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FISCALÍA AGRARIO AMBIENTAL INTERVINO MUNICIPALIDAD DE POÁS

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· Ayer se allanaron nueve departamentos del gobierno local

 

Al menos 22.000 folios de prueba documental fueron decomisados ayer mediante un allanamiento realizado en la Municipalidad de Poás, Alajuela, por parte de la Fiscalía Agrario Ambiental y la policía judicial. Entre el material recogido está la información relacionada con los 26 proyectos urbanísticos construidos, aparentemente, de manera irregular, además documentos sobre la aprobación de apertura de calles públicas y actas constitutivas, libros de actas y registro de socios de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad.

 

Toda la prueba será analizada por peritos del Organismo de Investigación Judicial. El allanamiento se llevó a cabo en nueve departamentos de la Municipalidad: la Alcaldía Municipal, Gestión Urbana, Gestión Vial Municipal, Secretaría, Concejo Municipal, Sala de Sesiones, Gestión Ambiental, Asesoría Legal, Tesorería y Financiero Contable y Administración Tributaria. Durante la diligencia, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., el gobierno local permaneció cerrado.

 

Los delitos investigados son prevaricato, fraude de ley, legislación en provecho propio, negociaciones incompatibles, desobediencia a la autoridad e infracción a la Ley Forestal en la modalidad de invasión de áreas de protección.

 

¿Qué se investiga? La Fiscalía Agrario Ambiental, con sede en el II Circuito Judicial de San José, tramita cuatro expedientes diferentes (12-000043-0611-PE; 12-000053-0611-PE; 13-000019-0611-PE y 13-000043-0611-PE) en los cuales se denunció al alcalde municipal y a otros funcionarios del gobierno local por la aparente aprobación de apertura de calles, permisos de segregación y construcción de 26 proyectos urbanísticos en el cantón, que se contraponen al voto de la Sala Constitucional número 1923-2004.

 

En el fallo constitucional se ordenó a la Municipalidad de Poás elaborar y aprobar, en plazo de 24 meses, un reglamento de zonificación de las áreas protegidas o reservadas que incluyera localizaciones cartográficas, mapas hidrogeológicos y alineamientos de protección y vulnerabilidad de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga de éstos existentes en el cantón de Poás. A partir de esa orden, la Municipalidad ha enfrentado una serie de limitaciones para otorgar permisos constructivos en el cantón, ya que en su territorio tiene mantos acuíferos que la Sala Constitucional ordenó proteger.

 

De acuerdo con información de la Fiscalía, cuatro familias afectadas denunciaron que compraron lotes en un desarrollo urbanístico a la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad, integrada por algunos de los funcionarios investigados, quienes a pesar de tener intereses en ese desarrollo urbanístico participaron en la aprobación de permisos y recomendaciones al Concejo Municipal para que lo aceptara, pese a los intereses contrapuestos existentes. En ese mismo proyecto, denominado la Lechuza, el MINAE señaló que existe afectación ambiental, por encontrarse de manera parcial dentro del radio de protección de una naciente de carácter permanente.

 

Otra parte de la investigación se enfoca en determinar las circunstancias en las cuales la Municipalidad, con el fin de permitir la construcción de los 26 proyectos, abrió calles públicas sin hacer la tramitología urbanística de solicitar el aval al INVU, requisito exigido por el artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana.

 

La prueba decomisada permitirá a la Fiscalía avanzar en la investigación para determinar responsabilidades penales.


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