- Causa dio origen a 22 expedientes paralelos.
Daniel Quesada A.
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19 de junio del 2019. Durante aproximadamente 20 meses, la Fiscalía General ha dirigido un minucioso proceso investigativo en relación con el caso conocido mediáticamente como el crédito del “cemento chino-BCR”, cuyo avance se evidencia en que, a la fecha, figuran como imputadas un total de 10 personas y se abrieron 22 causas penales paralelas al expediente principal (16-000013-0033-TP).
Una muestra del nivel de complejidad de los hechos que se mantienen en investigación, es que el 10 de setiembre del 2018, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Hacienda que el caso fuera declarado de tramitación compleja, al considerar que existen los presupuestos que establece el artículo 376 del Código Procesal Penal*. Dicho órgano autorizó el procedimiento el 4 de octubre del 2018 y, tras una apelación, confirmó esa resolución el día 31 de ese mismo mes.
La Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, agregó que “es un caso complejo, no solo por el número de imputados, sino por el tipo de hechos de corrupción que se investigan y porque involucra a los tres poderes de la República, por estar vinculados funcionarios y funcionarias que ocupan u ocuparon cargos en esas instancias”.
Avance. Esto ha hecho que el grupo de fiscales y fiscalas a cargo de la investigación haya tenido que solicitar una serie de diligencias, entre las cuales se encuentran cinco operativos con allanamientos en 14 sitios, 62 actas de apertura de evidencia, 18 actas de secuestro con su respectiva apertura y 69 entrevistas a testigos, entre otras actuaciones.
La causa se agrupa físicamente en 54 tomos, compuestos por 18.436 folios (páginas), estos se dividen en: 33 tomos de legajo de prueba, siete corresponden al legajo de medidas cautelares, nueve comprenden el legajo principal de investigación, dos tomos agrupan el legajo de informes de trazabilidad y los legajos de acción civil, de asistencia internacional y de entrevistas comprenden un tomo cada uno.
Por otra parte, se ha llevado a cabo diligencias que, por su nivel de especialización, implican una significativa inversión de tiempo, pues, tras ser autorizadas por el Juzgado Penal, deben ser realizadas, según sea el caso, por los auditores de la Sección de Delitos Económicos y expertos de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial.
Respectivamente, el personal de estas áreas debe analizar la información que se obtiene producto de las diligencias y rendir un dictamen, o bien, efectuar la apertura de dispositivos electrónicos y la posterior extracción o respaldo de los elementos de interés. El resultado de este trabajo es más de 50.000 archivos electrónicos extraídos y revisados, provenientes de los equipos decomisados.
Esfuerzos persisten. La Fiscala General destacó que la labor se ha mantenido e intensificado desde que se asumió la investigación del llamado mediáticamente “cementazo”, con pesquisas en numerosas entidades, públicas y privadas.
“La población puede tener seguridad y confianza de que el caso está bien atendido, adecuadamente abordado y tramitado y será resuelto con el requerimiento que corresponda, en el momento en que la primera fase de la investigación finalice; hemos tenido que trabajar día y noche para recuperar tiempo que se había perdido por la inacción del pasado”, precisó.
Las actuaciones propias del caso, además, han llevado a la participación del equipo a cargo de la investigación en 38 audiencias, 22 de estas ante el Juzgado Penal y 16 ante el Tribunal Penal, cuyos tiempos de desarrollo suman una duración total de 65 días.
Actualmente, la Fiscalía General se encuentra a la espera de recibir 10 de los 46 informes de trazabilidad que solicitó a la Sección de Delitos Económicos; en estos se analiza, de forma minuciosa y detallada, el destino de $36 millones que se habrían movido en devoluciones de dinero, presuntamente hechas en 46 transacciones.
Por otra parte, se está pendiente de obtener la información producto de diligencias efectuadas fueras del país y continúa el proceso de entrevistas a testigos.
*Código Procesal Penal
Procedimiento para asuntos de tramitación compleja
Artículo 376: Procedencia. Cuando la tramitación sea compleja a causa de la multiplicidad de los hechos, del elevado número de imputados o de víctimas o cuando se trate de causas relacionadas con la investigación de cualquier forma de delincuencia organizada, el tribunal, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar, por resolución fundada, la aplicación de las normas especiales previstas en este Título.
En la etapa de juicio, la decisión sólo podrá adoptarse en el momento en que se convoca a debate.
Cuando la aplicación del procedimiento complejo sea dispuesta durante las fases preparatoria o intermedia, no regirá la reducción del término de prescripción a la mitad, prevista en el artículo 33 de este Código.