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Ministerio Público, justicia democrática

 

 

QUEJAS POR RETADO DE JUSTICIA

 

 

La Fiscalía General de la República, es la  estructura jerárquica máxima del Ministerio Público  y no brinda servicios de manera directa a los usuarios del sistema, sin embargo el Código Procesal Penal, CPP en los artìculos 171 y 174 respectivamente establece dos mecanismos: a)Queja por retardo y b)Fijación jurisdiccional de plazo,  que permiten una protección a víctimas o imputados como garantía de respeto al debido proceso, específicamente en cuanto un acceso a la justicia sin retardo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal que señala: "Justicia pronta  Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo razonable". En ambos mecanismos se  contempla la intervención de la Fiscalía General en su condición de máximo Jerarca del Ministerio Público.

 

 "Queja por retardo de justicia": Está descrita en el artículo 174 del CPP.  A pesar de que el Código Procesal Penal no establece en la mayoría de los casos plazos concretos y opta por lo denominado plazo razonable, si los fiscales o los jueces no cumplen  en la realización de sus actuaciones o en el dictado de resoluciones excede esa razonabilidad, el interesado, sea este víctima, imputado, abogado litigante, defensor, fiscal, representante de la acción civil, demandado civil, tercero civilmente demandado, o un grupo defensor de intereses difusos lesionados, puede solicitar pronto despacho ante el funcionario al que le corresponde resolver. En caso de no obtener resolución de su gestión dentro del término de 5 días naturales, podrá interponer queja por retardo de justicia ante el Fiscal General (si se trata de un fiscal que no resuelve), ante la Corte Suprema de Justicia (si se trata de un juez) o ante la Inspección Judicial (si se trata de cualquier otro funcionario distinto a los anteriores).

 

Esta figura se aplica también cuando se atrase el diligenciamiento de una comisión o mandato que un tribunal envía a otro tribunal, a una fiscalía o a una autoridad administrativa. En este caso, el quejoso es el funcionario que solicitó la diligencia, y la queja recae contra el funcionario a quien se dirigió la comisión o mandamiento. En caso de declararse con lugar la queja, el funcionario judicial podrá ser sancionado disciplinariamente con suspensión o despido, según la magnitud de la falta, y en el tanto se compruebe un retaso  por causa atribuible al funcionario denunciado.

 

 

 

 

 

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