Daniel Quesada Artavia
02 de junio del 2021. La publicación de la llamada Ley de Bienestar Animal, en abril del 2017, brindó a la sociedad mayores herramientas para la protección de los animales, pero, al mismo tiempo, supuso para el Ministerio Público un reto, el cual, actualmente, se enfrenta de manera eficiente con la investigación cuidadosa de las denuncias que se reciben.
Así lo hizo ver Mauricio Boraschi Hernández, fiscal adjunto del II Circuito Judicial de San José, en el espacio radiofónico FrecuenciaMP; programa en el que, junto con la fiscala Natalia Carazo Mesén, explicaron los alcances de dicha ley e hicieron un llamado a la población para que denuncien los hechos que conozcan.
La funcionaria destacó que la legislación establece sanciones para tres conductas puntuales: quien mate o dé muerte a un animal de manera dolosa; la segunda, crueldad contra los animales, al causarles un daño o realizar actos sexuales con estos; y, por último, la organización de peleas entre animales.
Las penas por estos delitos van desde los tres meses hasta tres años de prisión, en el caso de la primera, y de tres meses a un año de cárcel en las dos restantes. Boraschi destacó que, pese que dichas sanciones se puedan valorar como bajas, “el solo hecho de que tengan pena de prisión convierte estas acciones en conductas graves”.
Denuncia y proceso. La Fiscala recordó que la ciudadanía tiene el deber de denunciar los actos de maltrato animal, para lo cual pueden recurrir a la sede de la Fiscalía más cercana, en caso de que sepan quién los cometió; al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o hacerlo de manera confidencial, por medio de la línea gratuita del OIJ: 800-8000-645.
“Cuando se recibe una denuncia se realiza una investigación que es compleja, en la que se trabaja en conjunto con el OIJ para poder esclarecer los hechos, por lo que se utilizan todas las herramientas de investigación que tengamos a mano, con el objetivo de individualizar a la persona sospechosa de cometer los delitos”, precisó.
Un aspecto relevante que establece la Ley es que las organizaciones de bienestar animal que estén debidamente inscritas en el Registro Judicial pueden formar parte de estos casos, no solo presentando una denuncia, sino defendiendo los derechos de los animales y participando en todo el proceso.
Recursos novedosos. El caso de un video en el que se observó a una persona lanzando a un gato desde un edificio es, quizá, el más notorio mediáticamente que ha registrado el país; este se investigó y acusó en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José.
Carazo indicó que, actualmente, se está a la espera de que se programe la audiencia preliminar, en la que el MP expondrá ante el Juzgado Penal los hechos y la prueba recabada, para que se determine si la causa es elevada a juicio.
Por su parte, el Fiscal Adjunto reconoció que el caso implicó el uso de una serie de técnicas de investigación novedosas, además de la asignación de un grupo de investigadores a tiempo completo, el cual, bajo dirección funcional de la Fiscalía, consiguió reunir las pruebas que sustentaron la investigación.
“Tuvimos que localizar y hacer uso de recursos que no son tan habituales para nosotros, uno de estos fue el de buscar un médico veterinario forense que estuviera en capacidad de realizar una necropsia”, apuntó el funcionario, quien rescató la importancia que se le otorga a estos casos en el MP.
“Nos preocupa mucho la crueldad y la muerte de animales, porque se ha establecido mediante estudios que muchas de las personas que realizan grandes actos de violencia en contra de seres humanos inicia, precisamente, maltratando animales, y esto es parte de lo que queremos evitar y del por qué el trabajo se hace con estos niveles de rigurosidad”, subrayó.
Usted puede escuchar la edición completa de FrecuenciaMP en este enlace.