Sharon Hernández Coto
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27 de setiembre del 2023. La Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público dirigió 14 allanamientos y ordenó la detención de 30 personas, quienes habrían conformado una organización criminal, la cual figura como sospechosa de legitimar capitales, con el delito precedente de estafa.
Los operativos se encuentran en desarrollo en las localidades de Pavas, Santa Ana, Ciudad Colón, Escazú, Tibás, Curridabat, Aserrí, Heredia y La Unión. Estos se ejecutan en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de las diligencias correspondientes a la causa 20-024482-0042-PE.
Las personas detenidas son de apellidos Fonseca Krone, Vindas Badilla (mujer), Sánchez Murillo, Zavaleta Fallas, Calvo Quirós, Hannigan, Brenes Poulos, Brenes Artavia, Aguirre Jr, Paniagua Rojas, Chacón Krone, Chaves Dubón, Chaves Zeledón, Santana Artavia, Guevara Rodríguez, Rivas Baltodano, Kaine Hidalgo, Williams Mowse, Arias Guzmán, Coto Cortés, Poveda Acuña, Méndez Bolaños, Seaward Hardy, Hanson Welky (mujer), Hermogenes Hanson, Díaz Quesada, Campos Chanto, Murillo Desanti, Lynn Griddin y Rivas Baltodano.
Los sospechosos permanecen a las órdenes del Ministerio Público, donde se les tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se procederá a valorar lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares.
El caso. De acuerdo con la prueba recabada hasta ahora, este grupo habría operado entre julio del 2019 y setiembre del 2023. Según informó la Oficina Federal de Investigación (FBI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del OIJ, estas personas habrían estado cometiendo una serie de actividades delictivas de carácter transfronterizo.
Se cree que los sospechosos instalaron centros de llamadas en Costa Rica y, de esa manera, se habrían dedicado a cometer estafas, en perjuicio de ciudadanos estadounidenses, principalmente personas adultas mayores.
En apariencia, las llamadas las realizaban por medio de internet, ya que de esa forma podían enmascarar el número telefónico, para hacer creer a las víctimas que estaban siendo contactadas por entidades gubernamentales de Estados Unidos o empresas promocionales. Una vez que se ganaban la confianza de los ofendido, se presume que los imputados mentían indicándoles que habían sido ganadores de premios de lotería o algún sorteo.
Al parecer, los imputados engañaban a las víctimas diciéndoles que, para tener acceso a los premios, debían cancelar rubros correspondientes a impuestos de ley. De esa manera, se presume que, por medio del engaño, la organización habría causado pérdidas mayores a $1.000.000.
Según la información manejada hasta este momento, la organización también se dedicó a legitimar las ganancias ilícitas, ya que, presuntamente, declararon falsamente que los recursos eran obtenidos por ventas o servicios prestados en Estados Unidos, por lo que conseguía introducir esos dineros al sistema bancario nacional.