- En primeros nueve meses del 2021 se recibieron 773 casos; datos se expusieron en rendición de cuentas de la FAPTA.
Mónica Álvarez P.
Comunicadora FAPTA
17 de diciembre del 2021. Cumpliendo con el mandato constitucional, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), ejerció el derecho de la ciudadanía de estar informados y rindió cuentas por primera vez del periodo 2017 al 2020, actividad que se desarrolló en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el 9 de diciembre anterior.
El acto inició con la presentación de la política de persecución penal de la FAPTA y sus ejes estratégicos, los cuales se encuentran descritos en la circular 13-ADM-2019; también se expuso sobre los lineamientos de aplicación de medidas alternas y temas relacionados con el talento humano, entre otros.
El fiscal adjunto II de la fiscalía anticorrupción, Carlos Meléndez Sequeira, en su intervención, se refirió a los ejes de Probidad y Transparencia, destacando que en una fiscalía que investiga hechos de corrupción y delitos contra los deberes de la función pública es necesario instaurar un régimen laboral basado en el deber de probidad. El funcionario indicó que, por la naturaleza de sus funciones, la FAPTA debe de ser apolítica, actuando de manera objetiva en la dirección de las investigaciones y en el ejercicio de la acción penal.
Meléndez también destacó el conflicto de interés, basándose en la circular 72-2019 de la Secretaría de la Corte, y la circular 20-ADM-2019 del Ministerio Público, ambas procuran regular, prevenir, identificar los conflictos de interés en la institución, con la finalidad de cumplir de manera proba con las funciones atribuidas por ley.
Otras de las temáticas presentadas por el jerarca de la FAPTA fueron control interno y seguimiento de riesgos, acceso a la información, gestión social, proyectos con ciudadanía, medios de comunicación e instituciones.
Eje anticorrupción. El fiscal adjunto I, Glenn Calvo Céspedes, destacó la cantidad de denuncias valoradas por el área de tamizaje de la Fiscalía, reflejando que, durante el 2019, se valoraron 420; 500 en el 2020, y, hasta noviembre del 2021, un total de 846.
Sobre los ejes estratégicos de persecución que concentran más casos complejos, Calvo Céspedes indicó que provienen de tres áreas: desarrollo de infraestructura; contratación de obra pública; telecomunicaciones y corrupción política, investigaciones que son consideradas como complejas. Un dato a destacar fue que al comparar la cantidad de casos entrados entre el 2017 y el 2020 se observó un aumento del 53%.
Según el Fiscal Adjunto, las acusaciones mostraron un incremento sostenido a partir del 2017, pues, respecto al 2018 se duplicó la cantidad de casos con este tipo de requerimiento, pasando de 38 a 71 acusaciones. Esa tendencia se mantuvo en el 2019, al lograrse un total de 100 requerimientos de acusación, 29 más que el año anterior. Respecto al 2021, la FAPTA confirmó que hasta el 30 de setiembre había 41 acusaciones formuladas.
Otros de los contenidos expuestos fueron relacionados con el tema de impugnaciones, el proyecto estratégico Modelo de Abordaje de Casos Penales de Corrupción y el grupo de trabajo para la atención de criminalidad organizada.
Relación con comunidades. Andrea Bermúdez Castillo, socióloga de la FAPTA, concluyó la rendición de cuentas resaltando que la corrupción y el crimen organizado trascienden fronteras, y que es necesario que existan acciones conjuntas, bajo estrategias regionales institucionales.
En el informe de rendición de cuentas se incluyeron algunos temas que, según el despacho, podrían tomarse en consideración para una estrategia regional, como impulsar el fortalecimiento de las fiscalías y Ministerios Públicos; identificar y revisar las normativas regionales con que se cuenta en los países para el combate a la corrupción, impulsar mecanismos regionales para la protección de personal fiscal y judicial; mejorar el intercambio de información regional relacionado con las mejores prácticas anticorrupción e impunidad a través de convenciones, grupos de trabajo, talleres, evaluaciones, entre otros y finalmente crear mecanismos para involucrar a la sociedad civil, que trabaja contra la corrupción, impunidad y a favor de la transparencia.
Según la FAPTA, con la rendición de cuentas se aspira a propiciar el empoderamiento de la población y su conocimiento de derechos, en relación con las herramientas que existen para hacer las denuncias y mantenerse activos como testigos en los procesos judiciales. También señaló que se pretende establecer canales de comunicación con la ciudadanía e identificar problemáticas que afectan la incidencia delictiva, lo cual retroalimenta la elaboración de políticas de persecución penal a nivel local y nacional.
Durante la tarde del 9 de diciembre, se presentó al personal de la Fiscalía Anticorrupción la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), cuyo instrumento establece áreas sensibles y prioritarias que recibirán un abordaje interinstitucional durante la próxima década. La estrategia tiene como objetivo establecer el marco estratégico de acción del Estado y del conjunto de actores de la sociedad, con horizonte claro, que haga énfasis en la prevención, la promoción de la ética y la creación de una cultura de legalidad que minimice los actos de corrupción. La estrategia fue expuesta por los desarrolladores del proyecto: Evelyn Villareal, Rafael León, Johana Alarcón, Carolina Muñoz y Armando López.
Ambas actividades se realizaron de manera presencial, respetando los protocolos estipulados por el Ministerio de Salud, sobre el aforo controlado, distanciamiento de 1.8 metros y el uso de la mascarilla, así mismo se utilizaron las herramientas virtuales como el Facebook Live del Poder Judicial, el Canal Judicial y Microsoft Teams, con la finalidad de que la información presentada abarcara a la mayor cantidad de personas.