POLICÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PODRÍA CUMPLIR MEDIDAS CAUTELARES POR PRESUNTOS COBROS ILEGALES

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  • Fecha de Publicación: 2018-11-05 13:33:39

Daniel Quesada A.
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05 de noviembre del 2018. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en su sede de Santa Cruz, solicitará que un policía municipal del ayuntamiento local cumpla medidas cautelares, como sospechoso de tres delitos de concusión.

Se trata del imputado de apellidos Córdoba Núñez, quien fue capturado hoy como parte de una investigación que se desarrolla a raíz de presuntos cobros ilegales que habría hecho o intentado hacer a dos comerciantes; cuyas causas se desarrollan dentro de los expedientes 18-000023-1771-PE y 18-000790-800-PE.

La Fiscalía solicitará contra él suspensión del cargo, impedimento de llegar al lugar de trabajo, impedimento de comunicarse con testigos y denunciantes, no portar armas de fuego, impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y mantener un domicilio fijo.

Hechos. El primer caso habría ocurrido el 29 de setiembre pasado, cuando dos oficiales de la Policía Municipal confeccionaron un parte al dueño de un bar por no contar con permisos; en apariencia, después de esto, el sospechoso habría llegado hasta el local, ofreciendo eliminar las infracciones a cambio de dinero.

Supuestamente, Córdoba pidió ¢80.000 para pagarle a los policías, además de ¢40.000 consumibles en licor, lo cual se habría concretado el 03 de octubre.

Según se sospecha, el imputado volvió al establecimiento y cuando los dependientes se negaron a darle consumo gratis, habría llamado al dueño para quejarse y hacerle ver que el bar era objetivo de la Municipalidad, a lo que el denunciante le pidió que le diera tiempo para conseguir dinero.

Otra denuncia. Por otra parte, se cree que el 01 de junio del año en curso visitó un baile que se realizaba en un bar en la zona de Arado, propiedad de un hombre de nacionalidad china quien contaba con los permisos requeridos; presuntamente Córdoba llegó en un carro particular y vestido con uniforme oficial.

En apariencia, le indicó al dueño que el permiso del Ministerio de Salud estaba vencido y clausuraría el local si no le entregaba ¢60.000; sin embargo, el denunciante se negó a pagar.