- Contra 12 imputados pedirá otro tipo de medidas cautelares, para mantenerlos vinculados al proceso penal.
Tatiana Vargas Vindas
hvargasv@poder-judicial.go.cr
11 de noviembre del 2021. A las 8:30 a.m. se reanudó la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de 25 personas detenidas el pasado martes, como sospechosas de integrar una organización criminal dedicada a cometer varios delitos, como tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó que la audiencia dio inicio ayer en la tarde, en el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.
De los 25 imputados, el órgano fiscal confirmó que requerirá prisión preventiva en contra de 13 personas y otro tipo de medidas cautelares en contra de 12. Esto obedece a una valoración individual de los peligros y arraigos procesales con los que cuenta cada persona, así como de los delitos atribuidos.
En este momento, se mantienen bajo arresto los imputados a los que se les solicitará prisión preventiva; el resto se mantiene en libertad desde la noche del martes, con un citatorio para presentarse por los días en que se extienda la audiencia. Lo anterior, por el reducido espacio que existe en celdas judiciales y en virtud de que no se requerirán medidas privativas de libertad.
La detención de los imputados se logró mediante 37 allanamientos dirigidos por ese despacho del Ministerio Público y ejecutados con el Organismo de Investigación Judicial. Aunque inicialmente se detuvieron 26 personas, la Fiscalía dispuso la libertad de una de estas, de 83 años de edad, tras tomarle datos de identificación la noche del martes. Sin embargo, el adulto mayor continuará bajo investigación.
Investigación. De acuerdo con la Fiscalía, el grupo, en apariencia dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas, estaba asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país. Presuntamente, la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.
Para ello, se cree que funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA) facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago.
En apariencia, desde el 2019 lograron la adjudicación de al menos 16 contrataciones administrativas.
La Fiscalía también confirmó que el grupo habría reclutado a un funcionario bancario, a efectos de que le colaborara a insertar en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas.
El caso se investiga bajo el expediente 19-000129-0622-PE.
