El caso de la desaparición de la menor Keibril Amira García Amador, y los delitos de violación en perjuicio de su madre, me ha ocupado desde que ocurrió. Por agenda previamente establecida, la semana anterior me encontraba fuera del país, participando en la sesión del Comité Especial encargado de elaborar una Convención Internacional Integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones con fines delictivos, un instrumento que facilitará el combate en contra de la cibercriminalidad y la cooperación internacional en la atención de estos asuntos.

El día de hoy me incorporé nuevamente al despacho. Sin embargo, durante mi ausencia designé a un equipo de trabajo para que apoyara a los fiscales encargados del caso que se tramita por la sustracción de la niña y los eventuales ilícitos perpetrados en contra de su madre; también para que estudiara las actuaciones de los representantes del Ministerio Público, en las causas denunciadas en abril y en octubre del 2022, ante la Fiscalía Penal Juvenil de Cartago y la Fiscalía Adjunta de Cartago.

Después de recabarse los datos de los expedientes, con el ánimo de informar a la opinión pública lo que legalmente procediera, y actuando bajo el principio de transparencia, se elaboró un comunicado, donde erróneamente se generalizó que el Ministerio Público no había sido alertado por parte de ninguna institución sobre la sospecha de que una persona mayor de edad estaba involucrada con la agresión sexual a la adolescente madre.

No obstante, luego se constató que, efectivamente, en la denuncia sobre los hechos presentada por un funcionario del Ministerio de Educación Pública, el 27 de abril del 2022, se hace referencia que “(…) se sospechaba del padrastro de la estudiante”. 

Verificada esa lamentable falencia, y con el fin de que no se repita en ninguno de los procesos que se tramitan y se tramitarán en el Ministerio Público, de manera inmediata se tomaron medidas correctivas de acatamiento obligatorio de todo el personal fiscal, para que se cumpla rigurosamente con todos los protocolos de abordaje y atención de las víctimas de delitos sexuales, en resguardo de la integridad de estas personas.

En ese sentido, en el caso concreto, giré la instrucción de que se enrumbara la investigación en confirmar o descartar esa tesis, mediante la utilización de la prueba científica de ADN y cualquier otra que se considere oportuna. Además, ordené que la Inspección Fiscal investigue cuál fue la actuación de los representantes del Ministerio Público en cada una de las causas y así determinar si hubo negligencia en la atención de este asunto, que amerite la aplicación del régimen disciplinario.

Sabemos que no basta con encontrar el error, sino con que este no se repita. En ese sentido, instruí a los fiscales adjuntos para que cumplan e implementen estrictamente los protocolos de actuación que ya existen, con el fin de que se garantice un abordaje correcto, certero y oportuno, en cualquier lugar del país donde se presente un hecho similar, protegiendo los derechos fundamentales de las víctimas, principalmente los de las personas menores de edad.

Asimismo, he reiterado la necesidad de que las fiscalías adjuntas con responsabilidad en estas materias supervisen de manera especial y constante la tramitación de este tipo de casos e investigaciones, que involucran a poblaciones altamente vulnerables. Lo anterior, a efectos garantizar que las decisiones y las conclusiones fiscales sean oportunas y correctas.

La Fiscalía General reitera una vez más el compromiso absoluto en la investigación respecto a la lamentable desaparición de la menor de edad y las agresiones sexuales en contra de esta adolescente madre, así como de todos aquellos casos de esta naturaleza. No escatimaremos recursos hasta poder establecer las responsabilidades penales de la persona o personas que resulten involucradas.

Carlo Díaz Sánchez

Fiscal General de la República