FARMACÉUTICOS BUSCAN ALIANZA CON EL MINISTERIO PÚBLICO PARA DENUNCIAR CASOS DE PRESUNTO EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN

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  • Circular administrativa de la Fiscalía General pretende que este fenómeno criminal sea interpretado de la misma manera jurídica en cualquier parte del país.

 

03 de julio del 2019. La revisión de recetas de medicamentos que prescriben médicos, odontólogos, obstetras y hasta veterinarios son algunas de las funciones de los especialistas en farmacia. Aunque parezca una función sencilla, acorde con su formación profesional, este trabajo, en manos de una persona no especializada en la materia podría provocar un “altísimo” riesgo que conlleve a daños irreparables en la salud de los pacientes, incluso la muerte.

 

La preocupación del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, órgano que tiene una función fiscalizadora, conllevó a que este gremio sostuviera un acercamiento con la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, luego de que la jerarca emitiera la circular administrativa 05-ADM 2019, con la cual pretende que el personal que atiende delitos de ejercicio ilegal de la profesión interprete este fenómeno criminal de manera correcta y uniforme.

La reunión se llevó a cabo en la Fiscalía General, el 19 de junio anterior, y participaron la jerarca, el subjefe del Ministerio Público, Juan Carlos Cubillo Miranda, el Presidente del Colegio de Farmacéuticos, José Gatgens Gómez, y el asesor legal Randall Madrigal Madrigal.

 “Tuvimos conocimiento de la Circular Administrativa de la señora Fiscal General de la República, en la que se brinda una interpretación de la norma que regula el ejercicio ilegal de la profesión. Ha existido una plena coincidencia por parte de nuestro Colegio con esa circular, toda vez que no compartíamos la interpretación que se deba al tipo penal de ejercicio ilegal de la profesión, al que se le consideraba como un delito de resultado, ya que, a nuestro juicio, no tenía que haber un resultado lesivo, sea un daño a la salud o incluso a la vida de las personas, para que se pudiera perseguir esta conducta delictiva”, manifestó José Gatgens Gómez, Presidente del Colegio de Farmacéuticos.

 

Para la Fiscala General, “los colegios profesionales en Costa Rica regulan el ejercicio de las profesiones con el objetivo de asegurarse la calidad en el servicio. Cuando están de por medio la salud y la vida, es cuando debe haber más rigurosidad en los controles, por ejemplo, un error en la prescripción o el uso de medicamentos pone en un alto riesgo la salud y la vida de la población. El Ministerio Público, en su tarea articulada con los colegios profesionales para prevenir consecuencias graves en el ejercicio ilegal de la profesión, en este caso también tuvo un acercamiento con el Colegio de Farmacéuticos”.

 

La Política de Persecución Penal emitida en enero de este año es un instrumento con el que se pretende que este fenómeno criminal sea interpretado de la misma manera jurídica en cualquier parte del país. En la misma se expone que “ha existido ambigüedad en torno a la interpretación del tipo penal (…)”, pues hay quienes consideran que, para poder probar el delito, se requiere que la profesión sea ejercida de manera habitual; otros señalan que únicamente se puede acusar un caso si la persona imputada lleva a cabo la acción para la cual no tiene autorización, y otros más exigen la existencia de un daño como producto de ese ejercicio ilegal”.

 

A partir de la puesta en marcha del documento, se estableció que cualquier persona que ejerza una profesión sin estar habilitada para ello, será procesada, aun cuando no se le haya comprobado algún daño.

 

“La acción que sanciona el delito es el ejercicio ilegal de una profesión, actividad que no debe de causar resultado o perjuicio alguno que deba ser demostrado para la configuración del tipo, que se consuma con la representación del autor sobre otras personas de una profesión que no ostenta, por no cumplir con los requisitos necesarios. Desde esa perspectiva, no es necesario que ese ejercicio cause un perjuicio a terceros, basta con la simple representación del acto material para que se consume el hecho”, destacó la Fiscala General.

 

“La salud de la población sin lugar a dudas ha ganado con esta circular, que nos garantiza a nivel de los colegios profesionales del ámbito de la salud, actuar con prontitud y con la certeza de que las denuncias serán atendidas y se llevará a la jurisdicción penal a quienes inescrupulosamente y en altísimo riesgo para las personas, se hacen pasar por profesionales de la salud”, agregó Gatgens Gómez.

 A raíz de esta circular administrativa, distintos colegios profesionales han buscado un acercamiento con la Fiscalía para trabajar de manera conjunta cuando exista un caso por presunto ejercicio ilegal de la profesión, tal es el caso del Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Cirujanos Dentistas, el Colegio de Nutricionistas y el Colegio de Psicólogos.


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