01 de octubre del 2021. En virtud de la preocupante situación de hacinamiento que se está presentando en las diferentes celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el sistema carcelario a nivel nacional, el Ministerio Público reafirma a la ciudadanía su compromiso absoluto de ejercer la acción penal y de proteger los derechos de toda la población, sin desatender ninguna denuncia o investigación, y velando por el respeto de los derechos fundamentales de las personas, independientemente de que sean víctimas, imputadas o sentenciadas. 

Por lo anterior, la Fiscalía General, con el apoyo del Consejo Fiscal, ha valorado las opciones viables que presenta el sistema para la reubicación de las personas que se encuentran en celdas del OIJ con orden judicial de traslado a un centro penitenciario.  

Producto de ello, se ha determinado como una opción temporal el traslado y ubicación de estas personas al Centro de Atención Institucional San José (San Sebastián), lugar donde no existe hacinamiento carcelario, puesto que el mismo está funcionando a menos de la mitad de su capacidad instalada; esto fue corroborado mediante visita realizada el 29 de setiembre por parte del Juzgado, la Fiscalía y la Defensa Pública, todos estos despachos de Ejecución de la Pena de San José. 

El Ministerio Público gestionó, el 21 de setiembre, ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José que se autorice temporalmente el ingreso de población privada de libertad a dicho centro penitenciario, principalmente el de las personas que se encuentran detenidas en celdas del OIJ en espera de ser recibidas por las autoridades carcelarias. Lo anterior, debido a que el centro ubicado en San Sebastián mantiene vigente una medida correctiva ordenada por ese Juzgado, el cual, anteriormente, había dispuesto su cierre técnico, impidiendo el ingreso de más personas privadas de libertad.  

En ese sentido, hacemos saber a la ciudadanía que nos hemos ocupado de la situación y que seguimos trabajando en aras de encontrar una solución al problema, ante la emergencia que vive el país. Estamos conscientes que debemos cumplir, y así lo haremos, con la función que nos asigna la ley, en cuanto al ejercicio de la acción penal y la protección de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, así como de las víctimas vinculadas a los diferentes procesos penales. 

El Consejo Fiscal y la Fiscalía General, respetuosos del sistema penal y de las decisiones que toman las juezas y los jueces, esperamos una pronta resolución judicial ante tan urgente y delicada situación nacional.