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El Consejo Fiscal de Costa Rica en
sesión extraordinaria del día 25 de enero de 2008, de manera unánime, acordó
pronunciarse en contra del Proyecto de
Ley de Independencia del Ministerio Público, clasificado en la Asamblea Legislativa
con el número 16.860, que tiende principalmente a sustraer al Ministerio
Público del Poder Judicial, convirtiéndolo en un órgano vinculado al Poder Legislativo.
Las razones de nuestra oposición son las
siguientes:
1.- El Ministerio Público nació en
Costa Rica en el año 1975 como un órgano adscrito al Poder Judicial. Ha gozado siempre de independencia funcional
en el ejercicio de la acción penal pública, de modo transparente y objetivo.
Ello lo confirman los estudios y monitoreos del Centro de Estudios de
Justicia de las Américas (CEJA) de la
O.E.A, que califican
al Ministerio Público de Costa Rica como el más transparente y de mayor
accesibilidad del continente, sobre el Departamento de Justicia de Estados
Unidos, Brasil, México y Chile. En el
último informe sobre el Estado de la Nación, la única institución con saldos
positivos es el Poder Judicial y se destaca que eso se debe al trabajo de las
fiscalías: hemos demostrado ser responsables y saber invertir el poco
presupuesto con el que trabajamos.
2.- El proyecto de comentario, lejos
de fortalecer la independencia del Ministerio Público subordina su actuación
a la Asamblea
Legislativa, órgano de naturaleza política, con el riesgo
de que el ente acusador sufra influencia político partidista. Esta iniciativa
tiene como objetivo alcanzar la impunidad en las grandes causas de corrupción
pendientes de resolución judicial al establecer la imposibilidad de los
fiscales de recabar documentos públicos con carácter de prueba, a menos que
un Juez lo autorice y que el jerarca de la administración, muchas veces el
investigado, no los haya declarado secreto de Estado. De convertirse en ley de La República, se
favorecería incluso a los actuales imputados por corrupción al devenir la
ineficacia de las pruebas recabadas en su contra.
3.- Subordinar el Ministerio Público a
la clase política, limitar sus poderes jurídicos de investigación, anular
pruebas desde la
Asamblea Legislativa, convertir la corrupción en moneda de
curso legal, erigir la impunidad de los corruptos por la vía política, violar
la independencia de poderes, destruir el Estado de Derecho, como se pretende,
es una ofensa a los costarricenses.
4.-. Este no es el primero ni el
último ataque dirigido contra el Ministerio Público como consecuencia de
investigar la delincuencia de cuello blanco -llámese clase política y/o
económicamente privilegiada-. Por ello, no estamos dispuestos a permitir un
debilitamiento del Ministerio Público que atente contra la Democracia y nuestro
actual Estado Social de Derecho.
5.-Después de treinta y tres años, el
Ministerio Público es hoy una institución madura, con prestigio nacional e internacional, que no
requiere de una reforma como la que se incluye en esa propuesta. Las y los
fiscales de la
República reiteramos el
juramento de defender la Constitución y las leyes y estamos seguros que
todo ciudadano costarricense consciente de nuestra tradición democrática
repudiará cualquier propuesta legislativa que debilite la institucionalidad
de Costa Rica.
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