- MP creó manual de denuncias para la ciudadanía que, con solo una foto, puede reportar embarcaciones en actividades irregulares.
- Cada año ingresan entre 150 y 200 denuncias, la mayoría por delitos cometidos en la provincia de Puntarenas.
Daniel Quesada A.
10 de junio del 2020. Los recursos marinos, amenazados por problemáticas como la contaminación y el cambio climático, enfrentan actualmente otro mal: la pesca ilegal. Costa Rica no escapa a esa realidad y un ejemplo de ello es que, anualmente, ingresan al Ministerio Público entre 150 y 200 denuncias por delitos de dicha naturaleza.
El fiscal ambiental, Alejandro Alpízar Arrones, así lo hizo ver este lunes, durante su participación en el espacio FrecuenciaMP, trasmitido a las 9:00 de la mañana, por Columbia, 98.7 FM, y la página de Facebook del MP.
El especialista, que trabaja en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, afirmó que la provincia de Puntarenas agrupa la mayoría de estos casos, pues es la zona con mayor explotación pesquera, al tiempo que cuenta con presencia del Incopesca, en labores de vigilancia, del Servicio Nacional de Guardacostas y, además, un sector turístico fiscalizador y anuente a denunciar.
Alpízar explicó que “la pesca ilegal es cualquier tipo de actividad que no se ajuste a la normativa que establece la Ley de pesca y acuicultura, por ejemplo, lo más básico es que para poder realizar actividades de pesca se necesita una licencia; si una persona lo hace sin contar con ella, es un delito”.
Esta normativa establece cerca de 50 conductas calificadas como ilícitas y sus respectivas sanciones, algunas de ellas establecen multas calculadas a partir de un salario base, que actualmente es de ₡450.000; por lo que, en el caso más grave, puede llegar a un castigo de ₡34.000.000, equivalente a 80 salarios base.
También existen delitos como la descarga de aletas de tiburón que no vengan adheridas al cuerpo del animal, sancionado con seis meses a dos años de prisión; o la pesca utilizando sustancias tóxicas o explosivos, cuya pena podría llegar hasta un máximo de 10 años de cárcel.
Esfuerzos y denuncia. Con la consciencia de esta problemática, la Fiscalía Ambiental impulsó la creación de un Protocolo de actuación interinstitucional, que cobijó al Ministerio Público, Incopesca, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Organismo de Investigación Judicial.
“En el documento se establecen, por ejemplo, las directrices de cómo se van a investigar los delitos, qué pasará con los peces que se decomisen y que se le dará prioridad al proceso expedito de flagrancia, que da muy buenos resultados al perseguir estas conductas”, explicó el fiscal.
Paralelo a este instrumento, también se lanzó un manual de denuncias dirigido al público; en este se explica que con solo tomar una fotografía en la que se observe la matrícula de una embarcación que se sospecha esté pescando ilegalmente, cualquier persona puede presentar una denuncia; cuando esta llegue al MP, OIJ o Incopesca debe ser recibida, incluso de forma anónima, y sin importar que se desconozca quién es la persona que realiza la actividad.
El fiscal Ambiental agregó que existen distintos medios para denunciar, además de hacerlo ante las instituciones mencionadas, la ciudadanía puede dirigirse a la Fuerza Pública, MINAE o Guardacostas, o bien, llamar al 9.1.1., a la línea de denuncias ambientales 1192 o escribir al correo electrónico de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Problemática ambiental. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó en el 2018 que 59,6 millones de personas participan en el sector primario de la pesca de captura y la acuicultura, y de esta cifra, el 4 por ciento se ubica en América Latina y el Caribe.
Esa estadística revela la importancia de la actividad, pero al mismo tiempo permite tener una idea de su impacto en los recursos naturales; un efecto nocivo que se potencializa cuando la pesca se realiza de forma ilegal.
“En Costa Rica, implica que pesqueras extranjeras ingresen a nuestras aguas y se lleven los recursos, eso provoca que nuestros pescadores vean una merma en la cantidad de peces, que va disminuyendo año tras año, por lo que ellos, para poder mantener su actividad económica y mantener a sus familias, necesitan pescar cada vez más, lo que genera un efecto negativo en el recurso, pues compiten más por el poco que hay disponible”, subrayó Alpízar.
Usted puede escuchar el programa completo en este enlace: https://bit.ly/3f65W5t