Reseña histórica
El Ministerio Público de Costa Rica fue creado por ley de la República; no ostenta aún rango constitucional. El órgano que hoy en día existe, como institución auxiliar de la moderna Administración de Justicia, data del año 1975.
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Misión
Proteger los derechos de las personas, requiriendo de los tribunales la aplicación de la ley para contribuir con la paz social.
Visión
Ser un Ministerio Público eficaz, oportuno, y objetivo en la persecución de la criminalidad
Valores
Compromiso - Integridad - Iniciativa - Verdad - Discreción - Vocación de servicio - Lealtad - Valentía
El Ministerio Público de Costa Rica nació el 1 de Julio de 1975 con la función de ejercer la Acción Penal y la Acción Civil Resarcitoria, pero ¿qué significa esto? Quiere decir que es la institución encargada de proteger los derechos de las personas, recurriendo a los Tribunales de Justicia para que la ley se aplique. Así, cuando reciba una denuncia o cuando se entere de un posible delito, el Ministerio Público debe dirigir una investigación, lo que implica determinar si se cometieron o no, actos ilícitos y en caso afirmativo establecer cómo ocurrieron los hechos y quién o quiénes son las personas responsables. Para investigar se deben ordenar diligencias o solicitudes de allanamientos, requisas y detenciones que permiten obtener pruebas.
Aquí viene el siguiente paso: Cuando finalice la investigación el Ministerio Público puede acusar y solicitar a un juzgado penal que se ordene un juicio contra quien las pruebas señalan como autor o autora de un delito, solicitar la desestimación para que se archive la causa penal cuando el hecho no constituye delito o solicitar un sobreseimiento que implica que el hecho no fue cometido por la persona denunciada o que los actos cometidos no son delito. Con un sobreseimiento el caso no puede ser reabierto como sí ocurre con la desestimación.
Ahora bien ¿qué es la Acción Civil Resarcitoria? Es el medio con el que la víctima u otra persona interesada puede cobrar a la parte imputada un monto económico por los daños y perjuicios sufridos. Para ello, la víctima puede delegar esa tarea al Ministerio Público o hacerlo mediante su profesional en derecho de confianza.
¿Conoce dónde puede denunciar o reportar la comisión de un delito? Recurra a cualquier fiscalía del país, al Organismo de Investigación Judicial o a la Fuerza Pública, o comuníquese a la línea de emergencia 911 o a la línea confidencial del Organismo de Investigación Judicial 800 8000 645.
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Emblemas
Los funcionarios del Ministerio Público de Costa Rica se identifican por medio de placas metálicas de distintos colores, según sea su posición en la jerarquía institucional.
Así, los emblemas del Ministerio Público tienen como referentes la JUSTICIA y la LIBERTAD por ser fines institucionales permanentes para la democracia, y la VERDAD, la TRANSPARENCIA, la INTEGRIDAD y la PRUDENCIA, como valores para alcanzar aquellos fines.
Placa Plateada
La placa plateada que porta la gran mayoría de funcionarios, en la parte superior del aro que la rodea lleva la inscripción MINISTERIO PÚBLICO DE COSTA RICA. Se colocó sobre un fondo negro por ser este el color de la Justicia, dado que es ausencia de color por lo que representa la objetividad e imparcialidad. El Ministerio Público no se decanta por nadie ni por nada; su trabajo obedece a la Constitución Política y a la ley.
Placa Dorada
El aro que rodea la placa dorada dice en su parte superior FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El fondo de esta insignia es azul por ser el color de la Libertad, asumido así en la literatura y en la poesía cuando se hace referencia al cielo, al mar o al azul. Como jerarca del Ministerio Público, el Fiscal o Fiscala General contribuye con la política de persecución a preservar la libertad de todos aquellos ofendidos o víctimas de delito.
Placa Dorado con Plateado
El aro que rodea la placa de los Fiscales Adjuntos lleva inscrita en la parte superior la leyenda CONSEJO FISCAL DE COSTA RICA. Este órgano es el asesor del Fiscal o Fiscala General en el diseño de la política de persecución penal y en la conducción del Ministerio Público. El emblema tiene un fondo rojo por representar, en el ámbito de la Justicia, la capacidad de juzgar correctamente: la sindéresis. En tanto el Consejo Fiscal es el órgano dedicado al análisis, al pensamiento y a la producción de ideas, el color rojo es el que identifica esta actividad. No debe olvidarse que en países donde los jueces visten toga, algunos son distinguidos con un discreto ribete rojo sobre el negro objetivo e imparcial de la túnica, como reconocimiento a su prudencia y capacidad de juzgar.
ExFiscales
José Chaverri Rodríguez
José Francisco Chaverri Rodríguez
Fue el primer Jefe del Ministerio Público costarricense. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En el campo laboral se desempeñó como abogado privado en las áreas civil y laboral. Posteriormente se dedicó a la función pública, donde destacó como Auditor General, Procurador General de la República (1966-1968), Ministro de Trabajo (1969) y finalmente Jefe del Ministerio Público, puesto que ejerció a partir del 1° de julio de 1975 y hasta el 17 de diciembre de 1977, fecha en que ocurrió su deceso, cuando aún estaba a cargo del Ministerio Público. Participó en las jornadas del Colegio de Abogados para la discusión del por entonces nuevo Código de Procedimientos Penales de 1975. Ya como Jefe del Ministerio Público, tuvo que enfrentar la entrada en vigencia de la nueva normativa procesal, la reorganización de los tribunales para hacer frente a las previsiones de las nuevas leyes, el nuevo tipo de juicio oral y público, la coordinación con un Organismo de Investigación Judicial en ciernes y una Defensa Pública de reciente creación.
Jorge Rojas Espinoza
Jorge Rojas Espinoza
Estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, concluyendo su licenciatura en 1944. Posteriormente estudió Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Don Jorge Rojas Espinoza fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, que creó la Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949, la cual aún nos rige.Ha sido profesor ad honorem de educación cívica, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Regidor y Presidente de la Municipalidad de Atenas, Vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados que logró la adquisición de las instalaciones actuales de dicho Colegio.
En el Poder Judicial se desempeñó como juez en la ciudad de Limón, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente Jefe del Ministerio Público, entre 1977 y 1984. Participó activamente en el anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público.
Fernando Cruz Castro
Fernando Cruz Castro
Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica y el posgrado en la Universidad Complutense de Madrid.Toda su vida profesional la ha dedicado a la función judicial. Ingresó al Poder Judicial en 1972, de los cuales once años ejerció como fiscal del Ministerio Público, ocupando todos los puestos de la jerarquía de aquella época.
Durante ocho años fue juez integrante de un tribunal de juicio. Durante diez años integró el Tribunal de Casación Penal y en octubre del 2004 fue designado magistrado de la Sala Constitucional.
Fue designado Jefe del Ministerio Público de 1983 a 1986. En dicho período, sus logros más importantes fueron la creación de la Unidad Especializada contra la Corrupción, que inició su trabajo con el caso del Fondo Nacional de Emergencias, el Hospital Iberoamericano, la contaminación con el 245T (herbicida cancerígeno utilizado por algunas compañías en nuestro país), y con algunos peculados importantes en el sector público. Su lucha se materializó en lo que hoy es la Unidad de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios.
El período de don Fernando Cruz Castro se caracterizó por la lucha contra la corrupción que comenzaba a configurarse como un delito estructurado, el cual alcanzaba las esferas pública y privada, no solo en Costa Rica, sino también en América Latina.
Procuró la coordinación del trabajo entre fiscales y agentes policiales, asumiendo la investigación de los casos importantes. Con esto se anticipó al modelo vigente, en el que el Fiscal investiga y el juez controla la constitucionalidad del procedimiento. Puso mucha energía en la pretensión de convertir al fiscal en un investigador, en un funcionario que preparara su acusación y que la defendiera apropiadamente en el debate. Le concedió especial importancia al objetivo de que el Fiscal demostrara espíritu crítico y acuciosidad en el ejercicio de la función acusatoria. Además, trató de que el proceso fuera un espacio de discusión real de los temas de fondo, erradicando el procedimentalismo y la conversión de la forma en un valor sin contenido constitucional.
En esos difíciles momentos, prefirió seguir el adagio de Cicerón, que el mismo don Fernando Cruz cita: "La cortesía nos procura amigos; la verdad enemigos".
Eduardo Araya Vega
Eduardo Araya Vega
Es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica desde el año 1977, como Abogado con especialidad en Ciencias Penales. Ingresó a laborar al Poder Judicial en el año 1975 como funcionario del Organismo de Investigación Judicial hasta 1977 en que inició sus labores como Agente Fiscal de Limón; posteriormente fue nombrado Fiscal de Juicio en San José. En el año 1985 fue designado por la Corte Plena como Juez Integrante del Tribunal Superior Primero Penal de San José cargo que desempeñó hasta mediados de 1986, cuando fue designado por la Corte como Jefe del Ministerio Público, cargo que desempeñó hasta octubre de 1989, año en que se retiró por renuncia. Entre 1986 y 1987 participó en seminarios latinoamericanos sobre el Proceso Penal Mixto Moderno celebrados en República Dominicana y Ecuador bajo el patrocinio del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.Durante su gestión como Jefe del Ministerio Público, su más importante aporte se dio en la lucha contra el narcotráfico, lucha que se materializó en la creación de la Unidad Especializada de Narcotráfico, en el año 1989. Se estableció también, durante su gestión, la coordinación funcional con las diversas secciones del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, mediante la asignación de fiscales para coordinar las causas más importantes. Como Jefe del Ministerio Público, y posteriormente como Viceministro de Gobernación y Policía, participó a título de representante de Costa Rica en varias reuniones de policía del continente americano, en temas de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, actividades que se desarrollaron bajo el auspicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y de la Agencia de Lucha contra las Drogas. En el año 1990 fue nombrado Presidente del Grupo de Expertos encargados de preparar el Reglamento modelo sobre lavado de activos relacionados con tráfico ilícito de drogas, grupo que trabajó bajo el auspicio y coordinación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos.
José María Tijerino Pacheco
José María Tijerino
Realizó estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, se doctoró en la Universidad de Valencia, en España, en 1988.
Ingresó al Ministerio Público como primer agente fiscal de Cañas, Guanacaste, en 1976.
Posteriormente desempeñó los cargos de agente segundo fiscal de Alajuela, fiscal de juicio en esa misma provincia, fiscal quinto de juicio de San José, subjefe del Ministerio Público y juez coordinador del Tribunal Superior Tercero Penal de San José.
Juró el cargo como quinto Fiscal General de la República el 2 de enero de 1990, y lo desempeñó hasta el 2 de abril de 1995, fecha en que fue efectiva su renuncia para pasar a desempeñarse como consultor internacional en sistemas de justicia penal.
La idea central de su gestión como Fiscal General fue "Un Ministerio Público para una sociedad democrática", que se manifestó en un acentuado celo por que la investigación policial se efectuara con absoluto respeto a las garantías constitucionales, porque no hubiera acepción de personas en la persecución de los delitos, por priorizar la persecución de los delitos de mayor lesividad social, por defender la independencia y el ámbito de competencia del Ministerio Público en sus relaciones con cualquier otro centro de poder, nacional o extranjero. Durante su gestión fue creada la Fiscalía Agraria y Ambiental, así como la Unidad de Casación Penal. Impulsó el Programa de Formación de Fiscales, en el cual fue, él mismo, uno de los capacitadores tanto en el campo del derecho procesal penal como en el de la técnica del juicio oral.
Ingresó al Ministerio Público como primer agente fiscal de Cañas, Guanacaste, en 1976.
Posteriormente desempeñó los cargos de agente segundo fiscal de Alajuela, fiscal de juicio en esa misma provincia, fiscal quinto de juicio de San José, subjefe del Ministerio Público y juez coordinador del Tribunal Superior Tercero Penal de San José.
Juró el cargo como quinto Fiscal General de la República el 2 de enero de 1990, y lo desempeñó hasta el 2 de abril de 1995, fecha en que fue efectiva su renuncia para pasar a desempeñarse como consultor internacional en sistemas de justicia penal.
La idea central de su gestión como Fiscal General fue "Un Ministerio Público para una sociedad democrática", que se manifestó en un acentuado celo por que la investigación policial se efectuara con absoluto respeto a las garantías constitucionales, porque no hubiera acepción de personas en la persecución de los delitos, por priorizar la persecución de los delitos de mayor lesividad social, por defender la independencia y el ámbito de competencia del Ministerio Público en sus relaciones con cualquier otro centro de poder, nacional o extranjero. Durante su gestión fue creada la Fiscalía Agraria y Ambiental, así como la Unidad de Casación Penal. Impulsó el Programa de Formación de Fiscales, en el cual fue, él mismo, uno de los capacitadores tanto en el campo del derecho procesal penal como en el de la técnica del juicio oral.
Carlos Arias Nuñez
Carlos Arias Nuñez
Se graduó como abogado con especialidad en Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica. Toda su carrera profesional la desempeñó en el Poder Judicial, donde ocupó los cargos de alcalde mixto, inspector judicial, inspector general judicial, agente fiscal, fiscal de juicio y, finalmente Fiscal General de la República. En este último puesto debió enfrentar el cambio del Código de Procedimientos Penales de 1973 al Código Procesal Penal que introdujo el modelo esencialmente acusatorio, afrontando también la implementación y organización del Ministerio Público para asumir la Ley de Justicia Penal Juvenil, materia que por vez primera en la historia costarricense tendrían que atender los fiscales. Logró incluir al Ministerio Público como un componente del Proyecto de Fortalecimiento dentro del Programa de Modernización de Justicia Corte-BID, y dejó visualizada la línea de trabajo que hoy día se ejecuta. El sistema de Unidades Especializadas del Ministerio Público fue diseñado en algunos casos, y en otros consolidado en su gestión. Además de ellas, creó una Oficina de Descongestionamiento a nivel nacional, la Unidad de Inspección Fiscal, la Unidad de Capacitación y Supervisión, la Unidad de Trámite Rápido para el descongestionamiento del circulante en el Ministerio Público. En 1998 le tocó enfrentar la avalancha de expedientes que venían de los juzgados de instrucción por el cambio de legislación. Diseñó y ejecutó el sistema de audiencias públicas masivas para la aplicación de medidas alternas. Ejecutó, conjuntamente con diversas instituciones, varios proyectos en el marco de la suspensión del procedimiento a prueba, como la reforestación de la cuenca del Río Zapote, en Upala; el proyecto de construcción de senderos y puentes sobre el Río Celeste, en Guatuso; el proyecto ecoturístico Volcán Tenorio.
Francisco Dall'anese Ruiz
Francisco Dall'anese Ruiz
Su labor en el Poder Judicial se inició en 1982, desde esa fecha desempeñó distintos puestos como Agente Fiscal de Alajuela, Puriscal y San José; Actuario de San José; Juez de Instrucción de Cañas y Turrialba; Juez Superior Penal y Juez de Casación Penal de San José; Letrado y Magistrado Suplente de la Sala Tercera de Corte Suprema de Justicia. En octubre de 2003, empezó su labor como Fiscal General de la República de Costa Rica.Como jerarca de la institución se mantuvo por dos periodos consecutivos, desde el 1º de noviembre de 2003 hasta el 31 de julio del 2010. En este último año y antes de concluir su segundo período, fue designado para ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Durante los siete años de labor como Fiscal General de la República de Costa Rica, impulsó diversos cambios como la activación del Consejo Fiscal, así como la creación de nuevos despachos como la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, La Oficina de Atención y Protección a la Víctima, la Fiscalía de Asuntos Indígenas y la Fiscalía Móvil, entre otros.La creación del Sistema de Seguimiento y Control de Casos (SISPLAZO), como sistema de gestión del caso, estableciendo plazos administrativos para verificar la labor del personal de apoyo y de los entes policiales.
La prioridad en la constante búsqueda de cercanía del pueblo costarricense con el Ministerio Público y cumplir con los valores de transparencia y rendición de cuentas de la institución, tuvo su manifestación el 19 de mayo de 2008 con la primera transmisión del programa semanal de radio Los Fiscales y Usted, a través de la Cadena de Emisoras Columbia.
Fungió como Presidente Pro Témpore del Consejo de Ministerios Públicos Centromericano, procurando el desarrollo proyectos tales como el Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, las gestiones ante el SICA para lograr la incorporación del Consejo a este importante órgano y el fortalecimiento de la Cooperación Penal Internacional a nivel regional.
Como reconocimiento a su labor nacional e internacional, obtuvo importantes galardones tales como: el Premio Nacional de Valores 2005 otorgado por la Comisión Nacional de Valores, Premio Italia 2009, otorgado por el Comité de los Italianos en el Extranjero en Costa Rica y la Orden del Mérito Civil concedida por el Rey de España, Su Majestad Juan Carlos I de Borbón, condecoración que le fue entregada en junio del 2010 por el Embajador acreditado en Costa Rica y el Homenaje que rindió el ILANUD en julio de 2010, en reconocimiento a su valiosa carrera profesional en conmemoración de su nombramiento como Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Como reconocimiento a su labor nacional e internacional, obtuvo importantes galardones tales como: el Premio Nacional de Valores 2005 otorgado por la Comisión Nacional de Valores, Premio Italia 2009, otorgado por el Comité de los Italianos en el Extranjero en Costa Rica y la Orden del Mérito Civil concedida por el Rey de España, Su Majestad Juan Carlos I de Borbón, condecoración que le fue entregada en junio del 2010 por el Embajador acreditado en Costa Rica y el Homenaje que rindió el ILANUD en julio de 2010, en reconocimiento a su valiosa carrera profesional en conmemoración de su nombramiento como Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Jorge Chavarría Guzmán
Jorge Chavarría Guzmán
Fue designado por la Corte Plena como Fiscal General de la República y asumió el cargo el 16 de octubre del 2010; en la misma fecha del 2014 fue reelecto por las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, durante cuatro años más.
Creó las Fiscalías Adjuntas de Legitimación de Capitales y de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Además, las Fiscalías de La Fortuna y Puerto Jiménez, en las zonas norte y sur, respectivamente. También fundó la Unidad Operativa de Dirección Funcional y le dio categoría de adjunta a las Fiscalías de Impugnaciones y de Asuntos Indígenas. Fortaleció la persecución de la delincuencia organizada y la corrupción, reorganizando la institución en dos columnas que abordan ese tipo de delitos de manera eficaz. En ese mismo sentido, impulsó la consolidación de una cultura de valores dentro de la institución y creó el Área de Valoración Psico socio laboral (AVAL), unidad que se encarga de verificar -de previo a la contratación de recurso humano- que la persona oferente tiene reconocida ética, valores, costumbres y probidad. La tercera columna en la que basó la reorganización es la de Fiscalías Territoriales, la cual vela por la estandarización organización y gestión de los despachos ubicados en las provincias y cantones del país. En el 2015 inició un proyecto de reorganización que procura la estandarización de procedimientos en las fiscalías territoriales con el objetivo de facilitar la capacitación, la supervisión y la evaluación de desempeño. En las fiscalías especializadas, el mismo proyecto busca que estas mejoren la gestión y control de las causas penales y que se fomente la rendición de cuentas. Dio énfasis al fortalecimiento de la capacitación de los fiscales y fiscalas, lo que dio pie a la creación del Centro de Adiestramiento de Fiscales Auxiliares, el cual busca mejorar el desempeño del personal interesado en ocupar un puesto dentro del Ministerio Público. Uno de sus principales ejes de acción fue la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y las Fiscalías, para luchar contra la delincuencia que afecta al país y obtener resultados efectivos. A nivel internacional también fortaleció la cooperación. Fue presidente del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, órgano que vela por el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional en la lucha conjunta contra las delincuencias que afectan los países miembros, así como por el fortalecimiento de las instituciones. Además, fungió como secretario general permanente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, entidad que promueve el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar asuntos de crimen organizado y tratamiento de víctimas y testigos. Junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y otros jerarcas de la región, don Jorge Chavarría impulsó la creación de la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado, REFCO, un órgano del Consejo Centroamericano.
Emilia Navas Aparicio
Emilia Navas Aparicio
Nació el 16 de diciembre de 1964, en San José, Costa Rica. Es licenciada en Derecho y notaria pública, por la Universidad de Costa Rica (1988), y tiene una maestría en Administración de Justicia por la Universidad Nacional (2013).
El 13 de octubre del 2017 fue nombrada Fiscala General de manera interina, mientras se realizaba un concurso público para ocupar el puesto. El 12 de marzo del 2018 fue electa de manera unánime por los 22 magistrados y magistradas de la Corte Plena del Poder Judicial, para ocupar el máximo cargo en el Ministerio Público.
Ha sido docente de la Universidad Nacional, en Heredia, del curso de Aprovechamiento de Facilitadores Judiciales, auspiciado por la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de Justicia y la Organización de Estados Americanos.
Trayectoria laboral. Tuvo una mención de honor, en enero del 2008, en el Programa de Alto Nivel de Gerencia para fiscales y fiscalas del Ministerio Público, Universidad Fundepos Alma Mater.
En el 2009 recibió un reconocimiento de la Escuela Judicial por el aporte en el desarrollo del diagnóstico de necesidades de capacitación en materia penal, y en diciembre del 2013 recibió un reconocimiento por el apoyo a los programas de reclutamiento, selección y capacitación de fiscales y fiscalas.
En febrero del 2014, representó a la Fiscalía General en la Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores de América Latina, del grupo de trabajo y cooperación contra el delito Cibernético de la Organización de Estados Americanos.
En abril de ese mismo año, fue representante de la Fiscalía General en el Taller sobre Ciberdelincuencia, en la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores de México.
Experiencia laboral. Entre octubre de 1988 y marzo de 1994, ocupó cargos como alcaldesa judicial de Alfaro Ruiz, Jueza Mixta de Puriscal, Jueza Laboral de Alajuela, Agente Fiscal de San José, Alajuela y San Ramón.
Entre abril de 1994 y octubre de 1996, se desempeñó como agente fiscal de San Joaquín de Flores, y entre esa última fecha y noviembre del 2003, fue coordinadora de ese despacho.
Entre enero del 2001 y diciembre del 2002 ocupó el cargo de fiscala coordinadora de homicidios en Heredia; y de diciembre del 2003 a julio del 2004 se convirtió en la fiscala adjunta de la Fiscalía de Heredia.
En agosto del 2004 y hasta abril del 2010 fungió como fiscal adjunta de Heredia; entre mayo y julio del 2010 como fiscal adjunta de Alajuela; y de agosto a octubre de ese mismo año como fiscal adjunta de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios.
En noviembre del 2010 y hasta marzo del 2012, fue fiscal adjunta del II Circuito Judicial de San José, y de abril del 2012 a junio del 2013 regresó a la Fiscalía de Heredia, como fiscal adjunta.
Desde julio del 2013 hasta el 13 de octubre del 2017, se desempeñó como fiscala Adjunta de la Unidad de Fraudes de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en San José.