- Tras los hackeos a instituciones públicas, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen reitera la importancia de invertir en ciberseguridad, tanto en instituciones, empresas y personas particulares.
Daniel Quesada Artavia
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02 de mayo del 2022. A dos semanas de que instituciones públicas del país empezaron a ser víctimas de numerosos ataques cibernéticos, el tema se aborda desde el ámbito penal y se encuentra en marcha una investigación que, además de los fines propios de la persecución del delito, podría tener importantes alcances para hacer frente a situaciones futuras de la misma naturaleza.
Así lo analizaron el fiscal adjunto de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ramírez López, y Esteban Aguilar Vargas, fiscal de la Unidad de Cibercrimen de ese mismo despacho, quienes participaron este lunes en el programa del Ministerio Público, FrecuenciaMP.
“Estamos hablando de un sabotaje, de mecanismos muy avanzados a nivel tecnológico”, apuntó Ramírez al ser consultado acerca de cómo se define un ciberataque a diferencia de otra delincuencia informática que se observa con más frecuencia en Costa Rica.
El fiscal adjunto explicó que en un evento de hackeo podrían configurarse delitos como sabotaje y espionaje, entre otros, dependiendo de la forma en que se desarrollen los hechos.
Nueva realidad. Aguilar, por su parte, destacó que este escenario, que es nuevo en el país pero cada vez más común a nivel mundial, aumenta su complejidad al tratarse de redes criminales que están fuera de territorio nacional, que no tienen una cara física conocida y que, además, para su operación también recurren a otro elemento virtual: las criptomonedas.
El funcionario detalló que cuando estos cibercriminales toman el control de la información o las plataformas de una institución o empresa, es normal que soliciten pagar un rescate en moneda virtual.
“Por lo general, cuando hacen la gestión para solicitar un pago a cambio de regresar el control del sistema, suelen enviar desde el enlace donde se debe realizar la compra de las criptomonedas, hasta el sitio para crear la billetera virtual y cómo pagar el rescate”, afirmó.
“Desde el 2008, las criptomonedas llegaron para quedarse y han generado que las personas tengan mayor interés en ellas y los criminales también, debido a que se dificulta conocer quién es la persona que está detrás; entonces, cuando se hace un pago con bitcoin vamos a necesitar asistencia penal internacional para ubicar esa información.
Respuesta. El fiscal Ramírez subrayó que, para responder adecuadamente a ese nuevo contexto, el Ministerio Público ha apostado por la capacitación de fiscalas y fiscales de Cibercrimen, incluso a nivel internacional, de acuerdo con las tendencias de esa criminalidad.
“Hablamos de fiscales que tienen un perfil especializado, con conocimientos en informática y en cibercrimen y esa especialización tratamos de proyectarla al resto de personal fiscal del país”, dijo.
A su vez, Esteban Aguilar recordó que la prevención es el elemento clave para evitar que, ante un ciberataque, las consecuencias sean graves, lo cual aplica a entidades públicas, empresas y personas particulares, puesto que la virtualidad expone a todas por igual.
“Se debe empezar por reconocer las falencias que la organización tiene; lo siguiente es invertir en ciberseguridad, buscar a compañías dedicadas a eso e implementar servicios de protección y seguridad, contraseñas más complejas, cambiarlas constantemente, revisar el sistema para eliminar usuarios que ya no existen, y, muy importante, reportar incidentes al Ministerio de Ciencia y Tecnología”, aseguró.
Usted puede escuchar la edición completa de FrecuenciaMP en este enlace. El programa se transmite los lunes, a las 11:00 a.m., en Radio Columbia, 98.7 FM, y la página de Facebook: Ministerio Público de Costa Rica.