
El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer la articulación institucional para garantizar una atención oportuna, sensible y especializada, que proteja el bienestar y los derechos de las personas menores de edad. Según informó la Fiscalía, se busca establecer un protocolo de trabajo conjunto que evite la revictimización y responda adecuadamente a las necesidades específicas de cada caso, considerando factores como la edad, el género y el entorno de la víctima.
“La creación de esta red nos permitirá dar una respuesta más integral y efectiva, asegurando que cada caso sea abordado con el debido cuidado y con un enfoque centrado en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia”, indicó Dayana Suárez, fiscal adjunta de Puntarenas.
La propuesta también contempla un mecanismo continuo de evaluación y mejora de los procesos de atención, con el fin de optimizar la coordinación entre las instituciones involucradas y asegurar un acompañamiento más eficiente para las personas menores de edad afectadas.