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PAÍS ESTRENA MANUAL Y PROTOCOLO PARA DENUNCIAS SOBRE LEY DE PESCA Y ACUICULTURA

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 - Ministerio Público e Incopesca se unieron para crear documentos, los cuales fueron presentados esta mañana.

- Se pretende que haya mayor coordinación entre las instituciones que investigan y empoderar a la ciudadanía para que denuncie correctamente y aporte datos de interés específicos.

 

 

Daniel Quesada Artavia

 

Aunque el territorio seco de Costa Rica es de 51.100 kilómetros cuadrados, la parte marina es de 589.682 kilómetros cuadrados. Tal cifra permite imaginar la magnitud del trabajo que implica tutelar y proteger los recursos que viven en esta gran extensión de aguas; sin embargo, el país ahora cuenta con dos nuevos instrumentos que refuerzan el trabajo que ya ha venido efectuando el Ministerio Público para perseguir este objetivo. Bajo el liderazgo de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, en un trabajo conjunto con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), se creó el “Manual de Denuncias Ciudadanas” y el “Protocolo de Actuación ante Delitos de la Ley de Pesca y Acuicultura”.

 

Los instrumentos se presentaron esta mañana, en la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, con la presencia de la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, el fiscal adjunto agrario ambiental, José Pablo González, y los jerarcas de INCOPESCA, Gustavo Meneses Calvo, de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, y los ministros -en ejercicio- de la Presidencia y el MINAE, Luis Paulino Mora y Patricia Madrigal, respectivamente.

 

 

Ambos documentos son el resultado de un intenso trabajo para, de la mano con la población y diferentes instituciones del Estado, mejorar la defensa de los vastos pero amenazados recursos marinos con que cuenta el país. Por eso era imperante la participación de diversos actores.

 

 

“Muchas personas trabajaron en esta construcción y en los tres talleres, uno de consulta y dos de validación, dos de ellos fueron con funcionarios públicos y uno con sociedad civil y pescadores, todos nos permitieron obtener insumos, retroalimentación”, explicó José Pablo González, fiscal adjunto Agrario Ambiental.

 

 

“Celebramos que se cuente con un instrumento que permita informar a la sociedad civil que se pueden denunciar los delitos ambientales, y que existen vías que establecen cómo y ante quien debe hacerlo. Si trabajamos con mayor calidad las investigaciones por delitos ambientales, eso se va a traducir, colateralmente, en una disminución de las conductas ilegales”, señaló la Fiscala General, al tiempo que aseguró que es necesario dotar de más recursos a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.

 

 

Uno de los objetivos del Manual de Denuncia es que la persona que denuncie pueda aportar a las autoridades informaciones como fecha y lugar de los hechos, descripción de la persona responsable, datos de la embarcación y artes de pesca utilizados, entre otros detalles. La idea es que esos datos permitan a la policía y al Ministerio Público llevar a cabo una investigación de calidad.

 

 

Hoja de ruta. Costa Rica, al igual que muchas naciones, enfrenta “una lucha entre producción, competitividad nacional y conservación”, reconoció González; pero al mismo tiempo, la ley pretende hacer un balance, bajo el concepto de desarrollo sostenible, y tanto el manual como el protocolo buscan contribuir con esa tarea.

 

 

El segundo, por su parte, marca el camino a seguir por una serie de instituciones, que, de una u otra forma, tienen injerencia cuando se producen delitos contra le Ley de Pesca y Acuicultura; tales como Incopesca, el Minae, Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), Fuerza Pública, Sistema Nacional de Áreas de conservación, Servicio Nacional de Salud Animal y la Procuraduría General de la República.

 

 

“Son documentos que creemos importantes, para poder tomar las decisiones que corresponden en materia civil y penal de frente a los delitos que hay contra la Ley de Pesca y Acuicultura, que no estaba siendo aplicada con la contundencia y la claridad deseadas”, apuntó el Presidente ejecutivo de Incopesca.

 

 

González destacó el hecho de que “hay más claridad en los pasos a seguir. Si hay una actividad delictiva, saben qué información deben buscar primero para que no se pierda, y qué información debe ser decomisada en forma especial respetando la cadena de custodia”, lo cual aclara la ruta para aplicar una ley compleja y muchas veces poco conocida.

 

 

Herramienta ciudadana. Para Edwin Cantillo, oficial jurídico de Guardacostas, el Manual de Denuncias Ciudadanas “le da a estos una herramienta sencilla, ágil y específica, con la que podrán denunciar ante la comisión de un delito o falta administrativa a las respectivas autoridades involucradas en la materia de pesca”.

 

 

“Tenemos una ley muy amplia, que no se limita solo a los delitos de pesca que se cometen en nuestra zona costera y que dependemos solo de la prueba que aporta el que denuncia, si no se presentaba prueba clara y a la cual se le podía dar el debido seguimiento, la denuncia se caía”, subrayó Meneses.

 

 

Ahora, pescadores y ciudadanos en general, podrán reconocer la comisión de un delito de este tipo, y, con base en el manual, saber qué información es la más relevante para que la presenten a los funcionarios. Así, agregó González, existirá garantía de que “esa denuncia, va a ser investigada adecuadamente y va a llegar a oídos del Ministerio Público o del Organismo de Investigación Judicial”.

 

 

Según Cantillo, las conductas delictivas que el SNG atiende con más frecuencia son pescar sin licencia, pescar con artes de pesca prohibidos, hacerlo en tiempo de veda o en zonas vedadas de manera permanente, utilizar artes de pesca no autorizadas para el tipo de licencia y pescar en parques nacionales, todas se contemplan en el manual y  en el protocolo.

 

 

“Ya hemos visto los cambios, el impacto”, señaló el Fiscal Adjunto, “y aspiramos al aumento de coordinación, de consultas, denuncias y conciencia, pero en adelante la tarea es seguir capacitando y difundir los instrumentos”, afirmó.


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