derecho de las víctimas  que sufren violencia se fundamenta según Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén Do Para) y la doctrina en la posibilidad real  de contar con procedimientos legales justos y eficaces que incluyan entre otros, medidas de protección, juicios oportunos y acceso efectivo a los procedimientos, asimismo el  acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Cada uno de estos elementos mencionados es lo que permite realmente que los derechos de las víctimas sean una realidad y un derecho humano.

En caso de que no se cumpla, el sistema jurídico, a través de la administración de justicia, debe garantizar mecanismos adecuados e idóneos que permitan el ejercicio de este derecho a las víctimas.

Es por ello que las facilidades que tengan las  victimas para llevar adelante la solicitud está relacionada con los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, oficiosidad e inmediatez y por supuesto con el ejercicio real de sus derechos como víctimas, si estos supuestos no se cumplen se estarían  violando derechos humanos establecidos internacionalmente.  Hay que impedir los formalismos innecesarios y evitar exponer a las víctimas a situaciones contrarias a su dignidad como personas que las colocan nuevamente en hechos revictimizantes  y por sus resultados discriminatorios  y violentos. Si estas situaciones persisten atentarían contra el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos de las víctimas;  constituyéndose en un agravante, dado que ésta es una materia relacionada directamente con derechos humanos fundamentales.

2. Recomendaciones para la lista de Verificación

LA SOLICITUD DE MECANISMOS DE PROTECCION

§     Se garantiza el derecho de las víctimas de violencia doméstica, a  acceder  a los mecanismos de justicia  con, celeridad, gratuidad y oficiosidad, se puede realizar la solicitud sin necesidad de acudir con un abogada/o. Con el fin de garantizar la gratuidad las instituciones públicas y privadas deberán suministrar los servicios legales oportunos  e informar adecuadamente a las víctimas de sus derechos y los alcances de la protección de la ley para lo cual todos los días y horas  son hábiles.

§     La solicitud puede ser verbal o escrita.

§     Tiene legitimación para presentar la solicitud:

o        Los mayores de doce años afectados por una situación de violencia doméstica.

o        Las personas con discapacidad tendrán plena capacidad conforme a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos[14] a pesar de lo estipulado en la ley.[15]

o        Cuando se trate de menores de doce, la medida deberá ser solicitada por su representante legal, el Patronato Nacional de la Infancia, una autoridad de policía o un mayor de edad. Deberá interpretarse conforme al artículo 3 de la Convención sobre los derechos del Niño valorando su interés superior.

o        Las instituciones públicas o privadas que lleven a cabo programas de protección de los derechos humanos y la familia, cuando la persona agredida lo solicite, se encuentre grave o presente alguna discapacidad a que le impida solicitar la protección o tener conciencia de la agresión que se le inflige.

o        Los mayores de edad, cuando la persona agredida esté imposibilitada para solicitarlas por encontrarse grave como producto de una situación de violencia doméstica.

o        Cualquier funcionario público que determine que la persona es víctima de violencia. Doméstica.   

Debe asegurarse que se cumpla el principio de secretividad, como un derecho fundamental de las víctimas, por lo que debe realizarse la solicitud en un lugar discreto y ante un funcionario/a que guarde toda la reserva que se requiere y tomando en cuenta la diversidad posible de  condiciones  de los diversos sujetos protegidos tales como  género, edad, condición de discapacidad, etnia, tipo de violencia entre otros, sin discriminación alguna  por esta ley. El expediente deberá estar custodiado y su uso restringido, según el principio de secretividad.

§     En caso de que la víctima esté en crisis es recomendable para tomar la solicitud en mejor condición emocional, referirla al equipo interdisciplinario especializado para evitar re-victimizaciones secundarias  que afecten la dignidad de los sujetos con el fin de que se le brinde contención y apoyo.

§     El Juez/a o el equipo interdisciplinario debe orientar a la víctima en relación al ciclo de la violencia u otras relaciones de poder según sea el caso e informe sobre los servicios o redes de apoyo  que la comunidad ofrece. Y tomara en cuenta estas circunstancias para hacer efectivo los derechos de las víctimas durante todo el procedimiento establecido por la ley.

§     Si la víctima es un niño, niña o adolescente se le recibe la manifestación preferiblemente con el apoyo del equipo psicosocial (en el caso de contar con el recurso), se da la protección debida y se ordena al Patronato Nacional de la Infancia que inicie en forma inmediata un proceso especial de protección conforme a las normas establecidas en el  Código de la Niñez y la Adolescencia y los derechos de las víctimas  que enfatizan  en la dignidad y el respeto a sus derechos humanos y en la capacitación y especialización del personal que brinda el servicio. Quien juzgue deberá dar seguimiento ordenando al Patronato Nacional de la Infancia remitir certificación  de la protección otorgada a las personas menores de edad con el fin de proceder al archivo definitivo del proceso en vía judicial. En caso que sea una persona con discapacidad cognitiva se informará a la Procuraduría de la Familia para que se apersone en el proceso.

§     La solicitud se puede tramitar sin formalidades en la jurisdicción especial de violencia intrafamiliar y donde no existan los Juzgados de Familia y Juzgados Contravencionales.

§     Acciones de Coordinación: Debe existir coordinación entre el Ministerio Público, Juzgados de Violencia Doméstica, Juzgados de Pensión Alimentaria y Fuerza Pública, para ello:

o        Si la víctima se presenta al Ministerio Público: Para garantizar sus derechos  el personal de la fiscalía le brindara un tratamiento digno, informara a las victima de los alcances de la ley y su procedimiento y se asegurara que la haya comprendido tomando en cuenta la diversidad de condiciones de los sujetos protegidos tales como  género, edad, condición de discapacidad, etnia, tipo de violencia entre otros, sin discriminación alguna. Solicitará al juez penal medidas cautelares  y referirá en forma inmediata (sea o no  delito) a la víctima al juzgado de violencia doméstica,  o bien podrá remitir testimonio de piezas.

o        Si la víctima asiste a cualquier dependencia judicial: Cualquier funcionario/a o servidor/a deberá informar a la víctima de sus derechos, como ejercerlos y garantizara un tratamiento digno. Se está en la obligación de referirla a los Juzgados de Violencia Doméstica.

o        Si la víctima acude a las autoridades policiales: Se levantará el acta conforme al artículo 20 inciso c) de la ley. En caso de que la víctima tenga dificultades para acudir al juzgado correspondiente por una discapacidad, lejanía de la sede judicial u otra razón podrá tomar la solicitud y trasladarla en forma inmediata al juzgado correspondiente para su  ratificación. El personal policial esta  en la obligación de garantizar los derechos de las víctimas informando los alcances de la ley y se asegurara que la haya comprendido proporcionando  un tratamiento digno a las mismas.

§                            Para garantizar  una  tutela efectiva de los derechos de las víctimas y evitar posibles situaciones que las coloquen en indefensión  se debe verificar  que las solicitudes  contemplen al menos

o        El nombre, los apellidos, las calidades (hay que recordar el principio de secretividad)  y el vecindario de la persona agredida y la persona agresora, si los conoce. Si la victima es extranjera, debe indicarse  la nacionalidad, número de pasaporte, carnet de refugiado, etc., incluso indicar si es indocumentada  e indicar tiempo de permanencia en el país.

• Para efectos de la aplicación de la ley de penalización de la violencia contra la mujer es  necesario indicar :

                  a)  la relación de parentesco si es por  consaguinidad o afinidad;

b) si se trata de una relación de matrimonio o relación de hecho, declarada o no, indicando el periodo de convivencia; además debe indicarse si la relación subsiste al momento de la solicitud de medidas de protección, o bien la fecha de separación de la pareja[16];

c) mencionar la edad de la víctima, en virtud de que la ley de penalización de la violencia contra la mujer  establece que su aplicación es a favor de las mujeres mayores de edad, debe indicarse si la solicitante es mayor de quince años y menor de dieciocho años, deberá el Juez también  indicar si la persona menor de 18 años, mantiene con la persona agresora una relación de autoridad parental.

d) determinar claramente el sexo de la solicitante, ya que algunas ocasiones puede confundirse con nombres de hombres.

e) Establecer si la solicitante: i) tiene algún tipo de discapacidad, ii) se encuentra en estado de gravidez, número de meses de gestación, iii) se encuentra en el período de tres meses de posparto, todo ello  en relación al  artículo 8 de la ley de penalización.

Incapacidad por aborto.

Indicar el número de hijos comunes con el agresor y número total de hijos.

Indicar si la persona es persona adulta mayor.

Indicar si la victima o el agresor es persona discapacitada., tipo de discapacidad.

Indicar si el agresor se encuentra privado de libertad y si existe régimen de visitas conyugal.

Indicar  si el agresor reside en el territorio nacional o si se encuentra fuera del país temporalmente.  

Determinar si hay amenazas de muerte directas e indirectas.

Determinar si la victima o agresor sufre algún padecimiento o enfermedad y si recibe tratamiento farmacológico.

Indicar si la víctima ha sido hospitalizada por agresiones sufridas.

Consultar con la víctima  si la hora y fecha señalada para la audiencia le favorece.

o        No es necesario la presentación de la cédula de identidad para darle curso a la solicitud.

o        Lugares de trabajo y que frecuenta la víctima y el presunto agresor

o        Teléfonos de la víctima para poder localizarla debiendo mantenerse la secretividad para seguridad de la víctima

• Detallar ampliamente la relación de los hechos de agresión, así como el uso de armas u objetos, reiteración de los hechos, agravantes u otros. Redacción  sencilla de la solicitud, en la medida de lo posible no alterar las palabras y expresiones de la víctima, para no modificar la versión de los hechos.
• Indicar si los hechos se han dado: a)  en presencia de los hijos o las hijas menores de edad de la víctima o del agresor; b)  con  la  participación o en  concurso de otras personas, con fuerza sobre las cosas o mediante el uso de armas; c) con alevosía o ensañamiento; d)  por precio, recompensa, promesa remuneratoria o ventaja de cualquier otra naturaleza; e) con el uso de un alto grado de conocimiento científico, profesional o tecnológico del agresor; e) si se daño  o se perjudicado a mascotas u  otros animales.
• Determine si existen otros procesos y/o solicitudes de protección, despachos donde se tramitan o tramitaron, verificar en el libro manual y computarizado de entradas de cada despacho. 

o        Las pruebas, si existen, en las que fundamenta los hechos expuestos en la solicitud. La falta de indicación de pruebas no impedirá que la autoridad judicial dé curso a la solicitud.

o        Las medidas de protección solicitadas.

o        Los daños ocasionados y posibles  gastos en que ha incurrido

o        El señalamiento del lugar y medio para recibir notificaciones.

o        En caso que se detecte la posible existencia de un delito el Juzgado de Violencia Doméstica, debe poner en conocimiento de la víctima la posibilidad de ser citada por el Ministerio Público (Fiscalía) y testimoniar  piezas para el Ministerio Público  y la Oficina de Atención de la Víctima a fin de que proceda a investigar  los posibles delitos cometidos en perjuicio de la víctima. Para efectos de dar seguimiento al cumplimento de las medidas de protección se podrá solicitar a la Oficina de Atención de la Víctima, un informe de la situación.[17]

o        Explicar a la víctima que en caso de un proceso penal no depende de la jurisdicción de violencia doméstica y que la aplicación del proceso penal establecido en la Ley de Penalización no es opcional por parte de los funcionarios/as públicos/as.

o        Cuando la solicitante no sabe o no pueda firmar se debe solicitar a un funcionario/a del despacho que lo haga a ruego de la persona. En este caso se debe levantar una constancia donde se consigne el hecho.

o        Cuando el solicitante sea un hombre, deberá valorarse que no este utilizando la ley para revictimizar a la verdadera víctima tomando en cuenta las desigualdades establecidas en el sistema patriarcal.  Si es posible referir a la víctima y la supuesta agresora a los equipos interdisciplinarios para que valore la situación psicosocial.

§     En el acto se admite la solicitud y se ordenan las medidas protección.

• El juez/a para proteger a la víctima y tutelar su  derecho a una pronta reparación establecerá todas  las medidas que sean  necesarias para  restablecer su seguridad jurídica, evitando que el agresor tome contacto innecesario  con la víctima, por haber dejado sin llenar alguna necesidad de la misma,  que  se encuentre  contemplan en  las diferentes medidas de protección  sean estas de seguridad, precautorias o cautelares . 
• El Juez/a valorará el riesgo de letalidad en que se encuentra la víctima para establecer las medidas de protección. En caso de verificar criterios de riesgo de letalidad es recomendable referir a la víctima al equipo interdisciplinario especializado en el tema  para que valore  la situación, rindiendo un dictamen que será presentado al Jueza/z antes de la celebración de la audiencia conforme al plazo de ley.
• Señalada la hora y fecha para la audiencia el funcionarios/as judiciales  ordenará  la notificación de la solicitante y el presunto agresor para que comparezcan a la audiencia correspondiente, haciéndoles saber que pueden comparecer a la audiencia con sus abogados/as si así lo desean, ofrecer prueba  y especificarle  el tipo de medidas de protección, que se  fijaron.
•  Para garantizar el derecho de no repetición y previniendo posibles hechos que coloquen nuevamente en indefensión a las víctimas. Se deberá incluirse tanto en la resolución inicial, como en aquellas que resuelvan en forma definitiva la solicitud de protección, la disposición del artículo 43 y 46 de la Ley de Penalización, previniendo al agresor que en caso de incumplimiento a las medidas de protección dispuestas, se hará acreedor de las penas con que se castiga el delito de incumplimiento de una medida de protección. Debe considerarse que este delito no es exclusivo para las relaciones de matrimonio, o uniones de hecho declaradas o no. El delito es aplicable a quien incumpla una medida de protección dentro de un proceso de violencia doméstica  en aplicación de la Ley contra la violencia doméstica.
•  Como una forma de proteger  y asesorar a las victimas es recomendable orientar  sobre su derecho alimentario que prevé la ley como medida de protección, para evitar que por razones económicas y de subsistencia familiar se obligué a tomar contacto innecesario con sus agresores propiciando  que el ciclo de violencia se acelere  con una posible reconciliación. En caso de establecerse se debe enviar inmediatamente el testimonio de piezas a la autoridad judicial competente[18].

§     Es importante  para garantizar los derechos  de las víctimas desarrollar mecanismos de coordinación con el Ministerio Público, Redes Locales de Apoyo y las autoridades policiales por lo que se recomienda como mínimo:

o        Tener un directorio de las autoridades

o        Promover reuniones periódicas de coordinación

o        Establecer medios de comunicación fluidos y eficaces.

o        Comunicar en caso de excepción  a la autoridades administrativas necesarias y competentes  las medidas de protección dispuestas a favor de la víctima.

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