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El objetivo primordial de la Unidad de Inspección
Fiscal, es la aplicación del régimen disciplinario a los funcionarios del
Ministerio Público, por delegación del Fiscal General de la República,
mediante una orientación, corrección o sanción; decisión que se toma una vez
que se ha comprobado la comisión de una falta laboral, según su gravedad;
conforme a lo establecido en el artículo 185 y siguientes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y 11 de la Constitución
Política. El art. 174 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial indica lo siguiente: "...El régimen disciplinario
tiene por objeto asegurar la eficiencia, corrección y decoro de las funciones
encomendadas al Poder Judicial y garantizar a los ciudadanos una correcta
administración de justicia. Para tales efectos, existirán los mecanismos de
control, ágiles y confiables, que sean necesarios...".
Sobre el derecho laboral y la relación
de disciplina, el Dr. Víctor Ardón A. define en su
libro "Despido por causas objetivas y disciplinarias lo siguiente: "...la disciplina de la relación de trabajo,
por tanto, es el resultado final del concurso de materiales normativos
diversos: normas objetivas producidas por las fuentes heterónomas y preceptos
subjetivos de la autonomía negocial individual...".
Al respecto, la labor que realiza la Unidad de Inspección
Fiscal, es por delegación del Fiscal General de la República,
quien tiene el deber de aplicar el régimen disciplinario a todo el personal
del Ministerio Público, en estricto cumplimiento del principio de legalidad
que rige el derecho administrativo-disciplinario y la función pública,
(artículo 25. f)
de la Ley
Orgánica del Ministerio Público).
Resulta importante indicar, que todo proceso
disciplinario puede iniciar de oficio o a instancia del usuario. Al momento
de recibirse la queja, la
Unidad de Inspección Fiscal, brinda un trato personal a la gestión,
al tener bajo su competencia la investigación de los hechos denunciados hasta
su fase final. Una vez levantada la información disciplinaria, el Fiscal
General de la República entra a conocer y define la situación jurídica,
mediante una resolución fundada.
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