Discurso del Fiscal General de la República

XXXII Aniversario del Ministerio Público

5 de noviembre de 2.007

Comienzo estas palabras por agradecer a todas y a todos ustedes, la gentileza de interrumpir sus labores del día para acompañarnos en un aniversario más de nuestra institución.

Tenemos un espacio para informar, a grandes rasgos, acerca de la labor del Ministerio Público en los últimos cuatro años.

Cuando la Corte Suprema de Justicia me nombró Fiscal General de la República, agradecí el honor de confiarme la dirección de una de las instituciones más importantes, pero sobre todo necesaria, para el buen funcionamiento del Estado de Derecho.

Tal como lo he dicho en otras ocasiones: Hoy, después de casi cuatro años de mi designación, ya a punto de expirar mi período, debo agradecer a los Magistrados de la Corte Suprema por otro honor más grande que acompañara al anterior, como es el de encabezar a un grupo de mujeres y de hombres con una indudable vocación por el valor, el trabajo y el compromiso con la Patria; se trata de un grupo humano cuya vocación por la Justicia y por la igualdad, ha hecho que el Ministerio Público de Costa Rica lleve hasta  las últimas consecuencias la acción penal pública, sin importar la estatura económica, social o política del imputado que se hubiese tenido al frente, haciendo gala en todo momento de la objetividad y de la imparcialidad necesarias para investigar y acusar.

Cuando digo esto, no pienso solo en las Fiscalas y en los Fiscales, sino también en el personal que nos apoya administrativamente, sin cuya ayuda sería inviable el impulso que en los últimos años hemos dado a la institución.

Imagino a quienes, en este momento, están recopilando pruebas o datos para formar alguna causa, tal vez a riesgo de su integridad física mientras se desplazan en una panga por los caudalosos ríos de nuestro país, o a quienes a caballo o a pie penetran las montañas, a quienes en alguna playa remota se preparan para incautar drogas, a quienes en este momento allanan una casa o levantan un cadáver. Se trata de decenas de héroes y de heroínas silenciosos, que hacen de la ley penal un hecho en cada rincón del país.

Vienen a mi mente las imágenes de Fiscalas y de Fiscales reunidos con su equipo administrativo y con los policías del Organismo de Investigación Judicial, para analizar alguna causa o para planear alguna diligencia. Puedo visualizar el compromiso en la elaboración de operativos, tratando al máximo de que todo salga a la perfección.

Soy testigo de las horas de preparación de debates o de recursos de casación por parte de los funcionarios del Ministerio Público, soy testigo de su satisfacción cuando coronaron un buen caso, como de su frustración frente a alguna sentencia injusta. Pero también soy testigo de la decisión de no rendirse ante el crimen no obstante la adversidad de los recursos materiales.

Reducción del circulante:

A todas y a todos ellos, hoy expreso mi gratitud por recibirme de buena manera cuando viene a la Fiscalía General, como por haber dado sin descanso cuando se les pidió poner al día sus despachos, mediante la aplicación del Sistema de Seguimiento y Control de Casos (SISPLAZO), lo que los obligó a trabajar para reducir el circulante de 82.951 casos pendientes de investigación el 1° de enero de 2.004, a tan solo 46.126 el 1° de julio de 2.007. No se trata de números muertos sino de un circulante vivo, afectado por el ingreso y la salida de asuntos, de tal modo que semejante reducción significó concluir 556.181 procesos, lo que se refleja hoy con el atasco en los Juzgados Penales y en los Tribunales de Juicio. Para paliar esta crisis en los tribunales, la Corte Suprema constantemente nombra más jueces en distintos lugares, lo que obliga a multiplicar los esfuerzos de los fiscales, que deben atender más audiencias preliminares y más debates.

Después de tanto esfuerzo, pareciera que la normalidad no llega. Primero fue la tarea de introducir todos los expedientes en el SISPLAZO, con lo que se redujo el circulante de investigación, pero la cantidad de audiencias y debates ahora conspira contra la sostenibilidad de los números en los escritorios de Fiscalas y Fiscales.

Ahora debemos hacer un esfuerzo más para no caer de nuevo en el fenómeno de circulante creciente y en la prescripción de acciones penales.

Nombramientos:

Al 1° de diciembre de 2.003, el 67% de las Fiscalas y de los Fiscales llevaban años trabajando interinamente. Hoy todos ellos están en propiedad y solamente hay interinos en las plazas nuevas o vacantes por renuncia o jubilación, de modo que la crisis del interinazgo ha quedado superada. El esfuerzo de hacer estos nombramientos a golpe de tambor, se ha gratificado con el espléndido trabajo de las Fiscalas y de los Fiscales. Debo reconocer la colaboración del Departamento de Personal al acompañarnos en esta enorme labor.

Dirección funcional:

Este es un momento para agradecer al Organismo de Investigación Judicial, desde la Dirección General en la persona de don Jorge Rojas Vargas, hasta los oficiales de sitios alejados, por haber comprendido la intención del Ministerio Público de mejorar el servicio que nos corresponde y formar equipo con los fiscales. Extiendo este agradecimiento a los peritos del Departamento de Ciencias Forenses, por todo el esfuerzo y atención a nuestras necesidades.

Es indudable la mejoría de las relaciones entre Ministerio Público y OIJ, desde que el tema de la dirección funcional se simplificó en dos palabras: los fiscales dicen "Qué" prueba se necesita, en tanto los policías establecen "Cómo" se consigue. Cada uno respetando el ámbito profesional del otro para trabajar en equipo.

Fortalezas del Ministerio Público:

Sirva esta oportunidad para agradecer también a quienes desde afuera nos han atacado, mostrando parcialmente nuestras estadísticas e interpretándolas caprichosamente para perjudicarnos, hechas por una empresa desconocida y sin nombre responsable; también a algunos imputados y abogados defensores, que han pretendido hacer creer a la opinión pública que conspiramos en su contra o que ofrecemos el cielo a los testigos para que mientan; gracias a todos ellos porque nos han permitido demostrar las fortalezas y formar el carácter institucional del Ministerio Público, pues no hemos caído un minuto y seguimos con un trabajo constante, objetivo e imparcial.

Gracias también a las poquísimas sentencias que cuestionaron nuestra imparcialidad y objetividad; gracias porque esos fallos pusieron a prueba nuestra paciencia y nuestra prudencia, así como el profesionalismo de llevar esos procesos más allá hasta someter nuestros argumentos al examen de la casación. Al ganar las impugnaciones, Costa Rica ha salido victoriosa en los asuntos de mayor resonancia. Si bien hemos aclarado siempre nuestra posición ante el público, según lo establece el artículo 5 de nuestra Ley Orgánica, nunca caímos en el litigio extra-procesal.

Es de justicia hacer aquí un paréntesis para aclarar, una vez más, mi posición acerca de una noticia aparecida en un periódico bajo el título: "Dall’Anese critica a jueces". La noticia no dice que se basa en un informe solicitado por el Consejo Superior del Poder Judicial, para conocer de los obstáculos que impiden al Ministerio Público y a la policía judicial realizar su trabajo; no fue una crítica oficiosa de mi parte. Es un informe rendido desde marzo pasado, al que ni siquiera el Consejo Superior ha dado la trascendencia que ahora −en letra roja y a ocho columnas− el periodista sí le da. Ya no es noticia, pues se trata de un acontecimiento de hace ocho meses, que ahora curiosamente −pero muy curiosamente− se desempolva y se hace coincidir con la Asamblea General de la Asociación Costarricense de la Judicatura, generando con ello el descontento de los jueces. Amén de lo anterior, el informe que rendí ante el Consejo Superior no cita nombres y es claro en cuanto se mencionan casos que han obstaculizado la labor del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, sin que se pueda generalizar a todos los jueces del país. El titular periodístico no refleja, aunque sí lo hace el contenido de la noticia, que también informé al Consejo Superior de los errores de los fiscales. Por la forma como se ha dado a conocer, pareciera un ataque oficioso de mi parte a las juezas y a los jueces costarricenses, y esa impresión que se dio con el titular periodístico desdibuja la verdad sobre cómo se dieron los hechos.

Retomo el tema que ahora nos concita: Gracias a los pocos que desde adentro traicionaron su labor de Fiscalas y de Fiscales, porque eso nos ha permitido probar que el Ministerio Público persigue el delito sin importar la posición o condición de los autores y de los cómplices; gracias porque hemos tenido oportunidad de demostrar la transparencia de nuestra institución y del Poder Judicial.

Todo esto nos ha hecho crecer y formar una institución con identidad propia.

Identidad institucional:

Esa identidad hoy simbolizada por las tres banderas que hacen escolta al pabellón nacional.

El negro, que es la ausencia de color simboliza la igualdad, objetividad e imparcialidad del Ministerio Público; no olvidemos que el negro es el color de la justicia, por lo cual en la mayoría de los países donde tradicionalmente se usa la toga esta es de color negro. La bandera negra lleva la placa plateada que identifica a Fiscales y Fiscales Auxiliares, que son la mayoría de nuestros funcionarios y funcionarias.

El rojo es utilizado para reconocer la capacidad y la prudencia de juzgar correctamente, por lo que en algunos países donde se usa la toga negra, se permite combinar el rojo sobre el negro para distinguir a los mejores jueces. En nuestro caso el rojo corresponde al Consejo Fiscal por ser el órgano encargado de producir la política de persecución y asesorar al Fiscal General. La bandera roja lleva la placa plateada con dorado, que es la utilizada por los Fiscales Adjuntos quienes integran el Consejo Fiscal.

El azul es el símbolo de la libertad y del des-apego a lo material, bellamente utilizado por Julián Marchena cuando en su poema "Alas en fuga" manifiesta su deseo de "[...] huir de todo lo que sea humano y [embriagarse] de azul/ser soberano de dos inmensidades: mar y cielo [...]". El azul de nuestra bandera simboliza la libertad y lleva la placa dorada del Fiscal General, quien está en el deber de velar por la libertad de los costarricenses.

Las tres placas en las banderas, están rodeadas de un aro en que se inscriben los valores del Ministerio Público: verdad, transparencia e integridad.

Así, nuestra simbología gravita en torno a la igualdad, la objetividad, la imparcialidad, el conocimiento, la prudencia, la verdad, la transparencia y la integridad, que son las mejores herramientas para alcanzar las más nobles metas del Estado de Derecho: Justicia y Libertad.

Con estas metas y con estos valores preciosamente simbolizados en nuestras banderas, nos identificamos todas las Fiscalas y funcionarias administrativas y todos los Fiscales y funcionarios administrativos. Esas banderas son el concentrado de nuestra identidad institucional.

Este es un logro importante que hace más grande al Ministerio Público, porque una institución sin identidad y sin unidad no puede cumplir con excelencia su función.

Subyace a nuestro deseo por hacer del Ministerio Público una institución de excelencia, la convicción de ser uno de los más importantes basamentos en los que se apoya la democracia costarricense. Nuestra misión en el contexto en que un pueblo y una prensa valiente denuncian graves delitos, no puede ser otra que iniciar las investigaciones para tratar de determinar con pruebas la verdad y, en tanto corresponda, llevar las causas a juicio y procurar la condena para los responsables. Un Ministerio Público que viva para una justicia democrática, debe reaccionar ante la denuncia de crímenes de alta lesividad social. Esa forma de sostener el Estado de Derecho, es nuestra aspiración de todos los días.

Consejo Fiscal:

En este período se fortaleció el Consejo Fiscal. Ahora se reúne con periodicidad y se toman las decisiones de política de persecución penal del país.

Tengo la impresión que desde afuera del Ministerio Público no se da al Consejo Fiscal la importancia que merece. A este órgano integrado por el Fiscal General, quien lo preside, así como por todos los y las Fiscales Adjuntos del país, le corresponde por disposición legal diagnosticar el estado de la criminalidad, priorizar los objetivos de la persecución, ver los recursos con que se cuenta y hacer las recomendaciones pertinentes al Fiscal General de la República. Estas recomendaciones del Consejo Fiscal han sido tan importantes para mí que, a la fecha, solamente me he separado de una de ellas.

Además, cuando la decisión del Consejo Fiscal es acogida por el Fiscal General, la responsabilidad es colegiada; pero cuando el Fiscal General se separa de la asesoría, lo que solo podrá hacer exponiendo mejores razones, su responsabilidad es individual.

Es muy importante que esto se sepa, porque no ha faltado la pretensión de algunos, contra-legem, de llevar las decisiones sobre política de persecución a otros centros de poder. Diseñar la política de persecución en el Ministerio Público, garantiza a los ciudadanos que se responde a la delincuencia más lesiva para Costa Rica, sin caer en la tentación de poner la persecución penal al servicio de intereses particulares.

Metas alcanzadas:

A manera de resumen de lo dicho hasta este punto, señalo que durante los últimos tres años y once meses, he logrado los cinco objetivos fundamentales que me propuse cuando la  Corte Suprema de Justicia me designó en el cargo:

1.- Se han hecho los nombramientos en propiedad de las Fiscalas y Fiscales, que para el 1° de diciembre de 2.003 llevaban años como interinos. Se han respetado rigurosamente sus derechos laborales, sobre todo el de vacaciones que por mucho tiempo no disfrutaron.

2.- Se logró reducir el circulante nacional de 82.951 expedientes a 46.126. Esto significó terminar 556.181 investigaciones penales.

3.- El Consejo Fiscal fue reactivado y genera la política de persecución penal del país.

4.- El Ministerio Público ha fortalecido su identidad institucional, en torno a sus valores y a los objetivos de la política de persecución penal.

5.- Las relaciones con la policía judicial han mejorado sensiblemente.

Esta fue mi propuesta cuando me entrevistaron los Magistrados en momentos en que yo aspiraba a ser Fiscal General. La totalidad la hemos cumplido.

Otros retos:

Ahora bien, la cotidianidad nos puso al frente nuevos retos que atender, de los que informo lo siguiente:

En estos años se resolvió el caso de Compensación Social; el secuestro y homicidio de Fabio Garnier; se investigó, se acusó y hubo condena en el caso del incendio del Hospital Calderón Guardia; se concluyeron, con sentencias condenatorias, los últimos procesos del Banco Anglo y de los CAT’s; y el "caso de Los Villalobos" por legitimación de capitales con gran cantidad de ofendidos, entre otros asuntos importantes.

Investigaciones penales de resonancia nacional iniciaron y concluyeron en este período. Algunas están en los Juzgados esperando audiencia preliminar y otras en los Tribunales de Juicio a la espera del señalamiento para debate. Entre ellas se encuentran los casos Caja-Fischel e ICE-Alcatel. En esta última investigación el gobierno de Francia autorizó al entonces Fiscal Carlos Morales y a mí en condición de Fiscal General de la República de Costa Rica, para actuar como Fiscales ante el Tribunal de Gran Instancia de París, como parte del trámite de una de las solicitudes de asistencia judicial dirigidas a ese país hermano. En esa misma investigación coordinamos con la Fiscalía Federal de Fraudes de los Estados Unidos de América, la apertura de una causa penal contra un ciudadano francés y otro costarricense, como presuntos responsables por hechos de corrupción del caso ICE-Alcatel; y como resultado quedó preso en la Florida el sospechoso francés y se despachó orden de captura internacional contra el costarricense. Esto último, basado en la prueba que entregó el Ministerio Público costarricense al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Procesos complejos y de interés del público que fueron absueltos en juicio, después fueron anulados en casación ante recursos del Ministerio Público. Todavía queda pendiente en casación, entre otros, el homicidio de la periodista Ivannia Mora.

Amén de lo anterior, se descubrieron y desmantelaron organizaciones criminales dedicadas a secuestros extorsivos, explotación sexual infantil, tráfico y trata de personas −niñas y adultas− con fines de explotación sexual comercial o de esclavitud −a estos últimos se suman los adultos chinos que vienen por vía marítima−, tráfico de hermanos nicaragüenses, actividad creciente en lo que respecta al sicariato, redes de delitos informáticos, graves hechos de corrupción, cárteles colombianos asociados a los cárteles mexicanos, así como las FARC de Colombia que han establecido sus brazos de acción en Costa Rica, como la triada china, entre otros.

Las estructuras criminales que hoy enfrentamos han requerido un abordaje distinto al de los delitos convencionales, dada la gran lesividad que la delincuencia organizada ocasiona a las personas, a la economía, a la sociedad y al sistema democrático. El mayor problema es el sicariato y los secuestros.

Esto se tradujo en un replanteamiento del trabajo, con la integración de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General (UAFG), que, salvo en el caso de Ivannia Mora pendiente todavía el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, ha logrado condenatorias en los demás asuntos a su cargo, tales como homicidios por encargo y secuestros.

Otros logros:

Y debo resaltar lo siguiente:

1.- En accesibilidad: El Ministerio Público llegó hasta los indígenas de Talamanca. Al conocer de sus necesidades, gestionó para el próximo presupuesto una plaza de intérprete de lenguas indígenas, para que este sector de la población pueda conocer del contenido de las investigaciones penales. Así, las víctimas y los acusados indígenas no tendrán que esperar hasta la audiencia preliminar y el juicio, para enterarse de los pormenores de la causa. Dentro de esta misma visión, el personal del Ministerio Público acude a los cursos de lenguaje LESCO, para respetar los derechos de las personas con esta capacidad especial. Estas son manifestaciones de un Ministerio Público sensible y comprometido con la accesibilidad. Nuestro agradecimiento al Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial, que hoy nos apoya con la interpretación de estas palabras al lenguaje LESCO, ayudándonos a llevar a todos nuestro mensaje. Esperamos, en un futuro cercano, que lo mismo se pueda hacer, pero con el personal del Ministerio Público.

2.- Secuestros: El trabajo decidido contra la mafia china (triada) establecida aquí, dedicada −entre otros crímenes− a la comisión de secuestros extorsivos contra ciudadanos asiáticos: gracias al trabajo en equipo desarrollado durante 2.005 y 2.006, se neutralizó esta actividad. Labor que se realizó mediante intenso análisis y estudio, trazado estratégico y táctico de las investigaciones, planificación de acciones, y coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en lo que hace a inteligencia y operativos. El abandono de los secuestros extorsivos de ciudadanos chinos, es un efecto indirecto de la política de persecución del Ministerio Público que genera seguridad para una parte de nuestra población.

3.- Delitos informáticos: La reciente desarticulación del brazo local de una red dedicada a delitos informáticos, que trasladó, en tan solo tres meses, $8.000.000,oo de cuentas corrientes de bancos costarricenses a bancos de Etiopía y Rumanía. Es inestimable la cantidad de dinero que se ha dejado de sustraer a los cuentacorrentistas costarricenses desde que la Fiscalía de Fraudes de San José diera este exitoso golpe. Pero además, al día de hoy están desmanteladas todas las bandas que clonaban nuestras tarjetas de crédito y débito; esto no significa una solución definitiva, pero hemos dado un tiempo de protección al patrimonio de los tarjeta-habientes.

4.- Trata de personas: Se desarticuló una red internacional de trata de personas menores de edad (recién nacidos), que llevaba los niños y las niñas desde Guatemala hacia otros países, utilizando como puente a Costa Rica. En San José tuvo lugar el macabro descubrimiento de una casa utilizada como "granja de engorde" antes de las entregas. El caso terminó con sentencia condenatoria.

5.- Política de persecución agrario ambiental: La circular 01-05 contiene sistematizada, la política de persecución agrario ambiental. Se trata de un extenso documento preparado por la Fiscalía Adjunta de la materia y aprobado por el Consejo Fiscal. Dicha circular se está utilizando en otros países como base de la persecución penal en asuntos agrario ambientales.

6.- Casos de migración: Se han investigado varios casos de corrupción de funcionarios públicos en Migración, coadyuvando con la Dirección de Migración a hacer limpieza, ante la probable existencia de una red que falsifica documentos y visas para extranjeros, algunos con antecedentes criminales, con la finalidad de ingresarlos a nuestro país con intenciones delictivas. Se han producido varias detenciones, son casos de difícil manejo e investigación debido a la complejidad de estas organizaciones.

7.- Casos de Registro Público: En esta lucha abierta contra la corrupción también hemos realizado operativos en el registro público contra funcionarios corruptos y hemos detenido y procesado a varios notarios públicos inescrupulosos que están dando al traste con la seguridad y fe pública registral, por ello como parte de las políticas de persecución nos oponemos a las conciliaciones en esta materia, queremos con mano dura atacar esta delincuencia y con ello devolverle la confianza a los costarricenses y a los inversionistas extranjeros.

8.- Grupos extranjeros: En tiempo record, haciendo uso de la oralidad procesal, se tramitó, ante el Juzgado Penal de Puntarenas, la extradición de uno de los "Hombres Fuertes" de las FARC de Colombia, quien tenía a su haber 137 homicidios de ancianos, mujeres y niños, en un ataque a una Iglesia rural de su país. Me refiero al caso Martínez Quinto. Es altísima la probabilidad de que otros u otras delincuentes de este grupo narco-guerrillero realicen operaciones ilícitas en el país.

9.- La detención de un ciudadano colombiano vinculado al M-19, en poder de más de $1.400.000,oo en efectivo que guardaba en su escritorio, ha permitido abrir una importante causa por lavado de dinero, que a la vez podría ser la puerta que permita investigar, en el futuro, temas relacionados a terrorismo, tráfico de armas y narcotráfico.

10.- Atención a víctimas: Por medio de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, se coordina la protección de víctimas, testigos e intervinientes del proceso. Esta oficina, junto con personal de la Presidencia de la Corte Suprema y de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, presentó un proyecto de ley sobre protección de víctimas y testigos.

11.- Coordinación con cuerpos de policía: En 2.006 la Fiscalía General de la República convocó a una reunión de alto nivel, con los jerarcas de Seguridad Pública y Justicia, así como con todos los altos jefes de los distintos cuerpos policiales del país. Asistieron observadores de la DEA y de la policía francesa. La reunión se llevó a cabo en Punta Cocles, Limón, donde se estudió el fenómeno criminal de esa provincia. A raíz de ese encuentro se realizó, meses después, la "Operación Caribe", en virtud de la cual fueron trasladados a la ciudad de Limón casi 100 policías, entre Fuerza Pública y OIJ, cuya presencia evitó por seis semanas que se diera algún homicidio en esa ciudad. Además, se logró la aprehensión de personas rebeldes o condenadas, al tiempo de desarticular pequeños cárteles locales. El OIJ cumplió el compromiso con ayuda económica del Ministerio Público, que aportó una suma de los gastos confidenciales de la Fiscalía General.

12.- Crimen organizado: El Ministerio Público, junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas, entregó al Poder Ejecutivo el Proyecto de Ley Contra la Delincuencia Organizada, que incluye los instrumentos procesales para la lucha contra las redes criminales. Al compartir experiencias con el Procurador Nacional Antimafia de Italia Pietro Grasso, fue claro al señalar que la lucha contra la mafia en su país afrontó idénticos problemas que los nuestros, por lo que ofreció toda la cooperación y experiencia para formar en Costa  Rica la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado, con su correspondiente Sección en el Organismo de Investigación Judicial. Esta es una tarea pendiente para el Ministerio Público costarricense. En el mismo sentido hemos recibido gentiles ofertas de cooperación del Fiscal Jefe de la Fiscalía de Contra-Terrorismo de España Javier Zaragoza, así como de la señora Natalie Griecco en su condición de agregada policial de la Embajada de Francia. Ahora casi todas las actividades delictivas corresponden a crimen organizado, por lo que urge el equivalente para enfrentarlo. Igualmente, se ha urgido la pronta aprobación de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, para lo cual se ha conversado tanto con el Presidente de la Asamblea Legislativa Francisco Antonio Pacheco, como con el Canciller Bruno Stagno.

13.- Intervenciones telefónicas: La iniciativa para crear un Centro de Intervenciones Telefónicas, iniciativa que ahora está en manos del Instituto Costarricense sobre Drogas, nació en la Fiscalía General. Para ello, con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos de América, se organizó una visita de observación a un centro de la DEA en Miami, por una comisión Presidida por el Magistrado Luis Paulino Mora e integrada por el Magistrado José Manuel Arroyo, el Juez Rafael Gullock, el Jefe de Estupefacientes del OIJ Carlos Chacón, el director de la Policía de Control de Drogas y el Fiscal General. En este tema, a lo interno del Ministerio Público se han establecido controles de las solicitudes de intervenciones telefónicas, como forma de evitar que sea la primera fuente de investigación, pues se trata de la suspensión de una garantía constitucional.

14.- Narcotráfico y legitimación de capitales: La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico continúa atendiendo casos de redes de narco-actividad y legitimación de capitales derivados del narco-tráfico. Sin embargo, el blanqueo de dinero, de conformidad con la ley vigente es el que proviene de la comisión de cualquier delito grave, en razón de lo cual el Ministerio Público abrió estas investigaciones a otras Fiscalías, de modo que ahora se atienden asuntos de legitimación de capitales derivados de fraudes, robo de vehículos, sicariato, trata de personas y delitos económicos. Además, ahora no esperamos a resolver el hecho principal para después investigar la legitimación de capitales, sino que procedemos simultáneamente. En otras situaciones actuamos preventivamente, como en conocido caso Quintavalle, en el que sin esperar denuncia, tanto el Ministerio Público como el Instituto Costarricense sobre Drogas habíamos iniciado las investigaciones.

15.- Situaciones de crisis: Ante la ausencia de legislación para atender situaciones de crisis, por primera vez ejercí la potestad del Fiscal General de la República de emitir una instrucción general, en este caso la 01-05, vinculante para todas la autoridades policiales del país, para la atención de eventos críticos. Sin embargo urge la aprobación de una ley o de al menos un decreto que solvente la laguna del ordenamiento en este caso. De aprobarse el proyecto de Ley Contra la Delincuencia Organizada, quedará cubierto este aspecto.

16.- Propiedad intelectual: Las ofensas contra la propiedad intelectual son protegidas por el Ministerio Público en un marco más amplio que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, pues en tanto dicho país solamente interviene cuando el delito se relaciona con terrorismo, narcotráfico o lavado de dinero, en Costa Rica se actúa frente a esos supuestos y además, cuando los artículos falsificados ponen en peligro la salud de las y los consumidores. El resto de los asuntos deben tramitarse mediante querella o por conversión de la acción pública en privada.

17.- Atención de asuntos internacionales: La Fiscalía General logró establecer relaciones con Fiscalías Generales de otros países, para el intercambio de información y la coordinación de operativos. Igualmente se estableció un sistema de control y seguimiento de cartas rogatorias y asistencias judiciales internacionales activas y pasivas. Además, el Ministerio Público de Costa Rica forma parte de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, del Foro de Cuernavaca (junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los Ministerio Públicos de Colombia y Centroamérica), así como del Consejo de Ministerios Públicos de Centroamérica. Por dos años ejercí en mi condición de Fiscal General la presidencia del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericanos, y recientemente fui designado como Secretario de ese Consejo y al Ministerio Público de Costa Rica como Secretaría Técnica. De aquí partirá la coordinación y políticas para perseguir y castigar el crimen transnacional en el istmo. A solicitud nuestra y con la colaboración de la Embajada de Francia en nuestro país, el día de hoy los gobiernos de Costa Rica y Francia trabajan en un convenio internacional de asistencia judicial internacional y otro de extradición, que se encuentran avanzados.

18.- Gestionamos y recibimos la ayuda de las Embajadas de Italia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos de América, España y de Colombia. La Embajada de Italia junto con UNICRI y PANIAMOR, nos donó el software para enlazar con la Fiscalía de Delitos Sexuales de San José, todas las causas del país en esta materia, lo que en el mediano plazo, estoy seguro, redundará en una mejora de la eficacia de las investigaciones. La Embajada de Gran Bretaña donó el equipo y capacitación para entrevistas de víctimas  de delitos sexuales, para evitar su re-victimización y hace meses se utiliza con buen suceso en San José; y una segunda donación consistió en un Taller sobre recuperación de dineros comisados y decomisados en materia de legitimación de capitales. La Embajada de los Estados Unidos de América ha contribuido con la donación de equipos para la persecución de los delitos sexuales, así como con capacitación. Hemos recibido también donaciones y capacitación de las Embajadas de Francia, España y Colombia.

19.- En días recientes establecimos relación con la Embajada China, con la que se hacen los preparativos para suscribir un Convenio con el Ministerio Público de ese país, que nos permita mayor eficacia en la lucha contra el trasiego, explotación sexual y la esclavitud de inmigrantes de esa nacionalidad.

20.- Hemos participado activamente en foros internacionales con UNODC, ILANUD y el Fondo Monetario Internacional en materia de combate al terrorismo, a la corrupción y a la legitimación de capitales.

21.- Equipos de investigación con autoridades extranjeras: Por primera vez se ejerció la potestad del Fiscal General de integrar equipos conjuntos de investigación con autoridades extranjeras, de conformidad con el artículo 65 del Código Procesal Penal, para lo cual se firmaron acuerdos para casos concretos.

22.- Con fundamento en uno de esos convenios de cooperación internacional para el caso concreto, colaboramos con la policía del Servicio Postal y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la desarticulación en suelo costarricense de una organización criminal que estafó a más de 10 mil ciudadanos de los Estados Unidos, por un monto aproximado de 400 millones de dólares. La operación fue conocida en todo el mundo como "Global Con".

23.- Investigaciones en el exterior: Gracias al Poder Legislativo, que incluye en la Ley de Presupuesto Nacional una partida de gastos confidenciales de la Fiscalía General, desde 2.005 se han logrado avances importantes en investigación en el extranjero. La globalización de la criminalidad, que llegó primero, ha obligado a ir más allá de las fronteras a investigar o a recabar prueba. Así, hay Fiscales que han estado en esa misión en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Las Antillas, Miami, New York, Washington, Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia. Esto nos ha convertido en un Ministerio Público relativamente poderoso, pues la mayor fortaleza, por encima de instalaciones adecuadas que siempre son necesarias, está la capacidad de maniobra y de reacción frente al delito.

24.- Atención de demandas por violación de derechos humanos: Por primera vez, el Ministerio Público patrocinó al gobierno de Costa Rica en una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, concretamente en el caso Nicaragua vs. Costa Rica, por la desafortunada muerte del ciudadano nicaragüense Natividad Canda Mairena, por el ataque de dos perros en Cartago. En esta oportunidad la Embajadora de Costa Rica en México Gioconda Úbeda tuvo a su cargo la defensa procesal, en tanto a mí, en mi condición de Fiscal General, me correspondió la defensa de fondo. Con ello el Ministerio Público contribuyó a la absolutoria a favor de nuestro país, constituyendo una victoria judicial internacional celebrada por el pueblo costarricense. La Cancillería ha solicitado al Poder Judicial, autorización para que el Ministerio Público colabore en este tipo de procesos siempre que así lo requiera el Ministro de Relaciones Exteriores.

24.- Comisión interinstitucional: De hecho se ha formado la Comisión Interinstitucional, a la que asisten la Procuradora General de la República Ana Lorena Brenes, la Contralora General de la República Rocío Aguilar, en ocasiones la Ministra de Justicia Laura Chinchilla y un servidor. Nos reunimos periódicamente para coordinar las investigaciones y casos que, conjuntamente abordados, permiten disminuir el tiempo de investigación y eliminar la duplicidad, así como evitar la prueba ilegal para los procesos penales.

25.- Proyecto Poder Judicial-BID: Del proyecto PJ-BID, corresponde una inversión al Ministerio Público de $6.005.000,oo, de los cuales al día de hoy se han ejecutado $1.796.446,5 y se han comprometido $2.395.430,oo, para un total de $4.191.870.5; quedando un saldo disponible de $1.814.129.5. Lo invertido corresponde al hadware y software para todo el Ministerio Público, la página Web, manuales y protocolos de actuación, la oficina de atención a víctimas de delitos, fortalecimiento del recurso humano, oralidad, una maestría de derecho penal para fiscales y capacitación en gerencia; además se contribuye con el OIJ en digitalización de fotografías para el expediente electrónico, ampliación del Expediente Criminal Único, radios encriptados y herramientas informáticas para la Oficina de Planes y Operaciones.

26.- Percepción externa: A nivel nacional: Es importante destacar que en la "Encuesta sobre corrupción en Costa Rica", preparada en 2.006 por el doctor Jorge Poltronieri de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio Público es percibido como una de las instituciones menos corruptas del país, superada positivamente por las universidades públicas, la radio, las ONG’s, las universidades privadas y la prensa escrita. Dicho estudio evidenció además, que la ciudadanía no sabe dónde denunciar la corrupción (pp. 24-25), en razón de lo cual hoy entregaremos a la Ministra de Justicia Laura Chinchilla, la cantidad de mil afiches invitando a la ciudadanía a denunciar la corrupción en el Ministerio Público, para lo cual se incluye el listado de teléfonos de todas las fiscalías del país. A nivel continental: "Según el CEJA, el Ministerio Público de Costa Rica obtuvo un índice de 53.1% respecto a la información que dispone el usuario a través de Internet, pasando así del séptimo al cuarto lugar. Respecto con 2.004, el índice aumentó más de 20%." (CEJA: Reporte sobre la Justicia de las Américas 2006-2007, p. 192.) A escala mundial: En Londres, en septiembre pasado, "La organización Transparencia Internacional (TI) destacó que Costa Rica figura entre las naciones que obtuvieron importantes progresos este año en el índice de percepción de corrupción del 2.007 [...] Costa Rica subió de una puntuación de 4,1 a un 5 sobre 10 (nivel de corrupción) y pasó de la posición 55 a la 46 en la lista general y su caso, según la organización, puede servir para ilustrar la importancia de contar con instituciones autónomas y respetadas que puedan ayudar a luchar contra la corrupción./Hace algunos años, el país experimentó un descenso de su puntuación, pero la independencia y la acción del sistema judicial pueden haber ayudado a mejorar la imagen del Gobierno y los políticos [...]". Para que funcione el sistema judicial, debe actuar el Ministerio Público y esta ha sido nuestra contribución en esta lucha.

Hoy, todas las funcionarias y todos los funcionarios del Ministerio Público, presentamos una institución más unida, con identidad propia, empoderada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con mejor ejercicio de la dirección funcional de la policía, con un Consejo Fiscal generador de la política de persecución, con capacidad de reacción ante la criminalidad, y con transparencia reconocida a nivel local, continental y a escala global.

Por todo estoy doy gracias a Dios, a mi familia y a mis amigos.

Creo que una institución inteligente y dinámica como el Ministerio Público siempre está en crecimiento, por lo que he decidido postularme para un segundo período en virtud del deseo de continuar algunos proyectos que hemos iniciando, lo que haré con la misma energía y compromiso como hasta hoy si la Corte Suprema me lo permite. Mi agradecimiento al Consejo Fiscal por el apoyo unánime que me brindaron en esta decisión, así como a las manifestaciones de apoyo de otros funcionarios y funcionarias, y muchos ciudadanos y ciudadanas.

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Aparte de lo anterior, hoy nos motiva la entrega del Premio Francisco Chaverri Rodríguez al Ex-Fiscal General de la República Fernando Cruz Castro. Como su ex-alumno, ex-subalterno del Ministerio Público, ex-compañero del Tribunal de Casación Penal y como amigo, no puedo dejar pasar el hecho sin señalar que cualquier homenaje se quedará siempre corto y nunca hará justicia a don Fernando, porque el país le debe al jurista y al profesor, pero sobre todo a un gran Fiscal General y a un gran Juez. Su devoción por la Justicia y por el Derecho, acompañadas en todo sus actos de una honradez a toda prueba, lo distinguen como un ejemplo para todas las ciudadanas y para todos ciudadanos, vinculados o no a la abogacía o a la judicatura. Pero esos atributos, que no agotan sus condiciones positivas, no son el motivo del premio; es la administración que hiciera de esas encomiables cualidades, sumadas a la valentía demostrada al enfrentar a imputados poderosos lo que nos ha inclinado, sobre todo, a otorgarle este reconocimiento. Para que su ejemplo no se olvide nunca don Fernando. Para que las páginas escritas por usted en la historia del Ministerio Público, no con tinta sino con las acciones dignas de un Fiscal General, sirvan para inspirar a las Fiscalas y a los Fiscales jóvenes de Costa Rica, y le den continuidad a los principios y valores que en su trayecto profesional nos enseño. A usted mi sincera felicitación, porque alcanzó hace mucho tiempo el éxito que le impusieron sus principios. Un saludo especial para doña Virginia y para su hija Carolina.

Muchas gracias por su paciente atención y que Dios los bendiga por siempre.

Francisco Dall’Anese Ruiz

Fiscal General de la República