10 AÑOS BRINDANDO APOYO Y PROTECCIÓN LAS VÍCTIMAS

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  • Creación de Ley 8720 fue fundamental para establecer el desempeño de la Oficina.
  • En el 2018, ingresaron 24.902 casos a los Programas de Atención y Protección.

 

Sharon Hernández Coto

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21 de mayo del 2019. Doña Cristina, a quien protegemos su identidad, fue víctima de violencia doméstica durante 22 años. Sufrió de agresiones físicas, psicológicas y emocionales por quien fue su esposo. Sin embargo, bajo temores e inseguridades, decidió ingresar al programa de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD).

 

“Entré al programa hace dos meses y he mejorado bastante, me siento más segura. He recibido apoyo psicológico y de profesionales en Trabajo Social, ahora mis hijas y yo estamos más tranquilas”, mencionó.

 

El apoyo profesional que se le da a doña Cristina y a todas las personas que acuden a la OAPDV es posible gracias a la existencia de la Ley 8720: Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Procesal Penal, Reformas y Adición al Código Procesal Penal y al Código Penal.

 

Esta Ley nació el 22 de abril del 2009 y, en su décimo aniversario, la OAPDV busca cumplir con todo lo que esta establece.

 

“Ha sido una labor en equipo, donde velamos porque las víctimas, testigos y otros intervinientes tengan un acceso real a la justicia, por medio de los servicios que ofrecemos y así disminuir el impacto sufrido por las personas que llegan a la Oficina”, recalcó Sara Arce Moya, jefa de la OAPVD.

 

Dos Programas, una misma visión. La Ley 8720 señala que le corresponde al Ministerio Público, por medio de la OAPVD, administrar el Programa de Atención y el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, el cual recibió a 24.902 personas, en el 2018.

 

“En el Programa de Atención brindamos orientación de trabajo social, legal y psicológica. Mientras que el Programa de Protección está enfocado en ejecutar las medidas de protección extraprocesales y necesarias, según la situación de cada persona”, explicó Verónica Castro Molina, subjefa a.i. de la OAPVD.

 

También, de manera conjunta, el equipo de profesionales desempeña una labor de acompañamiento a las víctimas y testigos que deben realizar diligencias judiciales, los preparan emocionalmente y asesoran, para que tomen una decisión informada, respecto al proceso penal.

 

El artículo 7 de la Ley establece las funciones del Programa de Protección, entre ellas está emitir un dictamen para el otorgamiento, la modificación o supresión de medidas de protección, el cual incluye una evaluación de riesgo y estudio de seguridad.

 

“Los servicios que una persona recibe cuando ingresa al Programa de Protección, consisten en la ejecución de las medidas de protección extraprocesales que se hayan dictado en su caso, por parte de los equipos técnicos evaluadores (trabajo social, criminología, psicología y legal)”, explicó Allan Murillo Moreira, coordinador del Programa de Protección.

 

 

Por su parte, Saúl Arce Brenes, coordinador del Programa de Atención, explicó que el objetivo de este servicio es fortalecer a todas las personas víctimas y testigos para que enfrenten en condiciones más favorables el proceso penal, mediante la intervención de profesionales debidamente capacitados, en las áreas de psicología, trabajo social y legal.

 

¿Qué debe hacer para ingresar a los Programas? Ambos servicios son totalmente gratuitos y voluntarios. La persona puede presentarse de forma espontánea a la sede más cercana, o ser referidas por la fiscalía, alguna institución del Estado u organizaciones no gubernamentales. Se puede ingresar en cualquiera de las etapas del Proceso Penal, incluso, se puede hacer, aunque no exista una denuncia. De igual manera se atiende y se realiza un abordaje profesional.

 

El único requisito es que formen parte de un proceso como víctima, testigo, juez, fiscal, defensor u otra persona que se encuentre en una situación de riesgo como consecuencia de su intervención en un hecho delictivo

 

De acuerdo con la jefa de la OAPVD, las personas que deseen formar parte deben saber que los funcionarios y funcionarias están obligados cumplir con un principio de confidencialidad, el cual está establecido en el artículo 2 de la Ley.

 

Incluso, el artículo 325 bis señala que “se impondrá pena de prisión de dos a ocho años de prisión a quien por si o cualquier medio, difunda información confidencial relacionada con personas sujetas a medidas de protección en el programa de víctimas y testigos”.

 

Apoyo económico. La OAPVD tiene un Fondo Especial para la Protección a Victimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso Penal.

 

Estos recursos son utilizados cuando una persona que ingresa al Programa, consecuencia de un delito, requiera de alimentación,  pasajes,  vestimenta o algún medicamento. Incluso, si se debe reubicar al interviniente, se le otorga un monto para el hospedaje.

 

Según explicó Helen Ballestero Muñoz, coordinadora del Área de Administración de la OAPVD,  el Fondo tiene montos establecidos. Por ejemplo,  ₵2.500 por el desayuno, ₵3.500 para la almuerzo y cena (cada uno) y un monto de ₵19.000 por concepto de hospedaje. No obstante, los montos pueden variar según la situación que presente la persona interviniente, pues el principio de protección establece que la vida y la integridad física son primordiales.

 

Compromiso continuo. La jefa de la OAPVD señaló que se tiene claro que en este despacho se brinda un servicio público exclusivo, pues las personas no tiene a otras opciones de este tipo.

 

No importa la nacionalidad, sexo, religión o si se trata de una persona en condición migratoria irregular; el programa es abierto para quien el equipo interdisciplinario del Programa de Protección determine que está en riesgo, o que se establezca, por parte del Programa de Atención, que tenga una necesidad de apoyo en trabajo social, psicología y área, tras  ser  víctima o testigo de un delito.

 

“El compromiso es diario para mejorar  los servicios que se han venido brindando en estos 10 años, queremos que estos  sean creados desde la visión de las personas que recurren a la oficina no desde una visión institucional”, concluyó Arce.

 


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