Operación conjunta:
- Se confirma la detención de cinco personas, cuatro de ellas son mujeres que se hacían pasar por monjas.
- En las diligencias participan tres fiscalías del Ministerio Público; OIJ; PANI; CONAPDIS y tres hospitales del Estado.
05 de marzo del 2024. Nueve entidades públicas participan esta mañana en tres allanamientos en los que se busca evidencia para incorporar en una investigación contra cinco personas de la Fundación Manos Abiertas, a quienes se les atribuyen cargos por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.
Se trata de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) y tres hospitales: Nacional de Niños, Alajuela y Cartago.
Los allanamientos se ejecutan en la casa de uno de los investigados y en las sedes de la organización, en Alajuela y Cartago. Durante los operativos, el Ministerio Público ordenó la detención de cinco personas, cuatro de ellas son mujeres que se hacían pasar por monjas.
En el transcurso del día, se les tomará la declaración indagatoria; posteriormente, se valorará la necesidad particular de solicitar medidas cautelares para mantenerlos vinculados al proceso penal.
Las diligencias también incluyeron la atención especializada de personas menores de edad y con discapacidad, que estaban en las dos oficinas de la fundación. Esta intervención fue posible gracias a la Sección Clínica Forense del OIJ, en coordinación con los tres hospitales públicos, a efectos de proteger el derecho a la salud y evitar mayor revictimización.
Según detalló el órgano fiscal, a pesar de que los sospechosos no trabajan para el sector público, les aplica la norma de sujetos equiparados a la función pública, debido a que, en sus desempeños, trabajan con fondos del Estado.
La fundación opera como una organización sin fines de lucro que presta servicio a personas con necesidades especiales, físicas e intelectuales.
Investigación. En el expediente penal se investiga al grupo de personas que al parecer se ha dedicado a cometer delitos de corrupción para sustraer y desviar dinero público, en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos. Presuntamente, los sospechosos le dieron apariencia de legitimidad a esos fondos, a pesar de que conocían que su origen era producto de actividades ilícitas.
Otra importante línea de investigación tiene relación con supuestos actos de tortura en contra las personas menores de edad que los imputados tenían a su cargo en la fundación y que, al parecer, propiciaron deterioro de la salud e integridad física de estas, ya que eran atendidas por personal de enfermería y medicina que no contaba con los conocimientos necesarios.
Según las fiscalías, también se investiga la aparente explotación laboral en perjuicio de personas que eran reclutadas para trabajar en la organización, puesto que las hacían firmar contratos fraudulentos y no recibían salario, pago de horas extra o vacaciones.
En los operativos, el Ministerio Público y el OIJ buscan prueba documental, equipo electrónico e indicios relevantes para el proceso 23-00001-1869-PE.
A nivel administrativo, la Fundación será intervenida y quedará bajo la dirección del PANI y CONAPDIS.