18 de noviembre del 2021. La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó que ayer en la tarde finalizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de 25 personas vinculadas con el caso policialmente conocido como "Azteca", en el que se investigan delitos de tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
El Juzgado Penal de San José del I Circuito Judicial emitirá su resolución a la 1:30 p.m. de hoy, tras ocho días de audiencia.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva por el plazo de un año en contra de 13 personas, entre las que se incluye a tres funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y a uno del Banco Nacional. Estos imputados responden a los apellidos Montaño Mosquera, Camelo Méndez, Segura Aguilar, García Jr, López Cobo, Guillen Sánchez, Fernández Vargas, Espinoza Carazo, Ávila Cortés, Arias Cordero, Acuña Rojas, Araya Araya y Villalobos Zúñiga.
En el caso de los 12 funcionarios del AyA, se requirieron las medidas cautelares de suspensión del cargo, firmar una vez al mes e impedimento de salida del país. Los empleados públicos son de apellidos Torres Hernández, Araya Ly, Fonseca Hernández, Calvo Chaves, Aguilar Jiménez, Corrales Casanova, Vindas Romero, Cordero Barrantes, Mora Guevara, Balcázar Ramírez, Ramírez Marín y Ulate Montoya.
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, se investiga un presunto grupo criminal asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país, en apariencia dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas. Se cree que la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.
Para ello, se presume que funcionarios de AyA facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago.
La Fiscalía también confirmó que el grupo habría reclutado a un funcionario bancario, a efectos de que le colaborara a insertar en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas.
