FISCALÍA APELARÁ SOBRESEIMIENTO DE EXPRESIDENTE ARIAS EN CASO “CRUCITAS”

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  • Equipo a cargo difiere de criterio de Juzgado y mantiene certeza de que hechos no están prescritos.

 

Daniel Quesada A.

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22 de febrero del 2019.  Tras analizar la resolución del Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, la Fiscalía General de la República decidió que presentará una apelación al sobreseimiento definitivo dictado por este órgano en favor del expresidente Arias Sánchez, dentro del caso conocido mediáticamente como “Crucitas”.

 

Emilia Navas Aparicio, fiscala general, dijo que, “la jueza dictó un sobreseimiento considerando que, pese a que había elementos de juicio que en la investigación permitían vincular al señor Arias en los hechos y que debía indagarse, esa diligencia no se hizo y la acción prescribió; sin embargo, estudiamos la resolución y hemos tomado la decisión de presentar una apelación porque sabemos que la acción penal no está prescrita”,

 

La jerarca del Ministerio Público agregó que, aunque el equipo a cargo del caso respeta la resolución, no comparte el criterio de que los hechos por los que se acusó al exmandatario están prescritos, ya que la declaración indagatoria se tomó el 08 de noviembre del 2017, casi un mes antes de que venciera el plazo, el 30 de noviembre del mismo año, lo cual extendió ese plazo por seis años.

 

El Juzgado consideró que el acto que interrumpió la prescripción fue la declaratoria del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la nulidad de la concesión de minería y del decreto de interés público, emitida el 14 de diciembre del 2010.

 

Sin embargo, José Pablo Miranda, uno de los fiscales a cargo del caso, apuntó que “esta resolución no adquirió firmeza y, por ende, no tenía ningún efecto procesal ni jurídico en nuestro ordenamiento, hasta que fue confirmada mediante resolución de la Sala I del 30 de noviembre del 2011; a partir de ese momento el plazo de prescripción reinició”.

 

La prescripción es una sanción procesal ante la inactividad del Estado en la persecución de un delito y establece plazos para que esto ocurra; en el caso del delito de prevaricato, por el que se acusó a Arias, según la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, este período se interrumpe cuando un acto es declarado nulo o ineficaz por parte de la autoridad administrativa o judicial.

 

La Fiscalía cuenta tres días hábiles para presentar la apelación ante el Juzgado, el cual, a su vez, ordenó la realización de un juicio oral y público contra los siete imputados restantes en el caso: Dobles Mora, Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, cada uno de ellos acusado por un delito de prevaricato.


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