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En las últimas
semanas, mientras volvía a primera página el sentimiento de inseguridad
ciudadana en el país, un diputado nos sorprendió con un proyecto de ley que,
lejos de colaborar con una solución a esa grave problemática, pretende
favorecer -ojalá que por desconocimiento- la impunidad y la corrupción en
Costa Rica.
Como puntos
centrales de ese proyecto de ley, se persigue que el fiscal general de la República sea
nombrado por la
Asamblea Legislativa, que se limite la posibilidad del
Ministerio Público de acceder a documentos de instituciones públicas al
amparo de un mal llamado "secreto de Estado" y, por si fuera poco, afectar
los derechos laborales adquiridos de los funcionarios de la Fiscalía.
Es fácil
demostrar cómo este proyecto de ley no está orientado a favorecer la
administración de justicia y las facultades del Ministerio Público, sino más
bien a refrenarlas y entorpecerlas al máximo.
Primero, lo
relacionado con la forma de elección del fiscal general: que lo haga la Asamblea Legislativa
solamente busca entronizar las más oscuras fuerzas políticas en el seno de un
órgano que es y debe seguir siendo objetivo, alejado de toda manipulación,
arbitrariedad o clientelismo político. Si semejante reforma se produjera, es
claro que la labor del fiscal general evidentemente trataría de agradar al
grupo que ostente la mayoría parlamentaria, pues de ello va a depender directamente
su puesto.
Por mandato
legal. Sobre este punto, muchos traerán a colación que los más altos jueces
del país, los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por la Asamblea Legislativa
y ello nunca ha demeritado su labor ni la ha revestido de tintes políticos.
Quienes afirmen esto llevan razón, solamente que no hay posibilidad de
comparar a los señores magistrados con los funcionarios del Ministerio
Público, pues su naturaleza funcional y su ámbito de acción son
diametralmente opuestos, los primeros son en esencia jueces, dotados
constitucional y legalmente de independencia funcional y de criterio, en
tanto que los fiscales respondemos siempre a la política de persecución
criminal que el fiscal general define por mandato legal.
Segundo, la
nueva versión del "secreto de Estado" favorecería la impunidad y la ya de por
sí creciente corrupción pública. Aceptar la atrocidad que sobre este extremo
contiene el proyecto de ley del diputado Venegas hubiera hecho que,
curiosamente, causas penales como la que hoy involucra a altos exejecutivos
de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), políticos,
exgobernantes y empresarios jamás se hubiera podido investigar.
El recurso más
valioso. Tercero, véase la clara intención de este proyecto de ley de afectar
los derechos laborales de las y los funcionarios del Ministerio Público.
Tratar de amenazar la estabilidad laboral de cualquier institución es la
mejor forma de dañarla, pues se está atacando el recurso más valioso con que
se cuenta: el humano. El Ministerio Público, con perdón de sus detractores,
es uno de los órganos que más contribuye a perpetuar el Estado de derecho y
la democracia en el país, y así ha quedado demostrado.
Si existe
alguna queja, incomodidad o indicio de corrupción en la actuación de algún
representante del Ministerio Público, hay suficientes mecanismos legales y
reglamentarios debidamente aprobados por el Consejo Superior del Poder
Judicial y por la propia Fiscalía General de la República para
garantizar a la ciudadanía la idoneidad, aptitud y actitud para el puesto de
fiscal, así como la corrección disciplinaria de sus actos cuando ello sea
necesario.
En el plano
procesal, ninguna acción de un fiscal es antojadiza o arbitraria ni escapa
del control y supervisión del juez de Garantías, por lo que afirmar lo
contrario es desconocer el proceso penal costarricense.
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