Oficina de Atención
y Protección a la Víctima (OAPVD)
Es la Oficina del Ministerio Público encargada de atender y/o proteger a todas las personas (hombres, mujeres, niños/niñas, etc ), nacionales y extranjeras, que sean víctimas, testigos y otros participantes en algún proceso penal.
Se atiende a toda persona que haya sido víctima de un delito sin distinción de etnia, edad, sexo, género, nacionalidad, preferencia sexual, política o religión. Pueden ser referidas por el Ministerio Público, instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales, también la persona puede presentarse de forma espontánea, con o sin denuncia, la cual debe interponer posteriormente, de acuerdo con el artículo 4 de la ley Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito está conformada por dos programas: Programa de Atención y Programa de Protección, los cuales son gratuitos, voluntarios y confidenciales. Además se promueve una atención con un enfoque integral y considerando las necesidades específicas de cada persona.
Antecedentes de la oficina
La Oficina de Atención a la Víctima del Delito inició funciones dentro del Poder Judicial el 8 de mayo del año 2000, mediante acuerdo del Consejo Superior en sesión N-95-99, celebrada el 30 de noviembre de 1999, artículo XXII. Esta oficina depende directamente de la Fiscalía General de la República.
El 22 de abril de 2009, la aprobación de la ley 8720, Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, dotó a la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito (OAPVD), de un marco jurídico, para iniciar el proceso de atención y protección, rigiéndose bajo los principios de protección, confidencialidad, proporcionalidad y necesidad en el artículo 2 de esta Ley.
En la actualidad la OAPVD tiene su sede central en San José y otras oficinas a nivel nacional en: I y II Circuitos Judiciales de San José, PISAV Pavas, I Circuito Judicial de Cartago, PISAV de la Unión ,I Circuito Judicial de Heredia, Ciudad Judicial San Joaquín de Flores, I Circuito Judicial de Alajuela, II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), III Circuito Judicial (San Ramón),PISAV de San Joaquín de Flores, I Circuito Judicial de Puntarenas, I Circuito Judicial de la zona Sur (Pérez Zeledón), II Circuito Judicial de la zona Sur (Corredores),I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia), II Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz),I Circuito Judicial de la zona Atlántica (Limón), II Circuito Judicial de la zona Atlántica 2 (Pococí), PISAV de Siquirres, sede Sarapiquí.
El artículo 6 de la Ley 8720 dispone que la OAPVD es parte de la estructura orgánica del Ministerio Público, además por la apertura de nuevas sedes ha aumentado la interacción con las fiscalías a nivel nacional, por lo que resulta importante que en todas las coordinaciones y acercamientos entre el personal de las fiscalías y las OAPVD se establezca una sinergia para la atención y protección de las personas víctimas de delito.
La OAPVD brinda un servicio público importante para el Ministerio Público proporcionando un valor agregado al servicio que prestan las fiscalías, por lo que los(as) Fiscales (as) Adjuntos(as), así como la Jefatura de la OAPVD y las personas coordinadoras de las distintas sedes de dicha oficina, velarán para generar un ambiente efectivo de cooperación entre los grupos de trabajo.
La demanda a nivel nacional de los servicios que brinda la OAPVD sobrepasa la capacidad de recurso técnico y humano, por lo que es necesario establecer estrategias que permitan priorizar la atención de las personas usuarias, particularmente en aquellos casos en los que se deban desplazar los equipos interdisciplinarios.
Con el fin de brindar los servicios de la OAPVD a todas las personas usuarias que lo requieran, de ser necesario, el (la) representante del Ministerio Público coordinará con el personal de la Oficina a fin de desplazarse para realizar el abordaje en las fiscalías que no cuentan con sede de la OAPVD en su circunscripción territorial.
El 22 de abril de 2009, la aprobación de la ley 8720, Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, dotó a la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito (OAPVD), de un marco jurídico, para iniciar el proceso de atención y protección, rigiéndose bajo los principios de protección, confidencialidad, proporcionalidad y necesidad en el artículo 2 de esta Ley.
En la actualidad la OAPVD tiene su sede central en San José y otras oficinas a nivel nacional en: I y II Circuitos Judiciales de San José, PISAV Pavas, I Circuito Judicial de Cartago, PISAV de la Unión ,I Circuito Judicial de Heredia, Ciudad Judicial San Joaquín de Flores, I Circuito Judicial de Alajuela, II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), III Circuito Judicial (San Ramón),PISAV de San Joaquín de Flores, I Circuito Judicial de Puntarenas, I Circuito Judicial de la zona Sur (Pérez Zeledón), II Circuito Judicial de la zona Sur (Corredores),I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia), II Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz),I Circuito Judicial de la zona Atlántica (Limón), II Circuito Judicial de la zona Atlántica 2 (Pococí), PISAV de Siquirres, sede Sarapiquí.
El artículo 6 de la Ley 8720 dispone que la OAPVD es parte de la estructura orgánica del Ministerio Público, además por la apertura de nuevas sedes ha aumentado la interacción con las fiscalías a nivel nacional, por lo que resulta importante que en todas las coordinaciones y acercamientos entre el personal de las fiscalías y las OAPVD se establezca una sinergia para la atención y protección de las personas víctimas de delito.
La OAPVD brinda un servicio público importante para el Ministerio Público proporcionando un valor agregado al servicio que prestan las fiscalías, por lo que los(as) Fiscales (as) Adjuntos(as), así como la Jefatura de la OAPVD y las personas coordinadoras de las distintas sedes de dicha oficina, velarán para generar un ambiente efectivo de cooperación entre los grupos de trabajo.
La demanda a nivel nacional de los servicios que brinda la OAPVD sobrepasa la capacidad de recurso técnico y humano, por lo que es necesario establecer estrategias que permitan priorizar la atención de las personas usuarias, particularmente en aquellos casos en los que se deban desplazar los equipos interdisciplinarios.
Con el fin de brindar los servicios de la OAPVD a todas las personas usuarias que lo requieran, de ser necesario, el (la) representante del Ministerio Público coordinará con el personal de la Oficina a fin de desplazarse para realizar el abordaje en las fiscalías que no cuentan con sede de la OAPVD en su circunscripción territorial.
Objetivo de la Oficina
El objetivo de la oficina es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima procura minimizar la revictimización, a través del trabajo interdisciplinario que comprende las disciplinas de trabajo social, psicología, legal, criminología y sociología. Además tiene como propósito asegurar que durante el proceso penal la persona víctima ejerza una participación efectiva en resguardo a sus derechos.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima procura minimizar la revictimización, a través del trabajo interdisciplinario que comprende las disciplinas de trabajo social, psicología, legal, criminología y sociología. Además tiene como propósito asegurar que durante el proceso penal la persona víctima ejerza una participación efectiva en resguardo a sus derechos.
¿Quién es víctima?
De acuerdo con el artículo 70 del Código Procesal Penal, son Víctimas:
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La persona directamente ofendida por el delito.
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El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en común, el hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.
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Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.
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Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación, se vincule directamente con esos intereses.
¿Quién es testigo?
- Los testigos son considerados como los ojos de la justicia, porque brindan la información que las juezas y los jueces requieren para dictar una sentencia en cumplimiento de los derechos y los deberes de la ciudadanía.
- Otras personas que intervienen.
- Complementariamente, a la participación de la víctima en los procesos penales participan muchas otras personas: Juezas y Jueces, Fiscalas y Fiscales, defensoras y defensores, entre otros.
Otras personas que intervienen
Complementariamente a la participación de la víctima en los procesos penales participan muchas otras personas: Juezas y Jueces, Fiscalas y Fiscales, defensoras y defensores, entre otros.
Derechos y Deberes de la persona víctima en el proceso penal
La víctima tiene derecho a que se le informe sobre la necesidad de su participación en determinados exámenes o pericias,
Servicios
Los servicios que brinda la Oficina incluyen: atención psicológica individual y grupal, asistencia social, asesoría jurídica en cuanto al proceso penal, derechos de las víctimas y el estado de sus casos, acompañamientos a distintas diligencias judiciales, contacto con redes sociales de apoyo, referencias a otras instituciones de ayuda médica y social y protección.
Así como todas las medidas extraprocesales necesarias para garantizar la integridad física de las personas y sus familiares incluidos dentro del Programa de Protección.
Legal
En esta disciplina un profesional en derecho le explica a la persona usuaria, cuáles son sus derechos dentro del proceso penal y los contenidos en la ley 8720 ( Ley de protección a Víctimas, testigos y Otros sujetos Intervinientes ) , y como hacerlos efectivos. Previo estudio del expediente penal se brinda asesoría en todas las etapas de proceso y se le da seguimiento personalizado a su caso en cualquiera de los despachos judiciales.
En esta disciplina un profesional en derecho le explica a la persona usuaria, cuáles son sus derechos dentro del proceso penal y los contenidos en la ley 8720 ( Ley de protección a Víctimas, testigos y Otros sujetos Intervinientes ) , y como hacerlos efectivos. Previo estudio del expediente penal se brinda asesoría en todas las etapas de proceso y se le da seguimiento personalizado a su caso en cualquiera de los despachos judiciales.
De tratarse de necesidades de asesoramiento en otras ramas del derecho, la persona profesional en derecho deriva el caso a otra institución donde puedan atenderle. Igualmente antes de interponer la denuncia se le brinda la asesoría legal que requiera.
La abogada o el abogado de esta oficina no puede ejercer un patrocinio legal, de acuerdo con la ley 8720.
Legal
Trabajo Social
Como función principal, el área de Trabajo Social se encarga de explorar la situación social de la persona usuaria para que ésta no se vea desmejorada como consecuencia del delito o su participación en el proceso penal. Además en caso de ser necesario realiza las gestiones correspondientes para movilizar recursos ( búsqueda de fuentes de empleo, estudio, entre otros) para solventar las necesidades generadas como consecuencia de la comisión del delito.
Trabajo Social
Psicología
Posterior a la ocurrencia del delito se procura mejorar la salud psicológica de las personas destinatarias de la ley a través de contención emocional en crisis, sesiones individuales de psicoterapia breve, valoraciones y remisiones a otros centros para atención de mediano y largo plazo y atención psiquiátrica, charlas de seguridad y autoprotección, y acompañamientos a juicio y diligencias judiciales.
De igual manera puede realizar las referencias a los programas de atención infantojuvenil del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Organismo de Investigación Judicial en los casos de menores de edad víctimas de delitos sexuales, ya que según la ley 8720 corresponde a dicho departamento por ser especialistas en esta población.
Psicología
Criminología
Entre las principales labores que se desarrollan desde esta disciplina, se encuentran la valoración de casos en conjunto con el resto del equipo interdisciplinario, estudios de las zonas donde residen las personas que ingresan al Programa de Protección a fin de determinar el posible nivel de riesgo, estudiar las estructuras habitacionales mediante la descripción brindada por los usuarios y usuarias, análisis de agresividad del victimario desde la perspectiva de los usuarios, antecedentes criminales de los imputados, participación de éstos en casos de crimen organizado, coordinación con los diferentes cuerpos policiales para patrullajes, custodias o requerimientos especiales.
Criminología
Sociología
Desde el área de sociología se trabajan proyectos internos que en búsqueda de un entendimiento más amplio acerca de los factores que inciden en la criminalidad así como su impacto en las víctimas del delito. El profesional en sociología a través de la investigación social y el desarrollo de proyectos da explicación a los hechos que rodean el comportamiento humano proporcionando perspectivas diversas que puedan complementarse con la labor del resto de disciplinas con el fin de fundamentar de manera más asertiva la toma de decisiones.
Sociología
Documentos importantes
Normativa
Ley, resoluciones, entre otros.
Rendición de Cuentas
Históricos
Teléfono
+ 506 2253-2935
Correo electrónico
Dirección
San José, Avenida 10, Calle 23, de Casa Matute Gómez 100 metros este y 25 metros sur