Mediante Instrucción General 01-2016, emitida por la Fiscalía General de la Republica, las fiscalías especializadas fueron constituidas como rectorías a nivel nacional por lo que poseen la autoridad final en la definición de los criterios penales sustantivos y adjetivos a aplicar en la atención de los casos penales, así como la definición de los estándares probatorios y de los procedimientos válidos para el abordaje de los delitos.

Por ello, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, en conjunto con las Rectorías Nacionales y la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías, ha preparado un modelo para la atención de los casos penales de más incidencia o relevancia en nuestro país, de tal forma que las fiscales y los fiscalas puedan contar con una información actualizada, concreta y efectiva que le permita dar una solución eficiente a cada caso concreto, mejorando con ello el servicio público encomendado por Ley: ejercer la persecución penal para contribuir con el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.