FISCALÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS PRETENDE ESTAR MÁS CERCA DE TERRITORIOS ALEJADOS DEL PAÍS

Térraba, Salitre, Boruca y Ujarrás serán visitados a partir del 24 de enero.

Quizá sea fácil leer que para llegar a Alto Telire, Talamanca, se debe emprender una caminata de ocho días, cruzar ríos caudalosos y estar capacitado para conducirse por una zona montañosa, donde el barro, la lluvia y los insectos están a la orden del día.

Con este panorama, usual pero no agradable para los indígenas que habitan en el lugar, es entendible que se descarte la posibilidad de comprar alimentos en la comunidad más cercana, Valle La Estrella, pues esto demanda un total de 15 días de viaje caminando, ida y regreso.

Así de limitado es, también, el acceso a la justicia. Si algún indígena requiere interponer una denuncia, debe emprender un viaje aún más largo, hasta llegar a la Fiscalía de Bribrí.

De ahí la razón de ser de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, creada en el 2009.

"Precisamente, durante este año hemos implementado giras a los diferentes territorios indígenas del país con la Fiscalía Móvil, para propiciar la accesibilidad a la justicia. Ingresamos a Alto Telire, brindamos talleres informativos sobre los casos que pueden denunciar, y tomamos algunas denuncias para darles trámite", indicó Ariana Céspedes, fiscala coordinadora de Asuntos Indígenas.

De los 24 territorios indígenas, la Fiscalía visitó 21 durante el presente año, y ya tiene programadas nuevas giras para el 2011.

"Iniciamos la semana del 24 al 27 de enero con una visita a Buenos Aires de Puntarenas, específicamente Térraba, Salitre, Ujarrás y Boruca", informó Céspedes.

Durante dicha visita, se brindará el servicio de  Fiscalía Móvil, y asistirán funcionarios de la Fiscalía de Buenos Aires, así como de la Fiscalía de Asuntos Indígenas.

Además, estará presente la auxiliar judicial de la Fiscalía de Asuntos Indígenas Sara Mayorga, quien a su vez es indígena cabécar.

"Me da satisfacción poder atender y entender a los indígenas porque yo he vivido situaciones difíciles en temas de justicia. Yo sé lo que fue que mi abuelo paterno fuera encarcelado en la Isla San Lucas por un delito que nunca cometió, pero como era indígena no podía hablar español y no se pudo defender", contó.

La fiscala Ariana Céspedes señaló que la incorporación de Mayorga al equipo de Asuntos Indígenas ha contribuido de manera favorable a coordinar reuniones y a asegurar mayor asistencia de los indígenas.

"Mi mensaje es para las personas que han perdido la esperanza en la justicia, pues mediante esta Fiscalía podemos reivindicar el compromiso, atendiéndolos con mayor pertinencia cultural, poniéndonos en sus zapatos", dijo Sara.

Previendo situaciones de esta índole, la Fiscalía impulsó la incorporación de traductores (as) en las diferentes diligencias que supone un proceso penal, con el objetivo de que la persona sea atendida en su lengua materna.

En mayo anterior, 30 funcionarios judiciales entre los que destacan fiscales de Buenos Aires (Puntarenas) y de Bribrí (Limón) recibieron un curso de inducción en idioma bribrí, programa apoyado por la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica y de UNICEF.

PERITAJES CULTURALES

"El reto que nos queda por cumplir es la incorporación de los peritajes culturales, los cuales, lejos de pretender la impunidad, suponen el entendimiento de un contexto sociocultural", explica Ariana Céspedes, coordinadora de Asuntos Indígenas.

La idea es crear un grupo interdisciplinario que incluya profesionales en antropología, trabajo social, psicología y sociología con el fin de que realicen un estudio para determinar el contexto en que se dieron los hechos.

"De esta manera no solo se garantiza el derecho de los pueblos indígenas al acceso a la justicia con pertinencia cultural, sino que también se concientiza a los operadores de justicia en la utilización de éstos como un medio de convicción, y así poder determinar si el marco cultural de la persona investigada pudo o no haber tenido incidencia en su actuación", manifestó la fiscala.

Los peritajes culturales constituyen un mecanismo que permite aportar los medios de prueba que la ley contempla para acreditar que la diferencia cultural propició y condicionó una conducta tipificada, pero que desde la perspectiva cultural del individuo que ha cometido la falta no lo es.