Mónica Álvarez Pérez
Comunicadora
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
19 de marzo del 2021. Por medio de la plataforma Microsoft Teams, el martes 16 de marzo, personal judicial del Ministerio Público y de la Defensa Pública presentó ante sus jefaturas los principales hallazgos del Diagnóstico sobre Tortura y Abuso de Autoridad, así como el plan conjunto elaborado para el abordaje de la problemática en los centros penitenciarios de la provincia de Alajuela.
El diagnóstico y plan conjunto se diseñó en un trabajo coordinado entre la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, la Defensa Pública, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Fiscalía de Ejecución de la Pena.
Andrea Bermúdez Castillo, socióloga de la FAPTA, fue la encargada de exponer los resultados del diagnóstico, el cual tuvo como objetivo la identificación de las características y circunstancias del abuso de autoridad y tortura cuando ocurren en centros penitenciarios.
Dicho estudio se llevó a cabo entre marzo del 2020 y el pasado mes de enero, y se elaboró en los Centros Penitenciarios del complejo Reforma, en San Rafael de Alajuela, los cuales cuentan con la mayor población a nivel nacional, presentan mayores indicadores de violencia y, por ende, un alto número de denuncias formuladas ante la Fiscalía Anticorrupción.
El estudio también identificó barreras en el acceso a la justicia por parte de las personas privadas de libertad cuando desean denunciar abusos o violencia en su contra y limitaciones como: ausencia de un mecanismo formal y confidencial para tramitar la denuncia, que el traslado y la comunicación con autoridades del centro depende del mismo personal denunciado y que el lapso entre los hechos y la interposición de la denuncia es muy amplio, lo cual afecta la investigación.
En la reunión se contó con la participación de la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio, quien destacó que el Ministerio Público no se debe limitar únicamente a reaccionar ante la comisión de un delito, sino que existe una responsabilidad colateral en el ámbito preventivo y que la institución ha venido trabajando el tema de poblaciones en riesgo, lo cual ha arrojado buenos resultados.
“No debe de haber víctimas y si algo podemos hacer para evitarlo vamos a trabajar en ello. Esto es un tema de dignidad humana, de derechos humanos y tiene que ser una prioridad”, manifestó la fiscala Navas.
Para el director de la Defensa Pública Juan Carlos Pérez Murillo, la labor conjunta entre la institución que dirige y las oficinas del Ministerio Público en la elaboración del plan demuestra que existe un gran avance en el reforzamiento de la lucha de los derechos de las personas privadas de libertad.
“Es necesario generar empoderamiento a través de las autoridades judiciales, y que las poblaciones carcelarias sientan un verdadero acompañamiento, para que delitos como el abuso de autoridad y tortura no vuelvan a suceder”, expresó Pérez.
Por su parte, Carlos Meléndez Sequeira, fiscal adjunto de la FAPTA, resaltó que toda iniciativa es exitosa si el personal involucrado tiene compromiso y trabaja con una misma finalidad, asimismo, que es un plan estratégico flexible y se adapta a las alertas que genera cada uno de sus componentes.
En la reunión virtual participaron representantes de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, la Fiscalía de Ejecución de Pena, la Defensa Pública, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público y de la Fiscalía Anticorrupción.