- Fiscalía advierte que esta usual práctica se persigue y tiene consecuencias penales.
Tatiana Vargas Vindas
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08 de setiembre del 2023. Dos hombres deberán descontar cinco años de prisión, cada uno, luego de ser declarados responsables de cometer el delito de estafa informática. La Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público demostró que ambos facilitaron sus cuentas a delincuentes que engañaron a dos mujeres para saquear dinero que tenían depositado en el banco.
Se trata de Angulo Reyes y Cortés Vega, quienes, según la Fiscalía, fueron contactados por personas desconocidas para solicitarles que prestaran sus cuentas para recibir fondos. Luego, se comprobó que los estafadores, aún sin identificar, llamaron a las víctimas y se hicieron pasar por compradores de artículos que estas tenían en venta; enlazaron la llamada con un falso funcionario y, ellas, confiando en que estaban en contacto con personas honestas, brindaron información sensible de sus cuentas bancarias.
De esta manera, los delincuentes transfirieron el dinero a las cuentas destino de los sentenciados y estos procedieron a retirarlo de cajeros automáticos, para después entregarlo a las organizaciones criminales a cambio de un reconocimiento económico.
A una de las víctimas le sustrajeron ₡900,000 y a la otra ₡4,200,000.
Esteban Aguilar, fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen, quien representó al Ministerio Público en el juicio, señaló que, una vez que los estafadores obtuvieron datos sensibles de parte de las víctimas, “ingresaron a la cuenta de las ofendidas y realizaron transacciones a las cuentas destino facilitadas por los acusados y, de forma muy rápida, estos últimos se presentan a retirar el dinero. Es muy probable que a lo interno de la organización se distribuyan la ganancia que obtuvieron mediante los acusados”.
La Unidad de Cibercrimen enfatizó en que este caso es una muestra de que este tipo de prácticas, a las que a veces las personas restan importancia, tienen consecuencias penales.
El juicio se desarrolló entre el 20 de agosto y el 1 de setiembre, en el Tribunal Penal Primer Circuito Judicial de San José. El caso se investigó bajo el expediente 16-000817-0060-PE.