- Dinero pasará a manos del Estado costarricense.
Tatiana Vargas Vindas
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23 de mayo del 2019. En un proceso de Capitales Emergentes denunciado por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del II Circuito Judicial de San José, falló conforme a lo solicitado por el Ministerio Público y ordenó la pérdida inmediata de ¢39.410.000,00 de colones y US$4.900,00, dinero relacionado con el exdiputado Otto Guevara, a favor del Estado Costarricense. La resolución fue notificada ayer.
El dinero fue decomisado el 23 de marzo del 2018, en un allanamiento que dirigió la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, cuando Guevara todavía era legislador y gozaba de inmunidad parlamentaria. El operativo se realizó en las oficinas de abogados Grupo Jurídico Especializado (GJE), en Los Yoses, como diligencia de investigación de la causa penal 18-000040-0033-PE, por el presunto delito de falsedad en la declaración jurada.
El dinero se encontraba en una caja fuerte ubicada en la planta baja del edificio, en el espacio físico asignado a Guevara. Al no existir, al momento de la diligencia, una justificación lícita para la tenencia del dinero, eso motivó el inmediato decomiso y la apertura de la causa penal 18-000066-033-PE, por el delito de legitimación de capitales.
El 09 de noviembre del 2018, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales inició un proceso especial de Capital Emergente, por no existir causa lícita aparente que legitimara la posesión y titularidad del dinero. La Fiscalía solicitó al mencionado juzgado que se declarara la pérdida definitiva del capital y que se asignara al Estado, concretamente al Instituto Costarricense sobre Drogas.
De acuerdo con la Fiscalía, tras la investigación y el análisis del caso, “se llega a la convicción que existe base suficiente para formular una hipótesis en el sentido que el dinero bajo examen carece de causa lícita que justifique su tenencia”.
Capitales emergentes es una figura que permite la Ley costarricense, mediante la cual, si el titular de los bienes o valores no logra justificar o demostrar la procedencia lícita, corresponde, previo un debido proceso jurisdiccional, la declaratoria de pérdida de los mismos a favor del Estado. La competencia del proceso le corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo. En los últimos 12 meses, la Fiscalía de Legitimación de Capitales ha analizado 16 casos en condiciones similares, de los cuales ha iniciado 11 procesos para que se declare la pérdida del patrimonio que fue incautado.