San José, 1° de noviembre de 2.007.

Señoras Magistradas y señores Magistrados

Corte Suprema de Justicia

San José

Estimadas señoras y señores:

De conformidad con lo resuelto en la última sesión de Corte Plena, en punto a mi postulación para otro período como Fiscal General de la República, me permito rendir el siguiente informe de labores del ejercicio 2.003-2.007:

Metas alcanzadas:

Comienzo por señalar que durante los últimos tres años y once meses, he logrado los cinco objetivos fundamentales que me propuse cuando la  Corte Suprema de Justicia me designó en el cargo.

En su oportunidad, en 2.003, expuse mi propuesta a la Comisión encargada de entrevistar a los candidatos al cargo de Fiscal General de la República.

Los puntos en concreto son los siguientes:

1.- Nombramientos en propiedad: Se hicieron los nombramientos en propiedad de las Fiscalas y Fiscales, que para el 1° de diciembre de 2.003 llevaban años como interinos. Se han respetado rigurosamente sus derechos laborales, sobre todo el de vacaciones que por mucho tiempo no disfrutaron.

Al 1° de diciembre de 2.003, el 67% de las Fiscalas y de los Fiscales llevaban años trabajando interinamente. Hoy todas ellas y todos ellos están en propiedad y solamente hay interinos en las plazas nuevas o vacantes por renuncia o jubilación, de modo que la crisis del interinazgo ha quedado superada.

El esfuerzo de hacer estos nombramientos a golpe de tambor, se ha gratificado con el espléndido trabajo de las Fiscalas y de los Fiscales.

Debo reconocer la colaboración del Departamento de Personal al acompañarnos en esta enorme labor.

2.- Reducción circulante: Se creó el Sistema de Seguimiento y Control de Casos (SISPLAZO), lo que se tradujo en una reducción del circulante de 82.951 casos pendientes de investigación el 1° de enero de 2.004, a tan solo 46.126 el 1° de julio de 2.007.

No se trata de números muertos sino de un circulante vivo, afectado por el ingreso y la salida de asuntos, de tal modo que semejante reducción significó concluir 556.181 procesos, lo que se refleja hoy con el atasco en los Juzgados Penales y en los Tribunales de Juicio.

Para paliar esta crisis en los tribunales, el Consejo Superior constantemente nombra más jueces en distintos lugares, lo que obliga a multiplicar los esfuerzos de los fiscales, que deben atender más audiencias preliminares y más debates.

La labor ha sido dura: Primero la tarea de introducir todos los expedientes en el SISPLAZO, con ello logramos reducir el circulante de investigación, y ahora tenemos que enfrentar la gran cantidad de audiencias y debates que en este momento conspiran  contra la sostenibilidad de los números en los escritorios de Fiscalas y Fiscales, pues estos deben atender la gran cantidad de diligencias de última cita.

Ahora debemos hacer un esfuerzo más para no caer de nuevo en el fenómeno de circulante creciente y en la prescripción de acciones penales.

3.- Reactivación del Consejo Fiscal: El Consejo Fiscal fue reactivado y genera la política de persecución penal del país. En este período se fortaleció el Consejo Fiscal a lo interno del Ministerio Público. Ahora se reúne con periodicidad y se toman las decisiones de política de persecución penal del país.

Sin embargo, tengo la impresión que a lo externo del Ministerio Público nos resta concretar una proyección para que se le dé al Consejo Fiscal la importancia que merece. A este órgano integrado por el Fiscal General, quien lo preside, así como por todos los y las Fiscales Adjuntos del país, le corresponde por disposición legal diagnosticar el estado de la criminalidad, priorizar los objetivos de la persecución, ver los recursos con que se cuenta y hacer las recomendaciones pertinentes al Fiscal General de la República. Estas recomendaciones del Consejo Fiscal han sido tan importantes para mí que, a la fecha, solamente me he separado de una de ellas.

Además, cuando la decisión del Consejo Fiscal es acogida por el Fiscal General, la responsabilidad es colegiada; pero cuando el Fiscal General se separa de la asesoría, lo que solo podrá hacer exponiendo mejores razones, su responsabilidad es individual.

4.- Identidad institucional: Durante mi gestión el Ministerio Público ha fortalecido su identidad institucional, en torno a sus valores y a los objetivos de la política de persecución penal.

Nuestro trabajo gravita en torno a la igualdad, la objetividad, la imparcialidad, el conocimiento, la prudencia, la verdad, la transparencia y la integridad, que son las mejores herramientas para alcanzar las más nobles metas del Estado de Derecho: Justicia y Libertad.

Con estas metas y con estos valores nos identificamos todas las Fiscalas y funcionarias administrativas y todos los Fiscales y funcionarios administrativos.

Este es un logro importante que hace más grande al Ministerio Público, porque una institución sin identidad y sin unidad no puede cumplir con excelencia su función.

Subyace a nuestro deseo por hacer del Ministerio Público una institución de excelencia, la convicción de ser uno de los más importantes basamentos en que se apoya la democracia costarricense.

5.- Dirección funcional: Por acuerdo de los jerarcas del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, las relaciones con la policía judicial guardan total armonía. Fiscales y policía hemos formado un equipo de trabajo frente a la delincuencia.

Es indudable la mejoría de las relaciones entre Ministerio Público y OIJ, desde que el tema de la dirección funcional lo simplificamos en dos palabras: los fiscales dicen "Qué" prueba se necesita, en tanto los policías establecen "Cómo" se consigue. Cada uno respetando el ámbito profesional del otro para trabajar en equipo.

Otros retos:

Ahora bien, la cotidianidad nos puso al frente nuevos retos, de los que informo lo siguiente:

En estos años se resolvió el caso de Compensación Social; el secuestro y homicidio de Fabio Garnier; se investigó, se acusó y hubo condena en el caso del incendio del Hospital Calderón Guardia; se concluyeron, con sentencias condenatorias, los últimos procesos del Banco Anglo y de los CAT’s; y el "caso de Los Villalobos" por fraudes y violación de las normas de intermediación financiera, con gran cantidad de ofendidos, entre otros asuntos importantes.

Investigaciones penales de resonancia nacional iniciaron y concluyeron en este período. Algunas están en los Juzgados esperando audiencia preliminar y otras en los Tribunales de Juicio a la espera del señalamiento para debate. Entre ellas se encuentran los casos de corrupción de funcionarios públicos Caja-Fischel e ICE-Alcatel. En esta última investigación el gobierno de Francia autorizó al entonces Fiscal Carlos Morales y a mí en condición de Fiscal General de la República de Costa Rica, para actuar como Fiscales ante el Tribunal de Gran Instancia de París, como parte del trámite de una de las solicitudes de asistencia judicial dirigidas a ese país hermano agotando todas las posibilidades de obtener prueba contra uno de los imputados. En esa misma investigación coordinamos con la Fiscalía Federal de Fraudes de los Estados Unidos de América, la apertura de una causa penal contra un ciudadano francés y otro costarricense, como presuntos responsables por hechos de corrupción del caso ICE-Alcatel; y como resultado quedó preso en la Florida el sospechoso francés y se despachó orden de captura internacional contra el costarricense. Esto último, basado en la prueba recabada y entregada por el Ministerio Público costarricense al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Procesos complejos y de interés del público que fueron absueltos en juicio, después fueron anulados en casación ante recursos del Ministerio Público. Todavía queda pendiente en casación, entre otros, el homicidio de la periodista Ivannia Mora.

Amén de lo anterior, se descubrieron y desmantelaron organizaciones criminales dedicadas a secuestros extorsivos, explotación sexual infantil, tráfico y trata de personas −niñas y adultas− con fines de explotación sexual comercial o de esclavitud −a estos últimos se suman los adultos chinos que vienen por vía marítima−, tráfico de hermanos nicaragüenses, actividad creciente en lo que respecta al sicariato, redes de delitos informáticos, graves hechos de corrupción, cárteles colombianos asociados a los cárteles mexicanos, así como las FARC de Colombia que han establecido sus brazos de acción en Costa Rica, como la triada china, entre otros.

Las estructuras criminales que hoy enfrentamos han requerido un abordaje distinto al de los delitos convencionales, dada la gran lesividad que la delincuencia organizada ocasiona a las personas, a la economía, a la sociedad y al sistema democrático. El mayor problema es el sicariato y los secuestros.

Esto se tradujo en un replanteamiento del trabajo, con la integración de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General (UAFG), que, salvo en el caso de Ivannia Mora pendiente todavía el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, ha logrado condenatorias en los demás asuntos a su cargo, tales como homicidios por encargo y secuestros.

Otros logros:

Y debo resaltar lo siguiente:

1.- En accesibilidad: El Ministerio Público llegó hasta los indígenas de Talamanca. Al conocer de sus necesidades, gestionó para el próximo presupuesto una plaza de intérprete de lenguas indígenas, para que este sector de la población pueda conocer del contenido de las investigaciones penales. Así, las víctimas y los acusados indígenas no tendrán que esperar hasta la audiencia preliminar y el juicio, para enterarse de los pormenores de la causa. Dentro de esta misma visión, el personal del Ministerio Público acude a los cursos de lenguaje LESCO, para respetar los derechos de las personas con esta capacidad especial. Estas son manifestaciones de un Ministerio Público sensible y comprometido con la accesibilidad.

2.- Secuestros: El trabajo decidido contra la mafia china (las triadas) establecida aquí, dedicada −entre otros crímenes− a la comisión de secuestros extorsivos contra ciudadanos asiáticos: gracias al trabajo en equipo desarrollado durante 2.005 y 2.006, se neutralizó esta actividad. Labor que se realizó mediante intenso análisis y estudio, trazado estratégico y táctico de las investigaciones, planificación de acciones, y coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en lo que hace a inteligencia y operativos. El abandono de los secuestros extorsivos de ciudadanos chinos, es un efecto indirecto de la política de persecución del Ministerio Público que genera seguridad para una parte de nuestra población.

3.- Delitos informáticos: La reciente desarticulación del brazo local de una red dedicada a delitos informáticos, que trasladó, en tan solo tres meses, $8.000.000,oo de cuentas corrientes de bancos costarricenses a bancos de Etiopía y Rumanía. Es inestimable la cantidad de dinero que se ha dejado de sustraer a los cuentacorrentistas costarricenses desde que la Fiscalía de Fraudes de San José diera este exitoso golpe. Pero además, al día de hoy están desmanteladas todas las bandas que clonaban nuestras tarjetas de crédito y débito; esto no significa una solución definitiva, pero hemos dado un tiempo de protección al patrimonio de los tarjeta-habientes.

4.- Trata de personas: Se desarticuló una red internacional de trata de personas menores de edad (recién nacidos), que llevaba los niños y las niñas desde Guatemala hacia otros países, utilizando como puente a Costa Rica. En San José tuvo lugar el macabro descubrimiento de una casa utilizada como "granja de engorde" antes de las entregas. El caso terminó con sentencia condenatoria.

5.- Política de persecución agrario ambiental: La circular 01-05 contiene sistematizada, la política de persecución agrario ambiental. Se trata de un extenso documento preparado por la Fiscalía Adjunta de la materia y aprobado por el Consejo Fiscal. Dicha circular se está utilizando en otros países como base de la persecución penal en asuntos agrario ambientales.

6.- Casos de migración: Se han investigado varios casos de corrupción de funcionarios públicos en Migración, coadyuvando con la Dirección de Migración a hacer limpieza, ante la probable existencia de una red que falsifica documentos y visas para extranjeros, algunos con antecedentes criminales, con la finalidad de ingresarlos o mantenerlos en nuestro país con intenciones delictivas. Se han producido varias detenciones, son casos de difícil manejo e investigación debido a la complejidad de estas organizaciones.

7.- Casos de Registro Público: En esta lucha abierta contra la corrupción también hemos realizado operativos en el registro público contra funcionarios corruptos y hemos detenido y procesado a varios notarios públicos inescrupulosos que están dando al traste con la seguridad y fe pública registral, por ello como parte de las políticas de persecución nos oponemos a las conciliaciones en esta materia, queremos con mano dura atacar esta delincuencia y con ello devolverle la confianza a los costarricenses y a los inversionistas extranjeros.

8.- Grupos extranjeros: En tiempo record, haciendo uso de la oralidad procesal, se tramitó, ante el Juzgado Penal de Puntarenas, la extradición de uno de los "Hombres Fuertes" de las FARC de Colombia, quien tenía a su haber 137 homicidios de ancianos, mujeres y niños, en un ataque a una Iglesia rural de su país. Me refiero al caso Martínez Quinto. Es altísima la probabilidad de que otros u otras delincuentes de este grupo narco-guerrillero realicen operaciones ilícitas en el país.

9.- La detención de un ciudadano colombiano vinculado al M-19, en poder de más de $1.400.000,oo en efectivo que guardaba en su escritorio, ha permitido abrir una importante causa por lavado de dinero, que a la vez podría ser la puerta que permita investigar, en el futuro, temas relacionados a terrorismo, tráfico de armas y narcotráfico.

10.- Atención a víctimas: Por medio de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, se coordina la protección de víctimas, testigos e intervinientes del proceso. Esta oficina, junto con personal de la Presidencia de la Corte Suprema y de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, presentó un proyecto de ley sobre protección de víctimas y testigos. Esta oficina además atiende con perspectiva de género y de manera multidisciplinaria a las numerosas víctimas de violencia doméstica, usuarias de nuestro sistema penal, procurando su empoderamiento para salir del ciclo de violencia y a través de esfuerzos conjuntos con instituciones del Estado una mejoría en su condición de vida que le permita romper con esa relación abusiva. Sin embargo, conscientes de que el Estado no ha proveído suficientes recursos para atender esta problemática de manera  integral y como política estatal, hemos aprovechado todos y cada uno de los foros en la materia para estimular al Poder Ejecutivo a tomar consciencia de esta falencia e invertir más en la atención a estas víctimas y en la prevención.

11.- Violencia contra las mujeres: Preocupado por la desafortunada violencia que aqueja a las mujeres en nuestro país, al punto de que muchas han perdido su vida a manos de su pareja sentimental, emití la circular 16-2005, de fecha 22 de agosto de 2005, la cual anexo a este informe, y adelantándome a la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres, que entró en vigencia apenas el pasado mes de junio, giré la citada directriz de carácter vinculante a todas las fiscalas y todos los fiscales del país sobre la obligación de perseguir los delitos de lesiones causados por actos de violencia psicológica y de delitos cometidos mediante abuso de relaciones de poder. De tal suerte que, se obliga a perseguir como lesiones gravísimas, graves o leves, según se determine la incapacidad psicológica producto de las agresiones sufridas, por lo tanto no solo deben contemplarse las agresiones físicas para determinar la existencia de este tipo penal. Ahora bien, en cuanto al tema de los delitos cometidos bajo subordinación, esta directriz ordena a las fiscalas y a los fiscales realizar todos los esfuerzos necesarios para acreditar o descartar que la persona dominante sea instigador o autor mediato del delito con instrumento doloso, así el Ministerio Público al valorar la culpabilidad de la persona que actuó como autor material o como instrumento deberá determinar la exigibilidad de actuar conforme a derecho, de manera que según corresponda, se le atenúe o incluso se le exima total o parcialmente de sanción penal.

De igual forma emití la circular número 14-2006, de fecha 26 de abril de 2006, la cual fue producto de un diferendo con los Juzgados de Violencia Doméstica, quienes bajo la excusa de no tener competencia para disponer la libertad de las personas, trasladaban al Ministerio Público los agresores detenidos sin existir delito alguno que perseguir y sin emitir medidas de protección a la mujer agredida, de conformidad con la ley, ocasionándole a esta víctima un perjuicio que ponía en peligro su integridad física y hasta su vida, y en segundo lugar violentaban los derechos de los detenidos. Lo anterior por cuanto al no existir delito alguno que perseguir, el Ministerio Público se encuentra imposibilitado legalmente para actuar y solicitar al juez penal medidas a favor de esta víctima o medidas cautelares contra el detenido. Este diferendo se llevó hasta el Consejo Superior, que en sesión No. 88.05, celebrada el 08 de noviembre de 2005, en el artículo LXXIX, acogió mi tesis y como consecuencia ordené una serie de reglas de acatamiento obligatorio que entre otras está presentar queja ante la Inspección Judicial para sentar la responsabilidad disciplinaria del Juez de Violencia Doméstica.   

11.- Coordinación con cuerpos de policía: En 2.006 convoqué a una reunión de alto nivel, con los jerarcas de Seguridad Pública y Justicia, así como con todos los altos jefes de los distintos cuerpos policiales del país. Asistieron observadores de la DEA y de la policía francesa. La reunión se llevó a cabo en Punta Cocles, Limón, donde se estudió el fenómeno criminal de esa provincia. A raíz de ese encuentro se realizó, meses después, la "Operación Caribe", en virtud de la cual fueron trasladados a la ciudad de Limón casi 100 policías, entre Fuerza Pública y OIJ, cuya presencia evitó por seis semanas que se diera algún homicidio en esa ciudad. Además, se logró la aprehensión de personas rebeldes o condenadas, al tiempo de desarticular pequeños cárteles locales. El OIJ cumplió el compromiso con ayuda económica del Ministerio Público, que aportó una suma de los gastos confidenciales de la Fiscalía General.

12.- Crimen organizado: El Ministerio Público, junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas, entregó al Poder Ejecutivo el Proyecto de Ley Contra la Delincuencia Organizada, que incluye los instrumentos procesales para la lucha contra las redes criminales. Al compartir experiencias con el Procurador Nacional Antimafia de Italia Pietro Grasso, fue claro al señalar que la lucha contra la mafia en su país afrontó idénticos problemas que los nuestros, por lo que ofreció toda la cooperación y experiencia para formar en Costa  Rica la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado, con su correspondiente Sección en el Organismo de Investigación Judicial. Esta es una tarea pendiente para el Ministerio Público costarricense. En el mismo sentido hemos recibido gentiles ofertas de cooperación del Fiscal Jefe de la Fiscalía de Contra-Terrorismo de España Javier Zaragoza, así como de la señora Natalie Griecco en su condición de agregada policial de la Embajada de Francia. Ahora casi todas las actividades delictivas corresponden a crimen organizado, por lo que urge el equivalente para enfrentarlo. Igualmente, se ha urgido la pronta aprobación de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, para lo cual se ha conversado tanto con el Presidente de la Asamblea Legislativa Francisco Antonio Pacheco, como con el Canciller Bruno Stagno.

13.- Intervenciones telefónicas: La iniciativa para crear un Centro de Intervenciones Telefónicas, iniciativa que ahora está en manos del Instituto Costarricense sobre Drogas, nació en la Fiscalía General. Para ello, con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos de América, se organizó una visita de observación a un centro de la DEA en Miami, por una comisión Presidida por el Magistrado Luis Paulino Mora e integrada por el Magistrado José Manuel Arroyo, el Juez Rafael Gullock, el Jefe de Estupefacientes del OIJ Carlos Chacón, el director de la Policía de Control de Drogas y el Fiscal General. En este tema, a lo interno del Ministerio Público se han establecido controles de las solicitudes de intervenciones telefónicas, como forma de evitar que sea la primera fuente de investigación, pues se trata de la suspensión de una garantía constitucional.

14.- Narcotráfico y legitimación de capitales: La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico continúa atendiendo casos de redes de narco-actividad y legitimación de capitales derivados del narco-tráfico. Sin embargo, el blanqueo de dinero, de conformidad con la ley vigente es el que proviene de la comisión de cualquier delito grave, en razón de lo cual el Ministerio Público abrió estas investigaciones a otras materias, de modo que ahora se atienden asuntos de legitimación de capitales derivados de fraudes, robo de vehículos, sicariato, trata de personas y delitos económicos. Además, ahora no esperamos a resolver el hecho principal para después investigar la legitimación de capitales, sino que procedemos simultáneamente. En otras situaciones actuamos preventivamente, como en conocido caso Quintavalle, en el que sin esperar denuncia, tanto el Ministerio Público como el Instituto Costarricense sobre Drogas habíamos iniciado las investigaciones.

15.- Situaciones de crisis: Ante la ausencia de legislación para atender situaciones de crisis, por primera vez ejercí la potestad del Fiscal General de la República de emitir una instrucción general, en este caso la 01-05, vinculante para todas las autoridades policiales del país, para la atención de eventos críticos. Sin embargo urge la aprobación de una ley o de al menos un decreto que solvente la laguna del ordenamiento en este caso. De aprobarse el proyecto de Ley Contra la Delincuencia Organizada, quedará cubierto este aspecto.

16.- Propiedad intelectual: Las ofensas contra la propiedad intelectual son protegidas por el Ministerio Público en un marco más amplio que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, pues en tanto dicho país solamente interviene cuando el delito se relaciona con terrorismo, narcotráfico o lavado de dinero, en Costa Rica se actúa frente a esos supuestos y además, cuando los artículos falsificados ponen en peligro la salud de las y los consumidores. El resto de los asuntos deben tramitarse mediante querella o por conversión de la acción pública en privada.

17.- Atención de asuntos internacionales: La Fiscalía General logró establecer relaciones con Fiscalías Generales de otros países, para el intercambio de información y la coordinación de operativos. Igualmente se estableció un sistema de control y seguimiento de cartas rogatorias y asistencias judiciales internacionales activas y pasivas. Además, el Ministerio Público de Costa Rica forma parte de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, del Foro de Cuernavaca (junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los Ministerio Públicos de Colombia y Centroamérica), así como del Consejo de Ministerios Públicos de Centroamérica. Por dos años ejercí en mi condición de Fiscal General la presidencia del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericanos, y recientemente fui designado como Secretario de ese Consejo y al Ministerio Público de Costa Rica como Secretaría Técnica. De aquí partirá la coordinación y políticas para perseguir y castigar el crimen transnacional en el istmo. A solicitud nuestra y con la colaboración de la Embajada de Francia en nuestro país, el día de hoy los gobiernos de Costa Rica y Francia trabajan en un convenio internacional de asistencia judicial internacional y otro de extradición, que se encuentran avanzados.

18.- Gestionamos y recibimos la ayuda de las Embajadas de Italia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos de América, España y de Colombia. La Embajada de Italia junto con UNICRI y PANIAMOR, nos donó el software para enlazar con la Fiscalía de Delitos Sexuales de San José, todas las causas del país en esta materia, lo que en el mediano plazo, estoy seguro, redundará en una mejora de la eficacia de las investigaciones. La Embajada de Gran Bretaña donó el equipo y capacitación para entrevistas de víctimas  de delitos sexuales, para evitar su re-victimización y hace meses se utiliza con buen suceso en San José; y una segunda donación consistió en un Taller sobre recuperación de dineros comisados y decomisados en materia de legitimación de capitales. La Embajada de los Estados Unidos de América ha contribuido con la donación de equipos para la persecución de los delitos sexuales, así como con capacitación. Hemos recibido también donaciones y capacitación de las Embajadas de Francia, España y Colombia.

19.- En días recientes establecimos relación con la Embajada China, con la que se hacen los preparativos para suscribir un Convenio con el Ministerio Público de ese país, que nos permita mayor eficacia en la lucha contra el trasiego, explotación sexual y la esclavitud de inmigrantes de esa nacionalidad.

20.- Hemos participado activamente en foros internacionales con UNODC, ILANUD y el Fondo Monetario Internacional en materia de combate al terrorismo, a la corrupción y a la legitimación de capitales.

21.- Equipos de investigación con autoridades extranjeras: Por primera vez se ejerció la potestad del Fiscal General de integrar equipos conjuntos de investigación con autoridades extranjeras, de conformidad con el artículo 65 del Código Procesal Penal, para lo cual se firmaron acuerdos para casos concretos.

22.- Con fundamento en uno de esos convenios de cooperación internacional para el caso concreto, colaboramos con la policía del Servicio Postal y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la desarticulación en suelo costarricense de una organización criminal que estafó a más de 10 mil ciudadanos de los Estados Unidos, por un monto aproximado de 400 millones de dólares. La operación fue conocida en todo el mundo como "Global Con".

23.- Investigaciones en el exterior: Gracias al Poder Legislativo, que incluye en la Ley de Presupuesto Nacional una partida de gastos confidenciales de la Fiscalía General, desde 2.005 se han logrado avances importantes en investigación en el extranjero. La globalización de la criminalidad, que llegó primero, ha obligado a ir más allá de las fronteras a investigar o a recabar prueba. Así, hay Fiscales que han estado en esa misión en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Las Antillas, Miami, New York, Washington, Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia. Esto nos ha convertido en un Ministerio Público relativamente poderoso, pues la mayor fortaleza, por encima de instalaciones adecuadas que siempre son necesarias, está la capacidad de maniobra y de reacción frente al delito.

24.- Atención de demandas por violación de derechos humanos: Por primera vez, el Ministerio Público patrocinó al gobierno de Costa Rica en una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, concretamente en el caso Nicaragua vs. Costa Rica, por la desafortunada muerte del ciudadano nicaragüense Natividad Canda Mairena, por el ataque de dos perros en Cartago. En esta oportunidad la Embajadora de Costa Rica en México Gioconda Úbeda tuvo a su cargo la defensa procesal, en tanto a mí, en mi condición de Fiscal General, me correspondió la defensa de fondo. Con ello el Ministerio Público contribuyó a la absolutoria a favor de nuestro país, constituyendo una victoria judicial internacional celebrada por el pueblo costarricense. La Cancillería ha solicitado al Poder Judicial, autorización para que el Ministerio Público colabore en este tipo de procesos siempre que así lo requiera el Ministro de Relaciones Exteriores.

24.- Comisión interinstitucional: Por iniciativa mía, la cual fue compartida posteriormente por la Procuradora General Ana Lorena Brenes, conformamos la Comisión Interinstitucional, a la que asiste también la Contralora General de la República Rocío Aguilar. Nos reunimos periódicamente para coordinar las investigaciones y casos que, conjuntamente abordados, permiten disminuir el tiempo de investigación y eliminar la duplicidad, así como evitar la prueba ilegal para los procesos penales.

25.- Proyecto Poder Judicial-BID: Del proyecto PJ-BID, corresponde una inversión al Ministerio Público de $6.005.000,oo, de los cuales al día de hoy se han ejecutado $1.796.446,5 y se han comprometido $2.395.430,oo, para un total de $4.191.870.5; quedando un saldo disponible de $1.814.129.5. Lo invertido corresponde al hardware y software para todo el Ministerio Público, la página Web, manuales y protocolos de actuación, la oficina de atención a víctimas de delitos, fortalecimiento del recurso humano, oralidad, una maestría de derecho penal para fiscales y capacitación en gerencia; además se contribuye con el OIJ en digitalización de fotografías para el expediente electrónico, ampliación del Expediente Criminal Único, radios encriptados y herramientas informáticas para la Oficina de Planes y Operaciones.

26.- Percepción externa: La percepción externa es positiva, en virtud del trabajo realizado hasta ahora, sobre todo en la lucha contra la corrupción. Constantemente se reciben mensajes de apoyo vía teléfono, por correo electrónico y telegramas; incluso, el Ministerio Público, en mi persona, fue galardonado en cuatro oportunidades con el "Premio Nacional de Valores 2.005", con el "Premio al Funcionario Público del Año 2.004", con las dedicatorias de las Graduaciones de la Universidad Nacional 2.004 y del Colegio Universitario de Alajuela 2.005. En todas ellas, se hizo énfasis en la lucha contra la corrupción. Constantemente recibo reconocimientos de la sociedad civil; la semana anterior, mientras estaba fuera del país, en mi nombre una Fiscala Adjunta recibió un reconocimiento del Centro Cristiano de San José. Además:

Al interno del Ministerio Público: El día 30 de octubre, el Consejo Fiscal apoyó por unanimidad mi postulación para otro período como Fiscal General, de lo que está enterada la Corte por la comunicación oficial. La moción no estaba agendada y fue una iniciativa de los Fiscales Adjuntos; durante su discusión y resolución me ausenté del recinto.

A nivel nacional: Es importante destacar que en la "Encuesta sobre corrupción en Costa Rica", preparada en 2.006 por el doctor Jorge Poltronieri de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio Público es percibido como una de las instituciones menos corruptas del país, superada positivamente por las universidades públicas, la radio, las ONG’s, las universidades privadas y la prensa escrita. Dicho estudio evidenció además, que la ciudadanía no sabe dónde denunciar la corrupción (pp. 24-25), en razón de lo cual al 1° de noviembre pasado entregamos a la Ministra de Justicia Laura Chinchilla, la cantidad de mil afiches invitando a la ciudadanía a denunciar la corrupción ante el Ministerio Público, para lo cual se incluye el listado de teléfonos de todas las fiscalías del país.

A nivel continental: "Según el CEJA, el Ministerio Público de Costa Rica obtuvo un índice de 53.1% respecto a la información que dispone el usuario a través de Internet, pasando así del séptimo al cuarto lugar. Respecto de 2.004, el índice aumentó más de 20%." (CEJA: Reporte sobre la Justicia de las Américas 2006-2007, p. 192.)

A escala mundial: En Londres, en septiembre pasado, "La organización Transparencia Internacional (TI) destacó que Costa Rica figura entre las naciones que obtuvieron importantes progresos este año en el índice de percepción de corrupción del 2.007 [...] Costa Rica subió de una puntuación de 4,1 a un 5 sobre 10 (nivel de corrupción) y pasó de la posición 55 a la 46 en la lista general y su caso, según la organización, puede servir para ilustrar la importancia de contar con instituciones autónomas y respetadas que puedan ayudar a luchar contra la corrupción./Hace algunos años, el país experimentó un descenso de su puntuación, pero la independencia y la acción del sistema judicial pueden haber ayudado a mejorar la imagen del Gobierno y los políticos [...]". Para que funcione el sistema judicial, debe actuar el Ministerio Público y esta ha sido nuestra contribución en esta lucha.

Hoy, todas las funcionarias y todos los funcionarios del Ministerio Público, presentamos una institución más unida, con identidad propia, empoderada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con mejor ejercicio de la dirección funcional de la policía, con un Consejo Fiscal generador de la política de persecución, con capacidad de reacción ante la criminalidad, y con transparencia reconocida a nivel local, continental y a escala global.

Dejo así rendido mi informe.

Aprovecho la oportunidad para hacerles llegar un atento saludo,

Francisco Dall’Anese Ruiz

Fiscal General de la República