Tatiana Vargas Vindas
18 de mayo del 2020. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos informó que hoy inició el juicio del caso conocido popularmente como “CCSS-Synthes”. Desde esta mañana, las acusaciones están siendo leídas por la representación del Ministerio Público y constan de 624 hechos, la correspondiente al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, y 422 hechos, la del Hospital Max Peralta, por lo que se prevé que la lectura se prolongue durante varios días de esta semana.
En este caso, la Fiscalía acusó a tres personas: Lorenzo Castaño Suárez, representante de la empresa Synthes, quien, durante la fase de investigación eludió el proceso penal. Luego de ser detenido en Estados Unidos y deportado a nuestro país, el acusado llegó a Costa Rica el 02 de abril del 2019, y desde esa fecha cumple la medida cautelar de prisión preventiva. Además, Johan Masís Arrieta, vendedor de la empresa y exfuncionario del Hospital Max Peralta de Cartago, y Edwar Aguilar Alcócer, funcionario de Synthes vinculado a materia de ventas.
La Fiscalía acusó hechos ocurridos en ambos hospitales, entre el 2009 y el 2011, pero denunciados en el 2014. La investigación fue declarada de tramitación compleja.
Los delitos acusados son estafa mayor y tentativa de estafa mayor. En términos generales, la Fiscalía investigó una serie de facturas presentadas por la empresa de insumos ortopédicos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por materiales como placas, clavos, tornillos, alambres, agujas, pines, entre otros, que, supuestamente, habían sido utilizados en cirugías de pacientes. Sin embargo, durante el desarrollo de las pesquisas se determinó que se trataba de facturas que hacían referencia a personas que no habían sido operadas o que sí lo habían sido, pero en otra área hospitalaria y, consecuentemente, no habían requerido de dichos insumos.
De ambos centros de salud se extrajo una muestra de las facturas secuestradas. En el caso del Hospital Calderón Guardia se acusaron 68 facturas irregulares, algunas no pagadas por la CCSS, cuyo perjuicio económico fue valorado en $28.878, mientras que de las que sí fueron pagadas a la compañía se calculó un perjuicio de $61.991 (equivalentes a poco más de 14.700.000 y 33.916.000 de colones, respectivamente). Por hechos ocurridos en este hospital, se acusó a Castaño y a Aguilar.
En el caso del Max Peralta, bajo la misma modalidad, se acusó a Castaño y a Masís. Del muestreo se acusó un total de 60 facturas, las cuales habían sido pagadas por la Caja a la empresa. El perjuicio económico determinado, según la muestra, fue de $38.441 dólares, equivalentes a poco más de 19.666.000 colones.
Se estima que el juicio concluirá el 14 de agosto del 2020.