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La Unidad Especializada de Fraudes del Ministerio Público solicitó la medida cautelar de tres meses de prisión preventiva contra un hombre y una mujer sospechosos de los  delitos falsificación de documento, uso de documento falso, falsedad ideológica, estafa de seguros y perjurio.

23 de julio de 2009

 

La Unidad Especializada de Fraudes del Ministerio Público solicitó el miércoles 22 de julio ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, tres meses de prisión contra un hombre nicaragüense y una mujer costarricense sospechosos de los delitos de falsificación de documento, uso de documento falso, falsedad ideológica, estafa de seguros y perjurio (este último delito se establece cuando una persona falta a la verdad bajo juramento o a declaración jurada), en perjuicio del Instituto Nacional de Seguros y la Fe Pública.

 

El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial dictó este miércoles 22 de julio en horas de la tarde, la medida cautelar de tres meses de prisión preventiva que había solicitado la Unidad Especializada de Fraudes del Ministerio Público, contra los dos imputados.

 

Los imputados fueron detenidos en allanamientos realizados por la Unidad Especializada de Fraudes del Ministerio Público en coordinación con la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial, el martes 21 de julio en horas de la tarde. Dos viviendas ubicadas en el barrio Cristo Rey y a un local comercial ubicado en Sarapiquí, que también era utilizado como habitación por uno de los imputados fueron los sitios allanados.

 

Los hechos se remontan al año 2008, cuando al parecer el primer imputado  acudió al Instituto Nacional de Seguros donde adquirió una póliza de vida. En noviembre del mismo año, este imputado sale del país en compañía del otro sujeto nicaragüense (también imputado) a Nicaragua. En la localidad de Tipitapa (Nicaragua), el imputado nicaragüense reportó el fallecimiento del imputado costarricense. En Nicaragua el segundo imputado obtiene las actas de defunción del costarricense.

 

Una mujer, quien también figura como imputada en la causa penal, al parecer se habría apersonado al Registro Civil costarricense donde inscribió el acta de defunción emitida en Nicaragua. Posteriormente acudió al Instituto Nacional de Seguros donde reclamó el pago por concepto de póliza de vida y donde obtuvo aproximadamente quince millones y medio de colones por este rubro.

 

 

 

 



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