GRUPO CUMPLIRÁ 112 AÑOS DE PRISIÓN POR OBLIGAR A PERSONAS A INTRODUCIR DROGA Y CELULARES A LA CÁRCEL

Sharon Hernández Coto

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  

  

03 de febrero del 2021. La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) demostró que dos hombres y dos mujeres son responsables de cometer los delitos de trata de personas con fines de servicios forzados y violación agravada. 

Ante la prueba presentada por este despacho, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José sentenció a Ana Cecilia Quirós Corrales a cuatro años de prisión por el delito de trata de personas, mientras que Jully Tatiana Madrigal Quirós, Jonathan Madrigal Quirós y Danny Alejandro López Padilla​, fueron condenados a 36 años de prisión, cada uno, por los delitos de trata de personas y violación. El por tanto se conoció el pasado viernes.

La Fiscalía acusó a estas personas por hechos ocasionados en perjuicio de un hombre y una mujer, sin embargo, el Tribunal solo los condenó por lo ocurrido en relación con el primero. Por esta razón, el Ministerio Público esperará la sentencia integral para analizarla y valorar si apela o no, lo correspondiente a las conductas en perjuicio de la ofendida.

El caso. De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre el 15 y el 24 de agosto del 2019, cuando los sentenciados conformaron un grupo que se dedicaba a captar personas mayores de edad que se encontraban en una condición de vulnerabilidad, ya que vivían en situación de calle, con problemas de adicción, sin redes de apoyo familiar y sin trabajo.

La FACTRA probó que los imputados engañaron al ofendido​, haciéndole creer que le daría trabajo, por lo que él accedió trasladarse hasta la casa de estos, en San José. El Ministerio Público acreditó que, en ese lugar, mantuvieron a la víctima privada de libertad y, bajo el uso de violencia, coacción y amenaza, la obligaban a introducirse celulares y droga por sus partes íntimas, lo que constituyó el delito de violación.

Este despacho demostró que los sujetos trasladaron al ofendido hasta el centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, donde, bajo amenazas, lo obligaron ​a ingresar con esos objetos, para que los entregaran a las personas privadas de libertad.