FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN BUSCA PRUEBAS EN TRES INSTITUCIONES Y UN CONSORCIO PARA ESCLARECER CASO DE LA “PIFIA”

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  • Fecha de Publicación: 2018-11-27 16:49:24

Tatiana Vargas Vindas

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27 de noviembre del 2018. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirma que, desde las 8:30 a.m., dirige cuatro allanamientos, con el objetivo de secuestrar evidencia relacionada con la investigación del caso 18-00009-1218-PE, conocido mediáticamente como “pifia ruta 257”.

 

Las oficinas que se están allanando corresponden al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Consejo Nacional de Concesiones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas.

 

De acuerdo con la FAPTA, el caso que se investiga se relaciona con la licitación que llevó a cabo el CONAVI, bajo la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la conexión entre la ruta 32 y la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. La adjudicación del proyecto recayó sobre el consorcio allanado hoy.

 

Sin embargo, la licitación, con un precio inicial de $71.857.500, no cumplió con el objetivo contractual para lograr la conexión definitiva, pues hubo un faltante de más de 80 metros que impedía el acceso a la terminal portuaria. En consecuencia, el Estado costtarricense tuvo que asumir el pago adicional de $14.000.000 (catorce millones de dólares), correspondientes al valor del diseño y construcción de la porción de terreno que no fue contemplada inicialmente para lograr la conexión.

 

La hipótesis de investigación de la Fiscalía es que no existieron errores de diseño, sino que desde que el proyecto se adjudicó se conocía del faltante para acceder a la terminal, así como del resultado lesivo que eso provocaría a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública. No obstante lo anterior, las pruebas determinarán si se valida o se descarta dicha hipótesis, conforme avance el proceso penal.

 

De momento no hay personas imputadas. Las pruebas que se decomisen hoy serán analizadas por el Departamento de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial.

 

El delito investigado es influencia contra la hacienda pública, regulado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.