- En poco más de una semana, la Fiscalía Adjunta de Alajuela registra al menos 24 causas por este fenómeno.
- Fiscal Adjunto detalló las implicaciones de esta conducta y dio consejos para saber si le ofrecen una prueba no válida.
Daniel Quesada A.
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01 de marzo del 2021. Al menos 24 personas han sido detenidas, solo en la última semana, luego de que presentaron pruebas falsas de COVID-19 cuando se disponían a salir del país a través del aeropuerto Juan Santamaría; una conducta que, además de arruinar sus planes de viaje, puede configurar el delito de uso de documento falso.
Este lunes, en el programa del Ministerio Público, FrecuenciaMP, el fiscal adjunto de Alajuela, Alejandro Araya Vargas, explicó se ha presentado “una oleada” de este fenómeno, el cual ha involucrado en su mayoría a personas extranjeras y en menor número a costarricenses.
El funcionario relató que los casos han sido detectados por las autoridades de la terminal aérea y personal del Servicio de Vigilancia Aérea, producto de los estrictos controles que se establecieron a raíz de la pandemia y de que muchos países establecieron la obligatoriedad de la prueba de COVID-19 para ingresar a sus territorios.
“A través de una coordinación con el Ministerio de Salud y de esa institución con los laboratorios de los cuales vienen membretados los documentos de los test, hemos podido verificar que la prueba no salió de ese laboratorio o que nunca se recibió a la persona para la aplicación del examen”, apuntó.
Solución expedita. Las personas detenidas han sido procesadas mediante la modalidad expedita de flagrancia, por el delito de uso de documento falso; un tipo penal que se sanciona con penas que van de uno a seis años de prisión.
“Hemos logrado que se realicen informes policiales sumamente rápidos, con un contenido bastante concreto, la identificación plena de las partes y el conocimiento de cuál fue el mecanismo y la forma en que se dio el delito”, agregó Araya.
El fiscal afirmó que, una vez en la audiencia ante el Tribunal de Flagrancia, la mayoría de los casos se han resuelto con salidas alternas que evitan la realización de un juicio, como conciliaciones y suspensión del proceso a prueba.
En estos casos, dichas alternativas que establece la legislación permiten que la persona imputada repare el daño causado a raíz del delito, con la donación de insumos necesarios para organizaciones de bien social, que les ayudan a cumplir sus labores.
“Esto permite a las personas que han incurrido en esta delincuencia la oportunidad de enmendar su error, pero también la opción de, ahora sí, realizarse las pruebas de manera correcta para obtener el resultado y, en la mayoría de casos, regresar a su país de origen”, agregó.
El especialista explicó que han detectado casos de personas que, sin saberlo, acudieron a lugares no autorizados para la realización de las pruebas, ante lo que hace un llamado a informarse y pagar el servicio únicamente en los laboratorios avalados por el Ministerio de Salud.
FrecuenciaMP se transmite todos los lunes a las 9:00 a.m., a través de Radio Columbia; usted puede escuchar la última edición en este enlace.