Sharon Hernández Coto
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03 de junio del 2021. Costa Rica posee el 6% de la biodiversidad de todo el mundo, se han descubierto 19.000 especies y, sin duda, posee una gran riqueza arqueológica. Por esta razón, es que, lamentablemente, se ha convertido en un país proveedor para quienes lucran con los recursos ambientales.
Así lo explicó el fiscal adjunto ambiental, Luis Diego Hernández Araya, durante la charla "La delincuencia ambiental como crimen organizado", la cual se llevó a cabo este jueves 03 de junio, por medio de una transmisión en vivo, en el Facebook Ministerio Público de Costa Rica.
"En toda región donde exista una riqueza natural va a haber alertas de crimen organizado en materia ambiental. Estamos hablando de costas con un valor turístico en el mercado de bienes inmuebles, zonas donde existe oro y bosques", enfatizó el funcionario.
Según Hernández, de los países de Centroamérica y República Dominicana, nuestro Costa Rica se ha convertido en proveedor de especies de vida silvestre, que se pagan muy bien en mercados internacionales, por lo que se encuentra en el ojo de las organizaciones criminales que buscan incrementar sus bienes a costa de los recursos ambientales.
El fiscal añadió que los fenómenos más detectados, respecto al tema del crimen organizado ambiental, son el comercio internacional de vida silvestre, explotación de minería metálica, el tráfico de tierras y el trasiego de madera fina, como el cocobolo, así como la explotación de los mares.
"Puedo decir que un contenedor de cocobolo tiene un valor en el mercado nacional de $50.000 o $60.000. Sin embargo, en el mercado asiático, el cual es el principal oferente de esta especie, que está en peligro de extinción, cuesta de alrededor de $500.000", recalcó Hernández.
El expositor indicó que la ley establece que un caso puede tener declaratoria de crimen organizado solo cuando hay un grupo estructurado permanente, que comete uno o varios delitos, cuyas penas son de cuatro años o más.
En ese sentido, las penas establecidas para los delitos ambientales no permiten que este tipo de hechos sean declarados de crimen organizado, como tal.
"A pesar de esta situación, organismos internacionales, como Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que es un grupo que lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas; ha establecido que, el delito ambiental es una amenaza emergente, que ha tenido ganancias, en el tráfico ilegal y la extracción de vida silvestre, entre $110.000 y $285.000.000, solo en el 2018. Por eso es que Gafilat citó el delito ambiental como uno de los más lucrativos del mundo", recalcó el fiscal.
Por otra parte, el fiscal especializado indicó que, como parte del interés que tiene el Ministerio Público en proteger el medio ambiente, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, ha buscado la forma de aprovechar e invertir todos los recursos, dotando a la institución de más personal fiscal para la atención especializada de estos hechos.
Durante la actividad virtual, el funcionario también habló sobre la importancia de que la ciudadanía se involucre en este tipo de casos y denuncie ante las autoridades competente.
Si una persona conoce de algún hecho que podría ser delito ambiental, puede acudir a la Fiscalía, al Organismo de Investigación Judicial (línea confidencial 800-8000-645) o a la Fuerza Pública más cercana. También puede recurrir al Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la página web www.sitada.go.cr
Repase la charla aquí: https://www.facebook.com/381473962665288/videos/811658086135944
Video con declaraciones: Declaraciones Luis Diego Hernández Araya-Fiscal adjunto ambiental-03062021.mp4