El Área de Transparencia y Justicia Abierta del Ministerio Público (MP) y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) realizaron la sexta jornada de capacitación dirigida a personas facilitadoras judiciales, denominada “Delitos Agrarios y Ambientales”. La actividad se desarrolló mediante la plataforma Microsoft Teams a las 6:00 p. m. y contó con la participación de personas facilitadoras judiciales de distintas zonas del país.

La apertura estuvo a cargo de la fiscal adjunta del Área de Transparencia y Justicia Abierta del Ministerio Público y de la Columna de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Martha Brenes Montenegro, quien resaltó la importancia de fortalecer los espacios de capacitación y el intercambio de conocimientos entre el MP y las personas facilitadoras judiciales, en beneficio de las comunidades.

La exposición fue impartida por el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, Luis Diego Hernández Araya, quien desarrolló temas relacionados con la legislación ambiental vigente, los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico costarricense y las principales conductas que constituyen delitos ambientales.

Asimismo, el fiscal especializado explicó aspectos vinculados con los delitos forestales, los delitos contra la vida silvestre, las infracciones relacionadas con la zona marítimo-terrestre, la minería ilegal y el manejo inadecuado de residuos, así como las principales diligencias de investigación que permiten su persecución penal.

Como parte del espacio formativo, las personas participantes realizaron consultas, compartieron experiencias y aclararon dudas relacionadas con los temas expuestos, lo cual les permitió fortalecer sus conocimientos y herramientas para orientar adecuadamente a las personas de sus comunidades.

Estas jornadas de capacitación iniciaron en abril y se extenderán hasta julio, como parte de las acciones conjuntas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y el acompañamiento comunitario que brindan las personas facilitadoras judiciales.