SEIS MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EXSACERDOTE SOSPECHOSO DE DELITOS SEXUALES

07 de mayo del 2021. La Fiscalía Adjunta de Género consiguió que se ordenara seis meses de prisión preventiva en contra del exsacerdote de apellidos Víquez Lizano, quien llegó a Costa Rica ayer, luego de ser entregado en extradición por parte de la Fiscalía General de la República de México. 

La medida cautelar solicitada fue acogida por el Juzgado Penal de Desamparados, en una audiencia que inició a las 10:00 a.m. y finalizó a eso de las 4:30 p.m.

Uno de los argumentos que expuso la Fiscalía y que fue avalado por el Juzgado para ordenar la prisión preventiva, fue el hecho de que ninguna de las denuncias que se investiga se encuentra prescrita.

Incluso, la representación fiscal aportó evidencia de que las autoridades mexicanas dieron curso a la extradición de Víquez por la totalidad de los hechos con los que se le vincula, dentro de la causa 18-000854-0994-PE.

 

El imputado figura como sospechoso de cometer presuntos delitos sexuales en perjuicio de cuatro víctimas, quienes, aparentemente, para el momento de los hechos eran menores de edad. 

La extradición del imputado se consiguió como resultado de un arduo trabajo conjunto entre las autoridades costarricenses y mexicanas, con la coordinación de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI). 

Las diligencias para localizar y detener al sospechoso fueron dirigidas por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, hasta que, el 18 de agosto del 2019, se consiguió su captura en San Nicolás de los Garza, Monterrey, en el Estado de Nuevo León, al noroeste de la capital mexicana. 

La Fiscalía Adjunta de Género y la OATRI iniciaron los trámites para solicitar la extradición de Víquez Lizano; sin embargo, no fue sino hasta el pasado 08 de abril que la Cancillería mexicana puso al detenido a las órdenes de la Fiscalía General de ese país, luego de que se resolviera una serie de recursos legales interpuestos por el exsacerdote.  

La entrega del imputado a las autoridades costarricenses se realizó en el plazo de 60 días naturales que establece el tratado bilateral de extradición, el cual corre a partir de que el sospechoso fue puesto a la orden de los órganos competentes para ejecutar su entrega.