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Es para mí un
honor recibir en esta tarde el premio Francisco Chaverri Rodríguez y agradezco al honorable Consejo Fiscal
y a su presidente, el Dr. Francisco D´Allanese Ruiz por el acuerdo en el que
se me ha designado como merecedor de tal galardón.
Existen
momentos en la vida de un hombre, tales como el que vivimos en esta hora, que
se filtran directo a ese mundo interior, invariable pese al pasar de los
años, que conocemos como conciencia. Desde ese punto interior de mí
existencia quiero hacer extensivo este reconocimiento a los compañeros
fiscales, policías y asistentes que a
mí lado participaron en los diferentes casos y funciones que desempeñé. Para
ellos mi profundo respeto y agradecimiento.
En especial quiero
agradecer también a los Doctores Fernando Cruz Castro, José María Tijerino
Pacheco, Eduardo Araya, Carlos Arias Núñez, Francisco D´Allanese Ruiz y Jorge
Segura Román, por el riesgo que asumieron al otorgarme su apoyo y confianza
desde la
Fiscalía General de la República y con quienes compartí momentos de muy distinto talante, pero
sobre todo momentos de un profundo amor por Costa Rica y su
institucionalidad.
El mismo amor
que me enseñaron Jorge y Nora, mis padres, que forjaron el suyo en las confrontaciones
de la guerra civil de 1948 y quienes
inscribieron en mí corazón el deber absoluto de respeto al ser humano y a su
dignidad, e indujeron en mí espíritu
el compromiso con el deber ciudadano de participar, desde cualquier posición
que ocupara en la vida, en la construcción cotidiana de la democracia, la
libertad, la paz, la solidaridad y la justicia, como los valores más
preciados de este país.
Tales valores
fueron asumidos además de mis padres por la gran mayoría de los
costarricenses, luego de la confrontación. Convirtiéndonos todos, tanto los
de su generación, cualquiera fuese su signo político, como los de nuestras
generaciones de post-guerra, en constructores de un país que optó por la
democracia como medio para dar atención a las diferentes contradicciones e
intereses sociales y por el
fortalecimiento de la justicia sobre el poder militar, el cual se eliminó,
permitiéndose el desarrollo de una sólida institucionalidad jurisdiccional.
En este
contexto democrático surge el Ministerio Público en 1975, bajo el ala del
Poder Judicial, siguiéndose en esto las ideas del jurista argentino Vélez
Mariconde, para quien la función judicial comprendía no sólo la
jurisdiccional sino también la de la Policía Judicial
y la del Ministerio Público. En tal opción del legislador, subyace, por
supuesto, la sana intención de apartar prudentemente al órgano acusador del
Poder Ejecutivo, siempre tentado a la manipulación política de la acusación,
desde su propio seno o llevado por manos ocultas en las sombras, que buscan
la impunidad.
Durante la
primera década de existencia, sin lugar a dudas, a ese Ministerio Público, se
le impregnó de un espíritu distinto al de otros Ministerios Públicos
contemporáneos. Digo se le impregnó porque realmente era el espíritu de sus
fiscales. Un grupo de jóvenes llenos de ímpetu y fogosidad mas sobre todo con
una clarísima visión de un órgano acusador, objetivo, imparcial pero
inclaudicable en el ejercicio de la acción penal frente a la delincuencia no
convencional y la corrupción política y pública.
Sobresalen en
esa época, sin demérito de los otros que también dieron innumerables
luchas, los jóvenes fiscales Fernando
Cruz Castro, luego Fiscal General y Jorge Segura Román, quien ocuparía la
plaza de Fiscal General Adjunto. Anecdótico resulta hoy recordar que ambos
fueron sancionados disciplinariamente por haber puesto en evidencia, por
primera vez en la historia del Poder Judicial, que un tribunal a quem había
resuelto una apelación sin haberse molestado siquiera en pedirle al a quo que
le enviara las cajas de evidencia. Por supuesto en un delito de corrupción
pública.
Si a alguien
se le debe el mérito de que la obligación de fundamentar las resoluciones
judiciales, como medio para verificar la corrección y legitimidad del razonamiento
judicial se convirtiera en una realidad en este país, fue a Don Fernando
Cruz, quien por supuesto, con el carácter que lleva puesto, luego de la
sanción recibida, nos dio orden a todos los fiscales de que reclamáramos, en
todas las resoluciones, el vicio de falta de fundamentación. Pero no se quedó
allí. Abrió la fiscalía anticorrupción dentro de la Fiscalía General,
órgano que luego evolucionó a la actual Fiscalía Especializada. Desde ese
entonces hasta la fecha, nuestro Ministerio Público ha mantenido una política
sostenida de persecución ante la
corrupción. Se explica entonces, porque don Fernando todavía tiene tantos
problemas.
Otros jóvenes
fiscales que sobresalen en la época son Eduardo Araya y José María Tijerino,
quienes posteriormente asumieron la Fiscalía General.
A Don Eduardo se le debe la apertura de la Fiscalía de
Narcotráfico y a Don José María, la fundación de lo que luego serían la Fiscalía de
Delitos Ecológicos y la
Fiscalía de Casación.
Es importante
mencionar que Don José María Tijerino dedicó gran parte de su periodo como
Fiscal General a luchar por la independencia del Ministerio Público, una idea
que todavía reaparece de vez en cuando.
Finalmente dos jóvenes fiscales que sobresalen también
en esta breve historia del Ministerio Público son Carlos Arias Núñez, a quien
le correspondió asumir el duro tránsito del antiguo Ministerio Público al
actual y Francisco D´Allanese, que también se desempeño como juez y a quien
le ha tocado la dura tarea de enfrentar la criminalidad organizada y el
abordaje de nuevas modalidades de corrupción política.
Junto a todos
ellos y con el mismo espíritu, me correspondió atender diferentes casos que
resultaron finalmente emblemáticos por diferentes motivos. Tales casos no
fueron sin embargo para mí los más
importantes, lo fueron todos los que atendí en mí vida profesional, pues
todas las víctimas sin excepción
merecieron siempre mí respeto y dedicación. Además de los casos
mencionados me correspondió hacer el diseño de la actual estructura Ministerio
Público, divido en Fiscalías Especializadas, incluyendo la de Trámite Rápido,
por Encargo de la Comisión Auxiliar
de la Comisión
de Asuntos Penales, la cual se encontraba a cargo también, de uno de aquellos
jóvenes fiscales, el actual Magistrado
Don José Manuel Arroyo. Me toco entre otras cosas, teorizar un poco e
implementar la dirección y control de la investigación por parte del
fiscal. Pero no es eso lo que me
interesa decir, lo que quiero señalar es que, tanto en los casos como en
todos los cargos que ocupé, siempre dí mi mejor esfuerzo porque amo a este
Ministerio Público y a este país.
Sin duda
alguna, el actual Ministerio Público enfrenta grandes y mayores retos, por
eso ese espíritu que lo impregnó inicialmente debe fortalecerse crecer y hacerse
grande con él.
Creo
firmemente que nuestro Ministerio Público se encuentra entre los mejores en
America Latina, continente en el que el Ministerio Público es la única
alternativa frente a la bota militar.
Allí donde fracasa el Ministerio Público finalmente termina el ejército en la calle. Por eso se
requiere de un fortalecimiento institucional en toda la región pues, frente a
las demandas de resolución de los diversos tipos de conflictos sociales sean
generados estos por la delincuencia común o por el Crimen Organizado y su
efectiva y aceptable solución por los órganos jurisdiccionales, esta el
fiscal. Si el fiscal fracasa, fracasa todo el sistema.
En nuestro
país, las cándidas expresiones de que con leyes más represivas se resuelven
los problemas de la criminalidad, deben dar paso a
un análisis sereno de adaptación de las herramientas de investigación a las
nuevas formas de comisión de los delitos y de actuación de las organizaciones
y redes criminales. No es lo mismo investigar un delito, que investigar un
grupo o red criminal. Por supuesto, estas adaptaciones no deben implicar
nunca un debilitamiento de las garantías constitucionales y procesales, ni
una renuncia al principio del bien jurídico tutelado, pero tampoco, en su
interpretación debe fantasearse a partir de realidades que no son las del
costarricense, restringiendo los razonables y racionales modos de garantizar
una investigación penal objetiva.
Finalmente,
quiero agradecer a mí familia, a mis suegros y a mí esposa, que pasan por momentos
difíciles, y, porque seguro estoy de que no afecto su autoestima por
señalarlo de último, a Dios, que me esforzó para no temer ni desmayar.
Señor Fiscal
General de la
República, señoras y señores Fiscales Adjuntos, señoras y señores fiscales, recuerden que
aunque un juez pueda palidecer frente al nombre escrito en la carátula de un
expediente, pronto recobrará el rubor de sus mejillas si tiene al frente a un
fiscal bien preparado, firme y valiente.
Muchas
gracias.
Jorge
Chavarría Guzmán
19 de
setiembre del 2008
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