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 El
triste episodio del atunero Tiuna nos deja estupefactos y abre serias
interrogantes que deben contestarse sin evasión
¿Se
hace justicia cuando la aplicación de la ley se distancia del sentido común y
del interés público?
El juez de Juicio de Puntarenas, Marvin Cerdas Montano, resolvió, el
miércoles pasado, levantar las medidas cautelares a los 22 marineros
aprehendidos, el 29 de enero pasado, mientras pescaban ilegalmente en la Isla del Coco. Estos son
ciudadanos de Venezuela, México y Colombia. Uno de ellos es costarricense.
Gracias a esta decisión, posiblemente hoy gozan de otros paisajes y de otros
aires en su tierra natal o en otras partes, lejos de las fronteras
jurisdiccionales de nuestro país. Luego, tras estas vacaciones en suelo tico,
se dedicarán a su oficio delictivo, en nuestras aguas o en otras, con el
barco, según se comprobó, cargado de explosivos.
En cuanto al atún decomisado, la Fiscalía Adjunta
de Puntarenas canceló ya el remate en vista de la decisión judicial adoptada.
La embarcación, por su parte, gozará de la misma gracia que el juez les
otorgó a los marineros piratas. No queda claro todavía si los habitantes de
este país tendremos que presentarle, a porfía, los correspondientes
desagravios a la empresa dueña del atunero Tiuna y de otras embarcaciones
similares. Mientras tanto, los costarricenses quedaremos, otra vez, con un
palmo de narices, sin que logremos que alguien nos explique por qué. Por qué
en este caso concreto y por qué con otros delincuentes peligrosos. ¿Será que
la respuesta está contenida en la declaración de un delincuente extranjero
publicada ayer, quien, expulsado del país, dijo que volvería pronto a repetir
sus fechorías? Somos un país, según él, "de vacilón".
No lo somos. Nuestras credenciales políticas y democráticas superan
las torpezas, la desidia y la corrupción de algunos. Sin embargo, ante hechos
como el que comentamos, la confianza del pueblo se debilita y los
delincuentes, por su lado, seguirán haciendo su agosto. Si nada pasa, la
impunidad triunfa y con ella la inseguridad ciudadana. Nos preguntamos, por
ello, cuál arcano jurídico vigente conspira contra el interés público si
tanto versados como legos en Derecho coinciden en que bien puede armonizarse
la ley con el sentido común. ¿Es, acaso, tan exigente la ley que un juez,
contra el buen juicio, libere a 21 extranjeros y a un compatriota, a
sabiendas de que, fresca aún la firma del documento respectivo, ya habrían
transpuesto las fronteras del país, sin sujeción al deber de venir a firmar
-¡oh inocencia!- cada 15 días? ¿Por qué? Es una pregunta que este funcionario
o alguien en el Poder Judicial debe responder para ilustración general. La
venda que recubre los ojos de la justicia, como signo de imparcialidad, no le
impide pensar.
Las oportunas e indignadas declaraciones, el viernes pasado, del
fiscal general, Francisco Dall´Anese, nos relevan de todo temor de excedernos
en suspicacias. Con esta decisión, dice el citado funcionario, el parque
nacional Isla del Coco, parte del Patrimonio Natural de la Humanidad, queda a
disposición de los asaltantes y de los piratas. El mensaje jurisdiccional
para otros países, así como para asaltantes y aventureros es claro: "el
Estado no tiene capacidad de aplicar sus leyes e impide una acción
condenatoria". A este capítulo bochornoso se agregan otros.
El porqué formulado anteriormente se extiende no solo al juez de
Juicio de Puntarenas, sino también a otros funcionarios y jerarcas,
encargados de la defensa y protección de los recursos naturales, y, en
particular, de la Isla
del Coco. La información sobre las andanzas pesqueras del atunero Tiuna la
captó un funcionario del ICE, radioaficionado. Los aparatos oficiales, al
parecer, no funcionaban. El Minae elaboró un informe, cuyo contenido aún se
desconoce. Y si se actuó en esta oportunidad de inmediato, fue por la
acuciosa y rápida labor informativa, en las cercanías de la Isla del Coco, de
periodistas de La
Nación y de Teletica . ¿Cuántas historias de depredaciones
marinas habrán quedado más ocultas que el ansiado tesoro de la Isla del Coco?
De lo dicho surge una pregunta: ¿está vigilando el Estado
costarricense con eficacia, prontitud y recursos suficientes la Isla del Coco y otros
invaluables bienes naturales? Su respuesta cabal está condicionada a la
realización de una investigación a fondo tanto en el campo jurisdiccional
como en el administrativo sobre este deplorable episodio. Al menos, saquemos
provecho de tanta pena, que abre una interrogante inmensa sobre la magnitud
del saqueo de los recursos marinos en aguas nacionales y, por extensión,
sobre nuestra responsabilidad en la defensa, en general, de los recursos
naturales.
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