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Urgen políticas preventivas
"[...]Después de doce años de vigencia de la Ley de Justicia Penal
Juvenil, me queda la duda si nosotros, los padres, las madres, la familia, el
Estado y la sociedad en general, ha
cumplido con su labor, ya que si analizamos la "historia de vida" de los
delincuentes juveniles vemos que la mayoría iniciaron con una condición de
vulnerabilidad y posteriormente se involucraron en situaciones
delincuenciales. Ejemplo de ello, es la problemática del consumo de drogas.
[...]" afirmó la Lic. Mayra
Campos, Fiscala Adjunta Penal Juvenil.
 Esta
experiencia recalca una vez más las limitaciones de una política criminal
represiva, y que urge una política social preventiva, que atienda el proceso
de "infantilización de la pobreza". El fenómeno de la delincuencia juvenil
debe ser abordado a través de la prevención y de políticas sociales que
verdaderamente intenten resolver los problemas estructurales que actúan como
factores de riesgo, tales como la violencia intrafamiliar, regulación
estricta para el acceso de armas de fuego y blancas, programas preventivos en
el área del consumo de drogas, combatir el abuso sexual, físico y emocional
con todos los mecanismos que ha implantado el sistema jurídico costarricense,
fortalecimiento de la familia y dentro de esta, la paternidad y la maternidad
responsable.
Todos estos
programas permiten a los padres y a las madres, y a los adultos en general,
desarrollar habilidades y actitudes para enfrentar los conflictos, y buscar
su solución a través de medios no violentos, es decir, buscar una solución
armoniosa de los mismos y que cualquier intervención, de los padres, madres,
educadores, etc., respecto a la disciplina de las personas menores de edad,
tengan como norte dos principios: el amor y una finalidad educativa o
pedagógica.
Violencia sexual
Por otro lado
debemos tener presente que bajo ninguna circunstancia se debe permitir la
impunidad de quienes maltratan a los y las pequeñas con la pornografía
infantil, los delitos sexuales y el abuso a todo menor de edad.
Según datos de
la UNICEF, 1
millón 800 mil niños son explotados sexualmente en el mundo, en una industria
que mueve alrededor de 12.000 millones de dólares cada año.
Es por eso que
los Jueces, Fiscales y en general todo empleado del Poder Judicial de nuestro
país que trabajen con este tipo de delitos tiene sobre sus hombros la gran
responsabilidad de vigilar y luchar porque estas causas no queden impunes.
Con ello estarán protegiendo a las futuras generaciones.
Información suministrada por: Lic. Mayra
Campos, Fiscala Adjunta de Penal Juvenil, Minsiterio Público, http://nacionesunidas.or.cr/
y www.pani.go.cr
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