- Se recaudó más de 8 millones de colones y un millón de dólares.
Sharon Hernández Coto
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20 de abril del 2023. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró que se declarara la pérdida de dinero y bienes a favor del Estado, en tres procesos de capitales emergentes interpuestos por el despacho, ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Uno de los casos corresponde al expediente 22-001835-1028-CA, en el que, en setiembre del 2021, la Fiscalía inició una investigación en contra de una sociedad, representada por una persona de apellido Alvarado. En ese momento, se denunció la compra con dinero en efectivo de una finca en Alajuela.
Otro proceso es el de la causa 22-001833-1028-CA, la cual inició luego de que, el 30 de marzo del 2020, oficiales de Fuerza Pública de Guácimo, en Limón, abordaran a una persona de apellido Corea. Tras la inspección, la policía detectó que viajaba con nueve bolsas plásticas, en las que se ubicó ¢8.100.000 (ocho millones cien mil colones).
El tercer proceso es el del expediente 21-002295-1028-CA, seguido contra tres personas de apellidos Morera, Moiño y Jiménez. La causa inició luego de que se informara sobre operaciones sospechosas en un banco, sin embargo, no se justificó la procedencia de $1.315.569 (un millón trescientos quince mil quinientos sesenta y nueve dólares).
Capitales emergentes. Esta figura pretende perseguir aquellos bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas; es decir, no tiene como objetivo juzgar personas ni lograr condenas penales.
La Ley otorga al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y al Ministerio de Hacienda la potestad de denunciar estos incrementos de capitales que carecen de una causa lícita aparente.
De esta forma, las instituciones mencionadas deberán presentar ante el Juzgado Contencioso Administrativo las pruebas que sustenten su denuncia, al tiempo que la persona física o jurídica que ostenta los bienes tendrá la oportunidad de justificar ante dicha instancia el origen de estos.
Si no se demuestra la licitud del patrimonio, el Juzgado declarará la pérdida de este en favor del Estado, con lo que los bienes o valores se entregarán al ICD en depósito judicial y este se encargará de administrarlos.