GRUPO CRIMINAL TRAÍA LICOR DE CONTRABANDO DESDE PANAMÁ Y LO COLOCABA EN NEGOCIOS DE LIMÓN Y ALAJUELA

• Entre los detenidos hay 20 oficiales de la Fuerza Pública, vinculados por presuntos actos de corrupción que habrían favorecido a la estructura criminal. 
• Licor, cigarrillos y etiquetas aparentemente falsas, entre los decomisos.

Tatiana Vargas Vindas 

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22 de setiembre del 2020. 31 personas fueron detenidas esta mañana como sospechosas de conformar un grupo criminal dedicado a vender en el país licor de contrabando proveniente de Panamá. Los imputados fueron capturados mediante 12 allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, en cinco casas y una bodega ubicadas en Limón, y en tres viviendas, dos licoreras y dos bodegas en Alajuela.  

De acuerdo con la investigación, al parecer, el grupo introducía a territorio nacional licor que adquiría en los Dutty Free ubicados al margen del Río Sixaola, en Panamá. Luego, los almacenaban en distintos lugares de Limón, que funcionaban como bodegas, y de ahí se coordinaba el traslado del producto a distintos negocios ubicados en Limón y Alajuela.  

En el avance de las pesquisas, realizadas de manera conjunta con el Organismo de Investigación Judicial, se identificó la participación de oficiales de la Fuerza Pública, quienes, presuntamente, avisaban al grupo cuando había un retén policial, para evitar ser descubiertos. Por esa razón, se les atribuyen los delitos de cohecho propio e incumplimiento de deberes. 

A las personas particulares que habrían creado la organización se les imputa el delito de contrabando agravado. Hasta el momento se ha logrado el decomiso de prueba importante, como cigarrillos y licor, así como dinero en efectivo y etiquetas aparentemente falsificadas para darle apariencia de legalidad al licor. 

A todos los detenidos se les tomará la declaración indagatoria en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, con sede en el I Circuito Judicial de San José. Una vez que finalicen las diligencias, se valorará la solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.