- Uno de ellos permanecerá en prisión preventiva, mientras que el otro tendrá medidas alternas.
Daniel Quesada Artavia
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
19 de diciembre del 2022. En una audiencia realizada el viernes pasado, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial consiguió que el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José impusiera medidas cautelares contra dos sospechosos de presunta legitimación de capitales.
Se trata de los imputados de apellidos Morales Vega y Molina Ávila; el primero cumplirá prisión preventiva por tres meses, mientras que Molina tendrá impedimento de salida del país y deberá firmar cada 15 días, entregar el pasaporte y mantener un domicilio fijo.
Los hombres fueron detenidos el jueves, durante allanamientos a cuatro viviendas, realizados en conjunto con las secciones de Cibercrimen y de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial.
En apariencia, los hechos delictivos se habrían dado como consecuencia del secuestro extorsivo con resultado de muerte del que fue víctima el empresario estadounidense William Creighton Kopko, quien fue secuestrado por un grupo criminal liderado presuntamente por un hermano del imputado, también de apellidos Morales Vega, en setiembre del 2018.
Este caso se investigó dentro de la causa 18-027579-0042-PE, en la que se condenó a las personas responsables y se estableció que la familia de la víctima recibió varias demandas extorsivas de parte de los sospechosos, tras lo cual accedieron al pago de lo solicitado, que consistió en la transferencia de un monto de 148 bitcoins (monedas virtuales, que de acuerdo con el tipo de cambio en la fecha del pago ascendió a un aproximado de un millón de dólares).
Supuestamente, Morales y Molina actuaron de la mano con el grupo criminal sentenciado y procedieron a legitimar capitales al recibir criptomonedas en monederos virtuales controlados por ellos, con la intención de ocultar y encubrir parte de los activos recibidos producto del pago para el rescate del ofendido.
En las acciones operativas de la semana pasada se consiguió, además, el decomiso de equipos electrónicos y documentación relevante para la investigación, la cual se desarrolla dentro del expediente 21-000001-1322-PE.