UCS, 22 de octubre del 2019. Este martes 22 y miércoles 23 de octubre, 30 personas participan del curso “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, el cual reúne a personal del Ministerio Público, de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Procuraduría General de la República.
La actividad formativa es propiciada e impartida por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), y se lleva a cabo gracias al financiamiento del gobierno de Canadá y la organización de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS).
Entre las personas participantes se encuentran fiscalas y fiscales de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y la Fiscalía General.
La apertura de la capacitación estuvo a cargo de Mayra Campos Zúñiga, fiscala adjunta de la Fiscalía General y jefa de la UCS, además de Marcela Ortiz Bonilla, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
Por su parte, Grisell Mojica Aguilar, quien cuenta con amplia experiencia y formación como especialista en temas de corrupción de UNODC, es quien funge como facilitadora del taller.
La fiscala Campos destacó la importancia de esta capacitación y el acompañamiento de organismos como UNODC, ante la existencia de una ley que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas, lo cual “constituye la materialización de un proceso muy largo”.
Ella agregó que el curso responde a una necesidad latente, pues la existencia de esta norma conlleva la urgencia de contar con espacios de capacitación que brinden insumos necesarios para el personal que deberá instruir investigaciones sobre esta temática.
Por su parte Marcela Ortiz Bonilla, señaló que “la corrupción ha dejado de ser un problema nacional para convertirse en un fenómeno transnacional, que precisa ser combatido desde un enfoque holístico y multidisciplinario; en tal sentido la existencia de la Ley 9699 supone un avance en la lucha contra la corrupción, no obstante, investigar y juzgar a una persona jurídica supone superar complejos problemas teóricos y prácticos”.