Discurso del Señor Fiscal General de la República de Costa Rica, en  conmemoración del XXXIV Aniversario  del Ministerio Público

Agradezco profundamente la presencia de todas y de todos ustedes a la celebración del XXXIV aniversario del Ministerio Público. Agradezco especialmente al señor Presidente de la República, doctor Óscar Arias Sánchez, que dedica un tiempo de su apretada agenda para acompañarnos  en este momento tan importante para la institución.

Con gran satisfacción puedo informar que este es un año en que se han realizado logros importantes en los planos de cultura institucional, en materia de accesibilidad, en control de gestión, en la atención de zonas afectadas por la criminalidad y hemos contribuido a la producción legislativa.

En lo que hace a cultura institucional, hemos logrado concienciar a la mayoría de funcionarios y servidores, acerca de la importancia de la visión de género, tanto en lo institucional como en lo personal.

Me permito destacar, en parte, la solicitud de 168 funcionarios varones para asistir al curso de masculinidad que aproximadamente se estará brindando, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación.

Se han impartido ocho talleres y cursos de capacitaciones en materia de género, que han aprovechado 312 personas.

También se ha fortalecido la posición de la mujer en el Ministerio Público, con la creación de la Comisión de Género, a la que ya ha consultado la Fiscalía General para formar criterio y tomar algunas decisiones.

Esto se ha reflejado en la práctica forense. Son muchos los procesos tramitados y resueltos con condena en esta materia, pese a las dificultades probatorias y de otra naturaleza. Destaco el último de estos casos, en el que la Fiscalía de Flagrancias logró una condena de 5 años de presión por restricción a la libertad y amenazas en daño de un mujer. Con esto se abre un área de protección importante.

Destaco también el caso de una ciudadanía extranjera, de cuyo nombre hago reserva por razones que ustedes comprenderán. Esta señora, víctima de violencia intrafamiliar huyo de su país origen y vino a Costa Rica, en procura de un espacio de libertad y de una oportunidad de desarrollo personal para ella y para su hija. Después de un duro proceso de extradición que tardó muchos meses, en el que la Fiscalía se opuso a la entrega de la señora, no solo por razones de legalidad sino - y sobretodo - por razones de justicia, los tribunales costarricenses denegaron el pedido de extradición en un histórico fallo.

No me cabe duda que el tema de género será transversal en el Ministerio Público, no por imposición jerárquica, sino por la cultura institucional y por conciencia personal de las Fiscalas y de los Fiscales, de las servidoras y de los servidores.

En accesibilidad: se creó la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Años atrás visitamos distintos pueblos indígenas y después recibimos delegados de todos ellos en la Fiscalía General de la República; escuchamos sus quejas en cuanto al servicio que se les brindaba, o, sea dicho con mayor respeto: escuchamos sus quejas en cuanto al servicio que no se les brindaba. En razón de ello se creó la Fiscalía especializada, para que los indígenas tengan verdadero acceso a la justicia.

De momento la Fiscala de Asuntos Indígenas ha capacitado a las fiscalías cercanas a las poblaciones indígenas, pero confío en que poco a poco el servicio que debemos a estos costarricense sea de primera calidad.

Con fondos del Instituto Costarricense sobre Drogas que corresponde recibir al Ministerio Público, se licitó y adjudicó la construcción de una <<Fiscalía Móvil>>. Se trata de un automotor diseñado como oficina del Ministerio Público, que servirá para mejorar la capacidad de maniobra de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, pero también para otros despachos como la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y, por supuesto, la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Este proyecto de <<Fiscalía Móvil>> mejorará sensiblemente la accesibilidad de las poblaciones indígenas al servicio de administración de justicia.

En cuanto se ponga en marcha este proyecto, lo haremos de conocimiento de los pueblos indígenas.

En otro orden de ideas, se creó la Fiscalía Adjunta de Control de Gestión, que reúne las Fiscalías de Turno Extraordinario de San José, la Unidad de Trámite Rápido, la Unidad de Capacitación y Supervisión y la Unidad de Inspección Fiscal.

Esta Fiscalía Adjunta ha atendido con gran éxito los casos de flagrancias, logrando un 86% de sentencias condenatorias. Además, construye un sistema de control cuantitativo de todas las oficinas del país, que ha servido ya para la toma de decisiones en cuanto a la distribución del personal, según sean las necesidades impuestas por la criminalidad y por la aspiración de excelencia en el servicio público. Es, además, el eco del programa de la Corte Suprema de Justicia conocido como <<Gestión Integral de Calidad y Acreditación>>, GIGA.

Con el tiempo, este despacho contribuirá a la celebridad y excelencia en el servicio, así como a la mejor utilización de los recursos.

Quiero informar de nuestra decisión de rescatar Limón, en la parte que corresponde hacer al Ministerio Público. Hace cuatro meses la Fiscalía Adjunta de ese lugar está a cargo del Fiscal Adjunto Celso Gamboa, quien ha recibido la ayuda y asesoría in situ de los Fiscales Adjuntos Edgar Ramírez y Osvaldo Henderson, así como de la Fiscala Maribel Bustillo. En coordinación con la Fuerza Pública y, recientemente, con el nuevo Jefe del OIJ del lugar, se han activado expedientes, reducido la contumacia, decomisado todo tipo de armas, recopilado pruebas y abierto procesos contra los capos de los baby carteles y, sobre todo , desarticulado redes criminales locales.

Hoy, podemos informar que en este tiempo no se ha dado un solo caso de homicidio por sicarios, se han reducido los delitos contra la propiedad y la paz comienza a restablecerse en Puerto Limón.

La seguridad ciudadana ha mejorado sensiblemente, como consecuencia indirecta de la labor de la Fiscalía Adjunta de Limón, pero directamente por la presencia de la Fuerza Pública. Sin embargo, esto ha costado serias amenazas al Fiscal Adjunto, cuya seguridad debo agradecer a la Unidad de Protección de Funcionarios del OIJ, cuyos oficiales ven día y noche por la vida de don Celso; pero también a la señora Ministra de Seguridad Pública Jannina Del Vecchio, quien no ha puesto límites a la protección de este y de otros funcionarios del Ministerio Público con todos los medios a su alcance.

No obstante, debo hacer una advertencia, respetuosa pero clara: lo que se ha hecho en Limón por parte de la Fuerza Pública debe encontrarse una solución sostenible, o de lo contrario habrá una regresión que puede ser altamente violenta.

Hay una amenaza constante de los grupos organizados de la zona, para retomar posiciones y desatar una guerra contra las autoridades. La reclusión de algunos miembros de baby carteles, ha servido para que pacten entre ellos y se unan contra los entes de seguridad y justicia. En consecuencia: no podemos echar atrás lo andado hasta ahora. La presencia policial debe ser permanente y definitiva.

Para terminar con el tema de Limón, quiero destacar el valor de las Fiscalas Adjuntas de todo el país, quienes - ante las amenazas recibidas por el Fiscal Adjunto Celso Gamboa - constituidos en el Consejo Fiscal, recomendaron al Fiscal General de la República no trasladar al funcionario amenazado, para demostrar que el Ministerio Público no cede ante el crimen. Cada una y cada uno de ellos sabe que la misma solución habrá de darse, si son amenazadas o amenazados  en sus lugares de trabajo; pese a ello, asumieron el reto. Además, decidieron sesionar en Limón, y así se hizo con absoluta notoriedad, para llevar ese mensaje a la ciudadanía y a las autoridades. A todas las Fiscalas Adjuntas y a todos los Fiscales Adjuntos, mi respeto por su valentía.

Adelanto que planes como el de Limón, se llevarán a cabo en Puntarenas, en la Zona Sur y en otros lugares del país.

Este año, al igual que en años anteriores, contribuimos a la producción legislativa; concretamente con los proyectos de <<Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo>>, de <<Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Otros Intervinientes en el Proceso Penal>> y de <<Ley Contra la Delincuencia Organizada>>. Todos ellos son hoy leyes vigentes.

En virtud del segundo de ellos, se ha fortalecido - aunque no lo suficiente por razones económicas- la Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos. Hoy se cuenta con un albergue del Ministerio Público, cuya ubicación no se detalla por razones de seguridad, y, por lo mismo, no hubo ni habrá ceremonia de inauguración.

Este año culminó, en su fase el juicio oral, el caso conocido como Caja-Fischel. Después de cuatro años de trabajo, calculamos en 100 el número de funcionarias y funcionarios del Ministerio Público que pusieron mano sobre el expediente; desde auxiliares que hicieron fotocopias, chóferes que llevaron y trajeron los legajos, policías, fiscales auxiliares, fiscales y fiscales adjuntos. No puedo pronunciar nombres a riesgo de omitir y con ello ofender a alguien. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer el trabajo de quienes por meses atendieron el debate y terminaron con excelencia este juicio histórico; histórico no para el Ministerio Público ni para el Poder Judicial, sino para la Patria. Nuestro reconocimiento al Fiscal Adjunto Juan Carlos Cubillo, a los Fiscales Juan Carlos Carrillo y José Pablo Alvarado, así como a los auxiliares judiciales Jeffry Gonzaga y Carlos Ledesma.

Por razones de tiempo no puedo detallar otros casos importantes de las fiscalías especializadas y territoriales. Pero agradezco a cada Fiscala y a cada funcionaria, así como cada Fiscal y a cada funcionario por su mística y dedicación.

Así como muchas oportunidades he subrayado la cómoda posición del Ministerio Público, bajo el techo de la Corte Suprema, para actuar con independencia funcional, hoy, lamentablemente, debo señalar que están en discusión algunos temas que pueden burocratizar la reacción del Ministerio Público ante la criminalidad.

Me refiero a la tendencia de algunos magistrados de cerrar nuestra Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, para trasladar sus funciones a una oficina de la Corte. No puedo comprender cómo el sistema Groove de transmisión segura de datos entre el Ministerio Público de América, para actuar en tiempo real frente a la criminalidad transnacional, pueda ser operado fuera del Ministerio Público. No comprendo como nuestras relaciones con las Fiscalías Generales de otros países para acelerar las investigaciones, tendrán buen suceso si son filtradas por esa oficina de la Corte.

Me refiero a la idea de quitar la autoridad central de convenciones internacionales al Ministerio Público, para volver a la compleja tramitología de las asistencias internacionales y de intercambio de pruebas.

Me refiero a la limitación del uso de gastos confidenciales, otorgados por la ley al Fiscal General, para que sean otros entes los que decidan cómo se utilizan esos fondos, así como que se gasten de acuerdo a las regulaciones de una caja chica, impidiendo con ello la maniobra rápida de los fiscales y en algunos casos de la policía.

Me refiero a la tendencia a limitar la protección de la familia de funcionarios del Ministerio Público, aduciendo razones presupuestarias por encima de los riesgos para las vidas y la integridad de la personas.

De concretarse estos temas en decisiones de los jerarcas del Poder Judicial, se cortarán las alas al Ministerio Público, lo convertirá en una cosa inerte y solo favorecerá a la criminalidad. Costa Rica no merece este futuro. Costa Rica merece un Ministerio Público como el que hemos construido al día de hoy y aún mejor.

Creo que el Ministerio Público ha dado mucha muestra de ser una institución madura al servicio de la justicia y de la democracia. Tiene las credenciales para pedir, con el mayor de los respetos, que se le dé rango constitucional y un régimen similar al del Tribunal Supremo de Elecciones, para así fortalecer su independencia y potenciar su capacidad frente a la criminalidad. El Fiscal General debe ser nombrado por la Corte Plena, pero el Ministerio Público debe ser independiente.

A este tema dedicaré buena parte de mi trabajo en lo que me resta como Fiscal General.

Y, con el perdón de ustedes, ante tantos rumores desatados en los últimos mese, aclaro de una vez que nunca pensé dejar el cargo para incursionar en la política o en puestos políticos. Creo que estaré aquí por un rato más.

Muchas gracias.