En Corcovado
- Acciones se realizaron la semana pasada con participación de Fiscalía, MINAE, OIJ y Ministerio de Seguridad.
Daniel Quesada A.
01 de junio del 2020. La persecución de los delitos contra el ambiente es una de las prioridades en la Política de Persecución Penal establecida por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio; esto se evidenció con la participación del Ministerio Público en un amplio operativo desarrollado la semana anterior en el Parque Nacional Corcovado y zonas cercanas a este.
El despliegue contó con la participación de la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública, y permitió la captura de 11 personas, sospechosas de cometer delitos en perjuicio del ambiente.
En las presuntas conductas detectadas se encuentran adquisición y procesamiento ilegal de productos forestales, cacería, portación ilegal de arma permitida y explotación ilegal de minería.
Las 11 personas ahora enfrentan causas penales en las que se les investiga por estos hechos; ocho de ellas fueron reseñadas y luego puestas en libertad, pues la baja penalidad que establecen estos delitos impide solicitar que se les imponga medidas cautelares, además de que se constató que no existían peligros procesales que justificaran hacer la petición. No obstante, continuarán vinculadas al proceso penal.
Los tres imputados restantes sí deberán cumplir una medida cautelar administrativa, que consiste en la prohibición de ingresar al Parque Nacional Corcovado; dicha restricción fue ordenada por el MINAE y comunicada a estas personas para su acatamiento.
Se trata de un hombre y una mujer, de apellidos Vásquez Cedeño y Navarrete Rojas, a quienes se les investiga por presunta explotación ilegal de minería, dentro del expediente 20-000233-1262-PE; la causa se tramita en la Fiscalía de Flagrancia de Corredores y tendrá su audiencia de continuación el 16 de junio próximo.
Por otra parte, un hombre identificado con los apellidos Mora Vargas, figura como imputado en la causa 20-000235-1262-PE; esta se encuentra a cargo del mencionado despacho, por la misma figura delictiva y tiene programada su audiencia de continuación para el 17 de junio próximo.
La Fiscalía Ambiental, con su rol de rectoría a nivel nacional, ejerce una función de seguimiento y coordinación para procurar el correcto abordaje y resolución de estas investigaciones por delitos ambientales.
Durante el año anterior, se registró un total de 2.291 causas ingresadas por este tipo de delincuencia; en los datos destacan la tala en zona de protección, invasión a un área de conservación o protección y explotación ilegal de material, como los tres delitos con mayor incidencia.