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Ministerio Público
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OFICINA DE DENUNCIAS Y UNIDAD DE TRÁMITE RÁPIDO

 

 

Quién puede denunciar: Toda persona puede denunciar un delito cometido en su perjuicio, sin límite de edad, sexo, ciudadanía, ni ninguna otra condición.


A quién le corresponde investigar: El Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de recibir e investigar las denuncias por delitos cometidos en el territorio nacional, y en algunos casos, según las reglas internacionales, por delitos cometidos fuera de nuestro país.


Menores de edad denunciantes:
Los menores de edad quedaron facultados para interponer denuncias, sin límite de edad pero la autoridad siempre tomará en cuenta su madurez emocional para determinar cómo recibirá su gestión (artículos 104 y 105 del Código de la Niñez y la Adolescencia).


Dichas normas indican: "Art. 104 - Derecho de denuncia: Se garantiza a las personas menores de edad el derecho a denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, por medio del representante del Ministerio Público, las acciones civiles correspondientes".


"Art. 105 - La autoridad judicial o administrativa siempre tomará en cuenta la madurez emocional para determinar cómo recibirá la opinión [de la persona menor de edad]".

El Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la Ley N°7739 del 6 de febrero de 1998, se aplica prioritariamente al artículo 17 del Código Procesal Penal, que es Ley 7594 de 4 de junio de 1996. Dicho artículo establece que:


"Cuando el ejercicio de la acción penal pública requiera instancia privada, el Ministerio Público sólo la ejercerá una vez que formulen denuncia, ante autoridad competente, el ofendido mayor de quince años o, si es menor de esa edad, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador".


Sin embargo, por ser el Código de la Niñez ley posterior y ley especial, prevalece sobre la ley anterior y sobre la ley general (o sea, sobre el Código Procesal Penal), y en consecuencia se reciben denuncias, incluso de delitos de acción pública perseguible a instancia privada interpuestas por menores de edad.


En la práctica, no obstante, los fiscales acostumbran llamar al representante del menor (padres, tutores, guardadores) para que confirmen la denuncia y asuman otros derechos y deberes legales. En todo caso en que se trate de menores ofendidos se notifica al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).


En los casos en que exista un interés contrapuesto entre el menor denunciante y sus padres (por ejemplo, en los casos de delitos cometidos por uno de los padres en perjuicio del hijo menor), o bien cuando el menor no tenga representante (por ejemplo, un menor abandonado) el encargado de ejercer directamente la acción en contra del imputado es el Ministerio Público.

 

Clases de delitos en relación con la denuncia:


Si bien toda persona puede denunciar un delito cometido en su perjuicio, no toda persona puede denunciar un delito cometido en perjuicio de otra. Para interponer una denuncia es importante tener en cuenta que existen varias clases de delitos:


a) Delitos de acción pública: Son aquellos que pueden ser perseguidos por la autoridad sin necesidad de que se ponga una denuncia. Basta con que una autoridad los conozca para que deba informar al Ministerio Público, o bien es suficiente que este los conozca para que inicie un procedimiento de investigación. Ejemplos: homicidios, abortos, robos, estafas, falsificación de documentos. En realidad, son delitos de acción pública todos los que no estén indicados en los artículos 18 y 19 del Código Procesal Penal vigente.


Su importancia en lo que respecta a la denuncia, es que cualquiera puede denunciarlos, aunque no sea víctima ni ofendido en el asunto.


b) Delitos de acción pública perseguibles a instancia privada
: Son aquellos que pueden ser perseguidos por la autoridad solo cuando el ofendido o su representante han puesto la denuncia. La acción puede ser ejercida directamente por el propio Ministerio Público cuando el delito se haya cometido contra un incapaz o un menor de edad, que no tengan representación, o cuando lo haya realizado uno de sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o bien cometidos por el representante legal o el guardador.


La importancia de este tipo de delitos en lo que respecta a la denuncia, es que no todos pueden denunciarlos, sino solamente la propia víctima, los familiares encargados del menor, cuando es este el ofendido, o una entidad social como el Patronato Nacional de la Infancia.


Los delitos de acción pública perseguibles por denuncia privada son los que establece el art. 18 del Código Procesal Penal:


a) Las relaciones sexuales consentidas con una persona mayor de doce años y menor de quince

b) El contagio de enfermedad

c) La violación, cuando la persona ofendida sea mayor de quince años y no se halle privada de razón o esté incapacitada para resistir.

d) Las agresiones sexuales, siempre que no sean agravadas ni calificadas

e) Las lesiones leves y las culposas

f) El abandono de personas

g) La ocultación de impedimentos para contraer matrimonio

h) La simulación de matrimonio

i) Las amenazas

j) La violación de domicilio

k) La usurpación

l) El incumplimiento del deber alimentario, del deber de asistencia

m) El incumplimiento o abuso de la patria potestad

n) Cualquier otro delito que la ley califique como tal (ejemplo: Los delitos contemplados en la Ley General del VIH-Sida", Ley N°7726 del 16 de enero de 1998).


c) Delitos de acción privada:
Son aquellos que solo pueden ser perseguidos si el propio ofendido o su representante denuncia el hecho ante el Juez Penal directamente. En consecuencia, el Ministerio Público no participa en dicha persecución penal. Aunque sean conocidos por otras personas o por el mismo Ministerio Público, no se abrirá un procedimiento para castigar al imputado si el ofendido no lo denuncia. El artículo 19 del Código Procesal Penal establece cuáles son:


a) Delitos contra el honor. Están contemplados en los artículos 145 a 155 del Código Penal, y son:

  • Injuria.
  • Difamación.
  • Calumnia.
  • Ofensa a la memoria de un difunto.
  • Publicación de ofensas.
  • Difamación de persona jurídica.

b) La propaganda desleal (art. 242 del Código Penal)

c) Cualquier otro delito que la ley califique como tal.

 

Revocatoria de la instancia:


Una denuncia ya interpuesta por un delito de acción pública no se puede "quitar", pero dependiendo de la gravedad del delito las partes pueden negociar una medida alterna para que no se llegue a juicio, tales como la conciliación, la suspensión del procedimiento a prueba, el criterio de oportunidad, la conversión de la acción pública en privada, la reparación integral del daño, el pago del máximo de la multa o el procedimiento abreviado.


Pero cuando se trata de una denuncia por un delito de acción pública perseguible a instancia privada (artículo 18 del Código Penal), la víctima o su representante pueden solicitar al Ministerio Público que se deje sin efecto la persecución penal en contra del imputado. A eso se llama "revocar la instancia".


Delitos cometidos en el extranjero:


Pueden denunciarse delitos cometidos en el extranjero en los siguientes casos (artículos 4, 5 y y siguientes del Código Penal), cuando:


a) Atenten contra la seguridad interior o exterior de Costa Rica

b) Afecten la economía nacional

c) Sean cometidos contra la administración pública por funcionarios al servicio de ella, sean o no costarricenses.
d) Produzcan o puedan producir sus resultados en todo o en parte del territorio nacional

e) Hayan sido cometidos por personas al servicio de Costa Rica y no hubieren sido juzgadas en el lugar de comisión del delito, en virtud de algún tipo de inmunidad legal.

f) Sean cometidos contra algún costarricense o contra sus derechos.

g) Se trate de actos de piratería, genocidio, falsificación de moneda, títulos de crédito, billetes de banco y otros efectos al portador

h) Sean delitos referentes a trata de esclavos, mujeres o niños.

i) Se ocupen de estupefacientes y publicaciones obscenas

j) Se trate de delitos contra los derechos humanos previstos en tratados internacionales suscritos por Costa Rica o tipificados por nuestro Código Penal.


El Ministerio Público no puede negarse a recibir ninguna denuncia, por los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Aun en casos como violencia doméstica, contravenciones, atención a la víctima, pensiones alimentarias u otras gestiones, el representante del Ministerio Público está obligado a recibir la gestión y resolver lo que en Derecho corresponda, o bien a orientar al denunciante para que acuda ante el despacho correcto.

 

Medidas alternas


Con el anterior Código de Procedimientos Penales de 1973 no se podía llegar a un arreglo entre víctima e imputado para buscar una salida al conflicto penal, por lo que todos los casos debían llegar necesariamente a juicio y ahí se dictaba una sentencia absolutoria o condenatoria para el imputado.


Con el nuevo Código Procesal Penal de 1996, que entró a regir el 1° de enero de 1998, entre víctima e imputado se puede llegar a una serie de arreglos según la ley, mediante los cuales la víctima puede ser reparada por el daño causado por el ilícito, o bien el Estado puede dejar de perseguir el delito, con la consecuencia para el imputado de que puede desligarse del proceso penal.


Estas soluciones han sido comúnmente llamadas medidas o salidas alternas, y con ellas se procura:


a) Evitar que el asunto llegue a juicio si las partes están en condiciones legales o personales de llegar a un arreglo;
b) Extinguir el proceso por falta de interés del Estado, de la víctima, o por colaboración del imputado.

c) Abreviar el procedimiento de investigación.


Se han distinguido siete institutos de ese tipo en la nueva ley, los cuales son:


1. Conciliación

2. Suspensión del procedimiento a prueba

3. Reparación integral del daño

4. Conversión de la acción pública en privada

5. Criterio de oportunidad

6. Procedimiento abreviado

7. Pago del máximo de la multa

 

1. Conciliación


Establecida en el artículo 36 del Código Procesal Penal. Este modelo permite que la víctima y el imputado se pongan de acuerdo bajo qué condiciones la víctima "perdonará" al imputado y aceptará conciliarse. Puede implicar un arreglo económico o simplemente una disculpa o una promesa de no volver a ofender.


No se permite este arreglo en todos los delitos sino solamente en los delitos de acción pública a instancia privada (artículo 18 Código Procesal Penal). Además, se exige que el imputado no tenga condenas firmes anteriores y que el delito que trata de conciliar tenga una pena igual o menor a tres años según la pena que para cada delito establece el Código Penal.


El tribunal puede procurar que las partes manifiesten si están dispuestas a conciliar y en qué condiciones, e incluso puede solicitar el asesoramiento y auxilio de personas o entidades especializadas para procurar acuerdos entre las partes en conflicto. Tanto víctima e imputado como cualquier otra persona involucrada en el conflicto, puede designar un mediador.


Si se produce la conciliación, el tribunal examinará los acuerdos alcanzados y si está de acuerdo declara extinguida la acción penal. A esto se llama homologación. Si hay arreglos que dependen del paso del tiempo (pagos mensuales, por ejemplo), el tribunal no homologa el acuerdo sino hasta que el imputado cumpla. El plazo máximo para cumplir es de un año, prorrogable por seis meses más si la víctima está de acuerdo en esa prórroga.


Si el imputado incumple sin una causa justa, el procedimiento penal continúa como si no se hubiese conciliado, y no podrá negociarse de nuevo otra conciliación.

 

Si las partes no están en condiciones de igualdad para negociar, el tribunal puede desaprobar la conciliación. Ejemplo: cuando hay amenazas, coacción o una de las partes obliga a otra a negociar.

En aquello delitos donde figure como victimas personas menores de edad, no cabe la conciliación, en virtud de prohibición expresa  del articulo 155 del código de la niñez y adolescencia. Entratandose de delitos de carácter sexual,  y en las agresiones domésticas,  le es  impedido procurar  la  conciliación, excepto que lo soliciten en forma expresa  la victima  o sus representantes,

La conciliación también cabe en las contravenciones, faltas y los delitos que tienen multa.


Si un imputado se acoge a una conciliación y cumple, no queda reportado como si hubiese cometido delito, por lo que posteriormente puede acogerse a otra conciliación, pues no aparecerá con juzgamientos.


La conciliación se caracteriza porque son las partes, o sea, víctima e imputado, quienes pueden decidir por sí mismas si están dispuestas a llegar a un arreglo, el cual no puede serles impuesto por el juez, ni por el fiscal, ni por el defensor.


2. Suspensión del procedimiento a prueba


Prevista en el art. 25 del Código Procesal Penal, consiste en que el imputado presenta ante el juez la solicitud de suspender el procedimiento, aceptando someterse a un plan de reparación del daño causado por el delito y a una o varias reglas de conducta que el artículo 26 de este Código indica.


El plan de reparación puede consistir en conciliarse con la víctima, en reparar naturalmente el daño causado (ejemplo: devolviendo la cosa hurtada, retenida o mal habida) o haciendo una reparación simbólica (ejemplo: pagando el precio equivalente de la cosa objeto del conflicto). La reparación puede ser inmediata (un solo pago) o a pagos.


Las condiciones que establece el artículo 26, citado, son:


a) [No] residir en un lugar determinado

b) [No] frecuentar determinados lugares o personas

c) Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, o de abusar de las bebidas alcohólicas

d) Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de abstenerse de consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos.

e) Comenzar o finalizar la escolaridad primaria si no la ha cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el tribunal.

f) Prestar servicios o labores a favor del Estado o instituciones de bien público.

g) Someterse a un tratamiento médico o sicológico, si es necesario.

h) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia.

i) Someterse a la vigilancia que determine el tribunal.

j) No poseer o portar armas.

k) No conducir vehículos


El imputado puede proponer otras reglas de conducta semejantes a las anteriores, las cuales se admitirán cuando se estime que resultan razonables.


El juez le explica personalmente al imputado cuáles son las condiciones que se le han impuesto y las consecuencias que tendrá si las incumple. Tanto es así que si hay incumplimiento injustificado o el imputado comete un nuevo delito en el período de prueba, el juez puede reanudar la persecución penal suspendida (revocación del beneficio), o ampliar el plazo de prueba por dos años más. Esta prórroga solo puede hacerse una vez.


No en todos los delitos se puede aplicar la suspensión del procedimiento, sino solo en aquellos en que la pena sea igual o menor a tres años, según la pena que para cada delito tipifica el Código Penal. Además, el imputado tiene que ser primario, pues si ya tiene juzgamientos no tiene derecho a la suspensión del procedimiento. Estos dos requisitos son idénticos en la conciliación y en la suspensión del procedimiento a prueba.


En todo caso, el imputado debe admitir el hecho que se le atribuye, pero si su solicitud no se admite o el beneficio se revoca, la admisión de los hechos por su parte no puede considerarse como una confesión.


La suspensión del procedimiento a prueba se caracteriza porque es el juez el que puede imponer la medida siendo necesario  para su procedencia que la victima  deba  de estar de acuerdo. Como es el imputado el que la ofrece o en la práctica el que la acepta- es lógico que estará de acuerdo con el juez en la medida  aplicada, y en caso  de que Ministerio Público  no este de acuerdo  podrá  eventualmente interponer recurso de apelación contra la medida dispuesta por el juez.


 
3. Reparación integral del daño


Está delimitado en el artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal. Este instituto permite que el imputado pague a sus víctimas el daño personal o el daño social causado. Se aplica siempre que el delito sea de contenido patrimonial, o sea, de contenido económico, y cuando la acción se haya realizado sin grave violencia sobre las personas. También es aplicable en delitos culposos, a saber, aquellos que fueron realizados por imprudencia, impericia o negligencia. Para que un imputado sea beneficiado con esta medida, se necesita que la víctima o el fiscal estén de acuerdo.


No es posible que un imputado pueda beneficiarse continuamente de esta medida, por lo cual la ley ordena llevar un registro de beneficiados, de modo que solo puede aplicarse de nuevo una vez que transcurran  cinco años, se haya  beneficiado   de esta medida  o de la suspensión del proceso  a prueba.


Esta figura se caracteriza porque el juez no puede imponerla al imputado o a la víctima, pues si esta no está de acuerdo -o el fiscal- no podrá aplicarse. Es una figura de víctima y de fiscal.


Por ser una reparación "integral", es decir, que abarque todos los aspectos del daño, es necesario que se haga en un solo pago y que comprenda los daños físico, material y moral, así como todo otro perjuicio.


4. Conversión de la acción pública en privada


Se encuentra en el artículo 20 del Código Procesal Penal. Con su utilización, se permite que una acción pública perseguible a instancia privada pueda convertirse en acción privada, siempre que lo solicite la víctima y que el Ministerio Público lo autorice. Los requisitos para que se dé esa autorización son:


a) Que no exista un interés público en esa acción pública

b) Que ese interés público, si lo existe, no haya sido gravemente comprometido, quedando a criterio del fiscal calificar la "gravedad" del caso, pero en todo caso ese criterio es controlable por el juez por medio de la impugnación.

c) Procede en dos tipos de delito: cuando el delito requiera instancia privada (o sea, los delitos enlistados en el artículo 18 del Código Procesal Penal) o bien cuando se trate de un delito contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre la persona.


En caso de que haya varios ofendidos, es necesario que el imputado obtenga el visto bueno de todos.


La ventaja de convertir la acción es que el querellante (nombre que recibe el abogado apoderado que lleva adelante la causa, representando a la víctima) no necesita presentar su acusación ante el juez de la etapa intermedia, con lo que pierde un tiempo considerable, sino que presenta la acusación directamente ante el juez de juicio (llamada querella). Este procedimiento es más rápido para la víctima, y tiene menos garantías para el imputado, pues no se realiza la audiencia preliminar donde su defensor puede oponerse al requerimiento del acusador.


La conversión de la acción pública en privada, requiere de la autorización del representante  del Ministerio Público.


5. Criterio de oportunidad


Previsto en el artículo 22 del Código Procesal Penal, el criterio de oportunidad es una posibilidad que tiene el Ministerio Público de llegar a un acuerdo con el imputado, con el propósito de prescindir total o parcialmente de la persecución penal, o bien de limitar la investigación solo a algunos delitos, o solo a algunas personas. Esto puede hacerse en los siguientes casos:


a) Cuando se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe, o donde haya habido una contribución de poca importancia para la comisión del ilícito. La insignificancia, sin embargo, no se aplica en los delitos que afecten el interés público o cuando sean cometidos por funcionarios públicos en ejercicio del cargo o con ocasión de ese ejercicio.

b) Cuando se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja, el Fiscal puede "negociar" con el imputado la aplicación de un criterio de oportunidad. Para ello se exige del imputado los siguientes requisitos:

• Que brinde información esencial para evitar que el delito continúe, o se cometan otros delitos

• Que ayude a esclarecer el hecho investigado u otros delitos relacionados con aquel en cuya causa se le está aplicando el criterio de oportunidad

• Que proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los delitos cuya persecución facilita o cuya continuación evita.

c) Cuando el imputado haya sufrido algún daño físico o moral grave a consecuencia del hecho ilícito, de modo que se torna desproporcionada la aplicación de una pena. O bien cuando se den los presupuestos bajo los cuales el tribunal está autorizado para prescindir de la pena (ver art. 91 y siguientes del Código Penal).

d) Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el delito o por la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se pueda imponer por otros delitos o infracciones cometidas por el mismo imputado. También se puede aplicar el criterio de oportunidad cuando el imputado está pendiente de ser condenado en un procedimiento tramitado en el extranjero, o bien cuando ya ha sido condenado, si la condena que se podría imponer en nuestro país carece de importancia en relación con la que se espera o se impuso en el extranjero.


Para que el imputado pueda gozar de este beneficio, debe formular la solicitud el fiscal por escrito ante el tribunal con  la autorización del superior jerárquico


6. Procedimiento abreviado


Está descrito en los artículos 373 y siguientes del Código Procesal Penal. El procedimiento abreviado busca acelerar el proceso penal mediante la aceptación de los hechos por parte del imputado, lo que permite que el fiscal y la policía dediquen menos tiempo a la investigación de ese ilícito y consecuentemente ahorren recursos indispensables en otras investigaciones. A cambio, el imputado recibe el beneficio de que se le aplique el extremo más bajo de la pena establecida para el o los delitos de que se le acusa; a ese extremo se le puede disminuir hasta un tercio. No obstante, este beneficio no implica que automáticamente al imputado se le aplica el mínimo reducido en un tercio, sino que el fiscal y el defensor del imputado, junto con este último, "negocian" cuál es el tanto de pena que se aceptará.


Son requisitos para proceder al abreviado:


a) Que el imputado admita el hecho y esté de acuerdo en aplicar este procedimiento

b) Que el Ministerio Público, el querellante y el  actor civil estén de acuerdo


Este procedimiento reducido puede solicitarse en cualquier momento hasta antes de que el juez de la etapa intermedia acuerde la apertura a juicio.


Si existen varios imputados, puede aplicarse el abreviado solamente al que esté de acuerdo en ello, siguiendo los demás a juicio oral y público.


La víctima puede opinar sobre la aplicación del abreviado (oponiéndose, por ejemplo, o condicionando su aplicación), pero su criterio no obliga al fiscal o al juez a estar de acuerdo con ella.


El tribunal puede admitir o rechazar la solicitud de abreviado, pues la sola solicitud y el cumplimiento de los requisitos formales no implican que automáticamente se aplique.


El abreviado es una figura de acusador (fiscal o querellante), pues con su sola oposición se puede impedir que el imputado se beneficie de esta medida, la cual normalmente es consentida por los imputados que han sido sorprendidos en flagrancia o en contra de los cuales hay abundante prueba efectiva.


7. Pago del máximo de la multa


Esta medida alterna está prevista en el artículo 30 inciso c) del Código Procesal Penal. Tiene como fin acelerar el proceso penal, pues si el imputado está de acuerdo en que se le aplique, se le obliga a pagar el máximo de la pena fijada por el tipo penal, y se dicta sentencia de inmediato. Dicho pago debe realizarse antes de que se inicie el juicio oral, y solo es aplicable a delitos que tengan como única sanción la pena, pues si el delito tiene como sanción pena y/o multa, ya no se puede aplicar esta medida.


Para fijar cuánto se paga, el juez calcula el ingreso diario del imputado y le aplica el máximo de días multa fijado por el tipo penal.

 

 

 

 



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